Pidió a sus ciudadanos abandonar la aplicación por su «fascismo digital». El Gobierno que pide abandonar WhatsApp por su nueva política de privacidad.
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El Gobierno turco está recomendando dejar de usar la red de mensajes Whatsapp para luchar contra lo que llama «fascismo digital», tras los recientes cambios de privacidad de la aplicación, y ha pedido a los ciudadanos sustituirla por un sistema desarrollado por una empresa participada por el Estado.
«Las aplicaciones de origen extranjero contienen riesgos importantes para la seguridad de nuestros datos. Debemos proteger nuestros datos con software local desarrollado para nuestras necesidades», señala la Presidencia turca en un comunicado en el que se que explica que WhatsApp es parte del grupo de empresas de Facebook y gestiona sus datos.
«Debemos luchar juntos contra el fascismo digital», añade esa nota, publicada por la Oficina de Transformación Digital de la Presidencia de la República de Turquía en la red social Twitter.
La petición llega después de que WhatsApp anunciara un cambio en sus términos de uso que permite a Facebook recopilar datos de usuarios de WhatsApp, incluido su número de teléfono y ubicación.
El Gobierno ha recomendado usar sistemas de mensajería de desarrollo local, como BIP, y ha anunciado que trasladará los grupos de WhatsApp de las autoridades a esta aplicación, propiedad de la compañía de móviles Turkcell.
El Estado turco es propietaria del 25 % de esa empresa.
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En las últimas 24 horas, más de 1,1 millones de personas se han descargado la aplicación BIP, según datos de la agencia Anadolu.
Turquía aprobó recientemente un cambio del ley que obliga a las redes sociales a almacenar los datos de sus usuarios en Turquía en servidores ubicados físicamente en el país.
En el último mes, la Autoridad de Tecnologías de la Información y Comunicación (BTK) impuso multas de tres millones de euros a una decena de empresas, entre ellas Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, por incumplir esa normativa.
Amnistía Internacional ha denunciado que la ley aumenta el poder del Gobierno para censurar contenido en la red y enjuiciar a los usuarios.
