Óscar Iván Zuluaga, presidente del partido Centro Democrático, se encuentra fuera del país.
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Este miércoles viajó a Estados Unidos para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares por la detención de Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que considera una «persecución política».
Zuluaga dijo en su cuenta de Twitter que presentará en Washington, sede de la CIDH, «solicitud de medidas cautelares» por «persecución política y judicial contra Santiago Uribe», detenido la semana pasada por presuntos vínculos con grupos paramilitares y los delitos de homicidio y concierto para delinquir.
Vea también: Video: Uribe dice que su hermano es “un preso político”
El viaje de Zuluaga se produce una semana después de que la bancada de congresistas del Centro Democrático se manifestara frente a la sede de la Presidencia de Colombia contra la detención del hermano del expresidente, que han definido como «una persecución política» por ser de oposición al Gobierno.
El viaje también ha despertado suspicacias (pese a que estaba programado hace un par de semanas) por el hecho de que el expresidente Uribe ha insistido en que la Fiscalía preparaba la captura de Zuluaga, por lo que se presume que el líder del Centro Democrático salió del país para evitar la detención. Esta versión, no obstante, ha sido negada.
El pedido
El abogado que representa al Centro Democrático, Víctor Mosquera, fue el encargado de solicitar oficialmente las medidas cautelares ante la CIDH.
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«Lo que queremos es que -Santiago Uribe– pueda defenderse en libertad, ya que lleva 20 años esperando a que se le resuelva su situación jurídica y quien determinó esta detención arbitraria fue la Fiscalía y no un juez de la República», explicó Mosquera a los periodistas antes de entregar la solicitud en la CIDH.
«El plazo para resolver la situación jurídica es de 10 días y se han demorado 20 años y justo después de insistir en que le resuelvan (el caso) lo detienen arbitrariamente contrariando todas las disposiciones del derecho penal», agregó el abogado.
Para Mosquera, las medidas cautelares de la CIDH son «urgentes» al considerar que «la detención arbitraria vulnera su derecho a la integridad personal, su libertad y sus garantías judiciales».
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