Lucha contra el EI, el mayor reto para los derechos humanos en Oriente Medio

Por Publimetro Colombia

Beirut, 29 ene (EFE).- La emergencia del grupo yihadista Estado Islámico (EI) es el desafío más “dramático” que ha surgido en el último año para los derechos humanos en Oriente Medio, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW), que, no obstante, recordó que esta organización “no ha surgido de la nada” en Siria e Irak.

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, dijo, en la presentación en Beirut del informe anual de la organización, que un factor esencial para la aparición del EI en Irak fueron las políticas sectarias “abusivas” del ex primer ministro chií Nuri al Maliki, que causaron la radicalización de los suníes del país.

Durante el mandato de Al Maliki (2006-2014), los suníes fueron perseguidos y excluidos de puestos gubernamentales.

Esto, según Roth, hizo que muchas tribus suníes que ayudaron en su día a las autoridades a derrotar a Al Qaeda en Irak, precursora del EI, “se sintieran más seguras luchando contra las fuerzas de seguridad” que contra los yihadistas.

El sucesor de Al Maliki, Haidar Abadi, en el poder desde septiembre pasado, habla de forma “más inclusiva”, aunque todavía no ha resuelto el mayor problema que son “las milicias sectarias chiíes”, dijo el responsable de HRW.

En el caso de Siria, Roth explicó que la comunidad internacional se ha centrado en combatir al EI, pero ningún Estado ha aumentado la presión sobre el régimen de Bachar al Asad para que deje de matar a civiles, y “ambas cosas ni pueden ni deben separarse tan fácilmente”.

Con su poderío, los yihadistas se retratan a sí mismos como “la fuerza más capaz de hacer frente a la extraordinaria brutalidad del presidente Al Asad y sus tropas”, consideró.

Las fuerzas gubernamentales sirias han continuado atacando de forma deliberada a civiles que viven en zonas opositoras, especialmente con barriles de explosivos, que son un arma tan poco precisa, según HRW, que el ejército no se atreve a emplearla cerca de los frentes de batalla por temor a golpear a sus propias tropas.

Por este motivo, para Roth, “va a requerir un esfuerzo extraordinario convencer a los sirios para que luchen contra el EI si no se combaten las atrocidades de Al Asad”.

Durante la rueda de prensa, el director de HRW también hizo hincapié en la situación de los derechos humanos en Egipto, el Líbano, Israel y Palestina.

Respecto a Egipto, la ONG ha constatado un declive “agudo” de los derechos humanos desde que el mariscal retirado Abdelfatah al Sisi accediera al poder en junio de 2013.

“Desde el golpe de Estado, las fuerzas de seguridad de Al Sisi han apresado a decenas de miles de sospechosos de pertenecer a los Hermanos Musulmanes, sin cargos o juicio alguno, así como a muchos activistas no religiosos”, destacó Roth.

Además, las autoridades egipcias han puesto restricciones a los pocos espacios que quedan para la libertad de expresión y de reunión.

A esto se suma la impunidad de que disfrutan las fuerzas del orden, que les ha permitido llevar a cabo asesinatos en masa y arrestar a centenares de manifestantes pacíficos, denuncia HRW.

En cuanto al Líbano, el año 2014 ha traído un deterioro de la seguridad, que ha ocasionado una respuesta del Gobierno con efectos negativos en los derechos humanos.

Entre esas consecuencias, están las nuevas restricciones que se aplican a los refugiados sirios y los abusos y torturas por parte de las efectivos de seguridad cuando llevan a cabo operaciones especiales.

El informe también se fija en Israel y Palestina, y resalta que el conflicto armado en Gaza entre el Ejército israelí y los grupos armados palestinos en 2014 ocasionó miles de víctimas por la violación de las leyes de la guerra y de los derechos humanos, sin posibilidad de recurrir a la justicia.

En la rueda de prensa, Roth se quejó de que EEUU y algunos países europeos hayan tratado de evitar que Palestina se una a la Corte Penal Internacional.

“Hasta ahora nadie ha explicado de forma creíble por qué el conflicto palestino-israelí debería ser una excepción”, resaltó.

Moscú, 29 ene (EFE).- El Gobierno ruso fortaleció en 2014 su ofensiva contra las libertades y los derechos humanos de sus ciudadanos, denunció la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual difundido hoy en varias capitales, incluida Moscú.

“Las nuevas limitaciones a la libertad de expresión afectaron de la manera más negativa a los críticos independientes de las autoridades”, se afirma en el apartado sobre Rusia del documento de 656 página elaborado por HRW.

La directora adjunta de la organización para Europa y Asia Central, Rachel Denbel, señaló que es la tercera vez que presenta el capítulo ruso del informe anual de HRW en Moscú y lamentó tener nuevamente que decir que el año pasado empeoró la situación en materia de derechos humanos en el país.

“Las autoridades califican a sus críticos prácticamente de enemigos del Estado y por todos los medios intentan acallar sus voces o ponerles fuera de la ley”, dijo a su vez la jefa del programa de HRW para Rusia, Tatiana Lokshiná.

Según la activista, en su afán de controlar la información sobre los acontecimientos en Ucrania, las autoridades rusas adoptaron “leyes draconianas para regular las ONG, los medios informativos, internet, lo que se ha acompañado de campañas públicas para desprestigiar a los críticos”.

Lokshiná vinculó directamente el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el país al retorno al Kremlin del presidente Vladímir Putin en 2012.

Recalcó que desde entonces se han restringido progresivamente las libertades y los derechos de los ciudadanos rusos con un paréntesis entre finales de 2013 y comienzos de 2014 motivado por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que -dijo- “era un proyecto personal de Putin”.

“Sabíamos que después de los Juegos la situación de los derechos humanos empeoraría, pero nunca creímos que iba a llegar a tales niveles”, dijo Lokshiná.

Señaló como ejemplo el endurecimiento de las regulaciones de las ONG que reciben financiación desde el exterior y que se dedican a actividades que las autoridades consideran políticas.

La ley de 2012 que las obligaba a inscribirse en un registro como “agente extranjero”, concepto que en ruso se asocia tradicionalmente con palabra “espía”, fue modificada el año pasado y ahora basta con que el Ministerio de Justicia las califique como tal.

Entre las innovaciones legales que vulneran los derechos de los ciudadanos, Lokshiná destacó también el endurecimiento de las sanciones por participación reiterada en manifestaciones no autorizadas: si se incurre cuatro veces en esa falta, deja de ser administrativa y puede ser castigada con hasta 5 años de prisión.

La activista aludió también a un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Parlamento ruso sobre “organizaciones extranjeras indeseables”, promovido en respuesta a las sanciones occidentales contra Rusia por su postura en el conflicto de Ucrania.

La actual legislación rusa cuenta con mecanismos suficientes para expulsar del país a cualquier organización o representación extranjera, dijo Lokshiná, quien explicó que la iniciativa lo que realmente persigue es tener un recurso para sancionar a los ciudadanos rusos que contacten con extranjeros.

“Desde el poder se promueve una mentalidad de fortaleza asediada, de que ‘el que no está con nosotros está contra nosotros"”, subrayó.

Nairobi, 29 ene (EFE).- Nigeria, Kenia y Etiopía son los países subsaharianos donde más ha descendido el respeto a los derechos humanos, según el último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), presentado hoy.

En Nigeria, los atentados del grupo yihadista Boko Haram, que según esta organización mató a más de 2.500 personas sólo en 2014, “ponen en peligro la celebración de unas elecciones creíbles en el país” el próximo mes, declaró el subdirector para África de HRW, Babatunde Olugboji, en una rueda de prensa en Nairobi.

El avance militar de Boko Haram en el último año ha generalizado la violación de los derechos humanos en las zonas bajo su influencia (los estados norteños de Borno, Adamawe y Yobe), donde “arrasan ciudades, mercados y escuelas”, agregó.

Los atentados, asesinatos, torturas y reclutamientos forzados de Boko Haram han traspasado en los últimos meses las fronteras nigerianas y afectan ahora a Camerún, Chad o Benin, por lo que sería necesaria “ayuda internacional” para detener lo que se ha convertido en un “asunto global”, advirtió Olugboji.

Además de los acciones de este grupo, HRW denunció también el abuso y la violencia desmedida de las propias fuerzas de seguridad nigerianas, que “ejecutan y torturan” a los sospechosos de pertenecer a esa organización.

La impunidad para el Ejército es generalizada en Nigeria, donde los abusos cometidos en nombre de esta misión “no están siendo investigados ni perseguidos”.

El “todo vale contra la amenaza terrorista” se repite también en Kenia, señaló la directora para África de HRW, Leslie Lefkow, pues las fuerzas de seguridad han llevado a cabo “abusivas campañas” tras los últimos atentados de la milicia somalí Al Shabab.

Según recoge el informe, durante las últimas operaciones se acosó y detuvo a miles de personas, incluyendo periodistas, refugiados, ciudadanos kenianos y cooperantes internacionales “sin cargos y en condiciones terribles”.

No es una situación novedosa, admite Lefkow, pues la policía keniana ha estado implicada en cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos seis años, sin que éstos fueran investigados.

“La violencia contra la violencia no es efectiva” y sólo “genera frustración en la comunidad que está siendo acosada y perseguida”, insistió Lefkow hoy en Nairobi.

En Etiopía, la represión política ha ido aumentando constantemente en los últimos años, con un significativo incremento en 2014: “El Gobierno responde a las protestas pacíficas con acoso, amenazas y detenciones arbitrarias”, afirmó.

“Periodistas y disidentes son los que más sufren y se extingue toda esperanza de que el Gobierno de Hailemariam Desalegn amplíe el espacio político antes de las elecciones de mayo de 2015”, declaró Lefkow.

La libertad de expresión también se ha visto reducida en Uganda, donde en 2014 se cerraron periódicos críticos con el Gobierno.

“La reacción de los gobiernos (especialmente en países con amenaza terrorista, como Kenia) es pensar que, si hay una investigación y periodismo independiente, eso se convierte en una nueva amenaza”, resaltó.

No obstante, Lefjow destacó también el “proceso significativo” del continente africano en cuanto a los derechos económicos y educativos, así como en salud. EFE

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