Mañana, justo dos meses antes de las elecciones presidenciales, entrarán de lleno las restricciones para el presidente Juan Manuel Santos que, al igual que su antecesor, aspira a permanecer cuatro años más en la Casa de Nariño.
Luego de que en 2004 el Acto Legislativo 02 introdujera la figura de la reelección inmediata en Colombia, con miras a permitir que Álvaro Uribe Vélez pudiera aspirar a la Presidencia por segunda vez, tuvieron que adoptarse nuevas medidas para garantizar la igualdad de condiciones con el resto de candidatos en el escenario electoral.
La prohibición de que el candidato-presidente inaugure obras públicas dos meses antes de las elecciones, la celebración de contratos durante esta misma época y la igualdad respecto al acceso a los medios de comunicación hacen parte de lo que estipula la ley.
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Sin embargo, expertos apuntan a que la norma “infarta” al Estado al retrasar e impedir muchos procesos y que, además, no es ni será suficiente, en tanto que quien aspire a la Presidencia desde la Casa de Nariño siempre tendrá ventajas sobre sus opositores.
“Para los servidores públicos es efectiva en cuanto restringe su participación en política y evita actos de corrupción, pero cuando el presidente es candidato, la ley necesariamente se vuelve casi que un saludo a la bandera por la delgada línea que existe entre cuándo es candidato y cuándo presidente”, asegura Hernán Olano, director de Humanidades de la Universidad de La Sabana.
Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad El Rosario, va más allá para apuntar que “la cultura corrupta no se combate con normas”. Según él, “en el caso del presidente es aún más difícil porque no puede ser igual la oposición que él, alguien que está todo el tiempo saliendo en medios. Ahí se pueden ver los vicios que trajo la reelección, una reforma que fue desastrosa”.
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