El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se mostró preocupado por el “grave desabastecimiento y escasez de alimentos de primera necesidad” de Venezuela, y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes para evitar que se profundice esta situación en un informe difundido este martes.
Los 18 expertos independientes del Comité alertaron de un “aumento de la dependencia a la importación de alimentos” provocado en parte por la reforma agraria impulsada por los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. “Se debe realizar una evaluación de los resultados del proceso de reforma agraria” y un «rediseño de su estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación», dice el informe.
Los expertos de la ONU pidieron “aumentar la inversión en la producción agrícola local, mejorando la productividad de los pequeños productores agrícolas y su acceso a los mercados locales” para poder suplir en parte la falta de divisas que desde 2012 agobia a los mercados venezolanos.
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La ‘sequía’ de divisas ha hecho que los productores acumulen deudas multimillonarias en sectores básicos para el abastecimiento de Venezuela como los alimentos y los medicamentos, que ha hecho que los proveedores extranjeros suspendan su suministro.
Insumos alimenticios y médicos no han podido ingresar para impulsar la producción local debido a la falta de recursos, que también impide la importación de los bienes terminados afectando a 30 millones de venezolanos.
El Comité, que cuenta entre sus miembros con el colombiano Rodrigo Uprimny, invitó a Venezuela a “asignar recursos” para enfrentar la escasez de medicamentos, con el fin de “garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud”.
Esta calidad también está en riesgo debido al “deterioro en que se encuentran algunos hospitales” y a la falta de abastecimiento y educación en servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales conducen a un “elevado número de abortos inseguros”, según el informe.
La alerta final del Comité se debe a un “persistente” déficit de vivienda, y a que “el salario mínimo establecido no es suficiente para cubrir un nivel de vida digno”. Llamó al gobierno, empresarios y sindicatos a negociar de forma “transparente” para asegurar un salario digno a los empleados del vecino país.
