La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Gobierno colombiano rindió cuentas de su gestión en municipios del departamento de Bolívar (norte), en medio de algunas quejas de sus habitantes, que han sido fuertemente afectados por la violencia guerrillera y paramilitar.
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El organismo estatal ha puesto en marcha en distintos puntos del país varias iniciativas que buscan optimizar los bienes entregados por desmovilizados para reparar a las víctimas del conflicto, además de generar empleo y recursos para estas personas.
Un ejemplo es el predio de 1.200 hectáreas ubicado en el corregimiento de Monterrey, entregado por el desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Pérez, alias «Julián Bolívar», con el fin de reparar a las víctimas.
Según la entidad, este terreno, donde hay sembradas 877 hectáreas de palma de aceite, dejó unos beneficios netos de 1.518 millones de pesos (unos 480.000 dólares) en 2015.
En opinión de la directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas, María Eugenia Morales, la finca Vistahermosa que el organismo administra «ha pasado del manejo de la ilegalidad al Estado social de derecho».
La funcionaria agregó que las ganancias generadas se invierten para reparar a las víctimas del conflicto armado que se prolonga por más de cinco décadas en el país y que ha dejado más de siete millones de afectados.
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La cooperativa Coproagrosur, formada por víctimas de la violencia, especialmente mujeres cabeza de familia, y actores armados desmovilizados, es la encargada de trabajar el predio, en el cual se desarrollan proyectos como el cultivo de maíz, tomate, cilantro y moringa, una planta medicinal.
«Adicional se les dará una semilla de búfalos para que desarrollen una cadena» en donde produzcan leche y queso, añadió Morales, quien destacó que la convivencia entre víctimas y victimarios «no ha sido fácil» porque hay tensiones, pero que al fin y al cabo el objetivo es reconstruir el tejido social y la confianza entre quienes lo conforman.
Pese a las voces que destacan el proyecto y sus logros, algunos líderes de la región reclaman el hecho de que parte de los dividendos obtenidos no se hayan invertido en vías, colegios, centros de salud y puentes, entre otros.
Según las cuentas de la Unidad para las Víctimas, a la plantación de palma le quedan 10 años de buena producción y González se pregunta qué pasará con la gente de la región cuando eso se acabe.
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