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La Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE) manifestó su apoyo al magistrado Sergio Moro, responsable de la grabaciones telefónicas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su sucesora, Dilma Rousseff, y de la divulgación de los polémicos audios.
«Manifestamos nuestro total apoyo a la independencia judicial del juez federal Sergio Moro y de todos los magistrados federales que actúan en los procesos de la Operación Lava Jato», afirma un manifiesto publicado por la AJUFE, que se refiere a la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
Sin citar a ninguna autoridad en concreto, los jueces rechazaron que ocurran «retrocesos» en la independencia del Poder Judicial «por medio de intimidaciones».
El Gobierno brasileño ha anunciado que tomará medidas legales contra el juez Moro por la divulgación de esas grabaciones, lo que considera «ilegal».
«Estamos vigilantes y atentos a las tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales por otros medios que no sean los establecidos en el orden jurídico y rechazamos con vehemencia cualquier amenaza dirigida a miembros del Poder Judiciario», agregó el manifiesto.
En la ceremonia en la que juramentó hoy a Lula como ministro de la Presidencia, Rousseff expresó su «repudio total e integral» a la divulgación de las grabaciones que parecen sugerir unas maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro.
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En ese audio, grabado este miércoles, tras el nombramiento de Lula, se escucha a Rousseff cuando dice que le enviará documentos que lo acreditan como ministro, aunque aún no había asumido, para que los usara «en caso de necesidad».
La oposición interpretó esas palabras como un intento de Rousseff por impedir la posibilidad de que Lula fuera arrestado antes de su asumir su condición de ministro, que le ha dado fuero privilegiado ante los tribunales.
Lula ha sido acusado formalmente de los supuestos delitos de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos y la fiscalía solicitó su prisión preventiva.
El juez Moro, responsable de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras, también conocido como «Operación Lava Jato», también dio la orden de interrogar a Lula en una comisaría el pasado 4 de marzo.
Rousseff calificó de «ilegal» tanto la grabación como la difusión de las conversaciones y aseguró que todo el asunto será investigado para saber «quién lo autorizó, por qué lo autorizó y por qué lo divulgó», cuando no tenía «nada que pueda levantar sospechas».
Después del nombramiento de Lula como ministro, el juez Moro cedió el caso al Tribunal Supremo, en función del aforamiento que ganó Lula por su nuevo cargo.
El nombramiento fue suspendido hoy de forma cautelar, apenas unos minutos después de la toma de posesión, por decisión de un juez de Brasilia.
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