Lo otros uniformados en líos por los desaparecidos de Palacio

Son varios los militares y policías en retiro que respondieron o aún responden ante la justicia por lo ocurrido en noviembre de 1985.

Por PUBLIMETRO

Tras la decisión histórica de absolver al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, tomada por la Corte Suprema de Justicia, se espera que el entonces comandante de la Escuela de Caballería de la Policía recupere definitivamente su libertad en los próximos días.

Sin embargo, con esto no se cierra el episodio de los uniformados –militares y policías– que se vieron envueltos en la retoma, pues hay varios que aún siguen en líos con la justicia.

El caso más sonado es el del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, a quien se le ratificó –en octubre de 2014– la condena de 35 años por la desaparición de cinco personas tras lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Estos son otros de los uniformados que son investigados por lo ocurrido:

Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano
Ex comandante de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército que participó en la retoma del Palacio. Fue destituido el 28 de septiembre de 1990 por su participación en la desaparición de la guerrillera Irma Franco. El 30 de octubre de 2008 se le concedió la libertad, junto al oficial Óscar William Vásquez y a tres suboficiales del Ejército, quienes en ese momento estaban detenidos a la espera de ser juzgados. En 2009 se reanudó y aún se está a la espera de una decisión de fondo.

Mayor (r) Óscar William Vásquez
Vásquez fue detenido en febrero de 2007, pero, por vencimiento de términos recobró su libertad ocho meses después. Era el hombre de confianza del coronel (r) Sánchez Rubiano durante la época de los hechos y habría llevado a los hoy desaparecidos del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, último lugar en el que fueron vistos con vida.

General (r) de la Policía Gustavo Socha Salamanca
Vinculado a la investigación por el caso de la Toma del Palacio de Justicia por su presunta responsabilidad en la inhumación de diez cadáveres en una fosa común, casi un mes después de la operación. La vinculación se produjo debido a que los familiares de Cristina Guarín, una de las desaparecidas durante el Holocausto, señalaron que tenían documentos expedidos en el Tribunal Superior de Cundinamarca en 1993, en los cuales, el Sargento de la Policía Aarón Alarcón Sepúlveda dijo haber recibido supuestamente órdenes de Socha para la inhumación de los cuerpos.

General (r) Iván Ramírez
Fue llamado a juicio en julio de 2007 por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada. De acuerdo con la Fiscalía “se probó en estas diligencias que rehenes liberados fueron sometidos a un procedimiento especial que implicó su segregación del grueso de personas, primero mediante su desplazamiento al segundo piso de La Casona y después ordenando su conducción al batallón Charry Solano y a otras dependencias militares y de policía”.

Además de esto, el Estado colombiano ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2014, por la toma y retoma del Palacio.

La Corte encontró que el Estado es responsable de las 11 desapariciones forzadas tras la toma que hizo la guerrilla del M-19, es decir,   Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.

Así mismo, el organismo internacional encontró que el Estado tiene responsabilidad de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas.

Encuentre más información de Colombia aquí

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo