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Gobierno dice ‘no’ a zonas especiales para la paz pedidas por las Farc

Delito conexo
Niegan extradición

Este martes se conoció que el Gobierno negó una solicitud de extradición de un miembro de las Farc interpuesta por Estados Unidos, mediante una resolución de la Presidencia.

El texto, firmado por el ministro de Justicia Yesid Reyes, niega la extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael,   pedido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de «concierto para delinquir agravado» y «tráfico de estupefacientes».

En su argumentación, la resolución hace referencia al proceso de paz de La Habana y señala que «el ciudadano ha sido condenado por delitos políticos en su condición de militante de las Farc-EP  (…) hace que en esta oportunidad se replantee la decisión que en su momento adoptó el Gobierno Nacional en la que concedió su extradición».

Carvajal, jefe financiero del frente 10 de las Farc  que opera en la frontera con Venezuela, era requerido desde el 28 de febrero 2013 por ese tribunal de Nueva York y actualmente cumple en Colombia tres condenas por delitos de rebelión.

Los negociadores del Gobierno rechazaron este martes las propuestas de las Farc sobre la creación de territorios especiales de paz y cambios en la doctrina de la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, planteamientos que, según la delegación oficial, solo están en el «imaginario» de la guerrilla.

«No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. Nuestra Constitución no es para reemplazarla en la Mesa (de negociación). Al contrario, en ella se habla de una Colombia única e indivisible. Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada, no hace parte de nuestro imaginario», indicó el general Jorge Enrique Mora, uno de los negociadores del Gobierno, en una declaración ante los medios en La Habana.

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En los últimos días, la delegación de paz de las Farc ha anunciado en La Habana diversas propuestas en torno al punto sobre el fin del conflicto, entre ellas la creación de zonas especiales de paz (denominadas Terrepaz) en las que se concentraría a los combatientes desmovilizados una vez se firme el acuerdo final para la terminación del conflicto.

La guerrilla quiere que esos territorios tengan un «régimen especial y extraordinario» bajo una regulación «específica» para la «organización política, económica y social», que será además «participativa, autogestionaria y comunitaria», y permitirá llevar a cabo las «acciones reparativas en desarrollo de la justicia restaurativa».

Pero, para el Gobierno, esos territorios «hacen parte únicamente del imaginario de las FARC», advirtió el general Mora, quien defendió una Colombia «con un futuro de fortaleza, superación y bienestar».

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«Dividirnos, ¡imposible!. Esta misión no la hemos recibido, y por lo tanto no hace parte ni remotamente de nuestro comportamiento», insistió el negociador del Gobierno.

Fuerzas Militares
El general Mora también reprobó las últimas propuestas de la guerrilla relativas a la transformación de la doctrina de seguridad nacional y la reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía «en fuerzas para la construcción de la paz», incluyendo modificaciones en el tamaño, estructura y asignación de gasto público de las fuerzas de seguridad.

«Las Farc deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y presupuestos, al tamaño de las Fuerzas Armadas, tampoco a su organización. Como equipo no lo vamos hacer y las instrucciones que hemos recibido del Presidente de la República han sido claras y precisas», advirtió Mora.

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Añadió que «los extensos y diarios comunicados de los últimos días cargados de temas, propuestas y mensajes relacionados con las Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional, simplemente reflejan aspiraciones de las FARC que no tienen futuro».

Las delegaciones de paz del Gobierno y la guerrilla prosiguen en La Habana sus conversaciones de paz centradas actualmente en la búsqueda de un acuerdo definitivo sobre la justicia transicional que se aplicará a los responsables del conflicto y pendientes también de cerrar el punto relativo a las víctimas.

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