Eln violó el DIH en masacre perpetrada en Boyacá

En Bogotá inició la identificación de los uniformados asesinados por la guerrilla, mientras se exige la libertad de los dos soldados secuestrados.

Por Giovanny Serrano
Fiscalía presentó resultados
Investigación de Springer

El fiscal General Eduardo Montealegre, con acompañamiento del equipo técnico de la firma de Natalia Springer, Springer Consulting, presentaron este miércoles ante el Diálogo Interamericano en Washington (Estados Unidos) los resultados de una macroinvestigación realizada sobre crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos al Eln entre 1986 y 2014, específicamente contra la infraestructura petrolera.

Algunas de las conclusiones fueron:

1. En 28 años fueron cometidos 1.317 atentados contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas equivalentes a 1 semanal. El oleoducto tiene 776 kilómetros de longitud y atraviesa siete departamentos y 37 municipios.

2. Se han derramado sobre 42 ecosistemas de especial significancia ambiental 151 millones de galones de petróleo. Un camión cisterna transporta entre 225 y 240 barriles de petróleo, lo que significa que se ha vertido sobre áreas frágiles para el ecosistema la carga de 16.000 carrotanques.

3. El costo económico por el daño ambiental supera los US$ 42 mil millones.

4. Por los ataques el oleoducto dejó de operar 3.701 días, equivalentes a mas de 10 años.

5. Según muestras tomadas en terreno, los ecosistemas no se han recuperado totalmente de los primeros ataques perpetrados algunos de ellos cometidos hace 28 años.

Tras la masacre perpetrada por la guerrilla del Eln en zona rural de Güicán (Boyacá) que dejó como resultado 11 militares y un policía muertos, así como el secuestro de dos soldados, se ha abierto un debate en torno a si se deben o no continuar los diálogos de paz con esa organización, lo cuales se encuentran aún en fase exploratoria.

Una de las voces más fuertes en ese sentido ha sido la del procurador Alejandro Ordóñez, quien pidió suspender las conversaciones hasta que el Eln se comprometa a no realizar “actos de barbarie” como el ocurrido el pasado lunes.

Sin embargo, ni el Gobierno Nacional ni las personas a cargo de la señala fase exploratoria se han pronunciado al respecto.

Por ahora, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solo han ordenado intensificar las operaciones militares para dar con los responsables del ataque.

Entre tanto, se espera la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), pues, como ya lo indicó el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, en la emboscada, el Eln violó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al menos por cuatro situaciones.

Según han dado a conocer las Fuerzas Militares, dentro de esas violaciones al DIH se encuentra el uso de tiros de gracia para ejecutar a al menos ocho de las 12 víctimas, lo cual está prohibido por la Convención de Ginebra.

Del mismo modo, según ha explicado Villegas, hubo uso desmedido de la fuerza, así como uso de viviendas civiles. Desde estas, los guerrilleros emboscaron a los uniformados cuando estaban descansando.

Además, las autoridades comprobaron el uso de tatucos, es decir, armas no convencionales, las cuales también están prohibidas por el DIH pues son artefactos a los que es muy difícil controlarles la dirección.

Minas antipersona
El Eln, además, puso minas alrededor de los cuerpos de los 12 uniformados que murieron en la emboscada, según el ministro de Defensa.

“Fue muy difícil retirar los cuerpos de nuestros soldados muertos porque a cada muerto se le rodeó de minas antipersona, con el fin de que quienes iban a hacer la labor humanitaria de recogerlos también perecieran” aseguró Villegas al calificar esta acción como “crímenes de guerra”.

Del mismo modo, el ministro confirmó las identidades de los dos soldados secuestrados: Andrés Felipe Pérez y Antonio Rodríguez Clayder, que inicialmente habían sido dados por desaparecidos junto con otras personas.

Villegas responsabilizó al Eln de “la vida y la integridad” de los dos soldados así como de “su regreso al seno” de sus familias, al exigir su liberación inmediata.

Entre tanto, se informó que en las instalaciones de Medicina Legal en el centro de Bogotá iniciaron las necropsias de los militares y el policía muertos para identificarlos plenamente y entregarlos a sus familiares para sus sepelios.

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