Colombia depura las filas militares y policiales por el espionaje al proceso de paz

Por Publimetro Colombia

Bogotá, 23 ene (EFE).- El espionaje al proceso de paz del Gobierno colombiano con las FARC provocó la destitución de cinco militares y policías, así como la separación de sus cargos de otros 20 implicados, según una investigación interna cuyas conclusiones fueron presentadas hoy.

El resultado de la investigación fue divulgado en Bogotá por el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, quien subrayó que la depuración hace parte del compromiso de las Fuerzas Armadas colombianas de obrar con “transparencia” en todas sus acciones.

Los casos investigados se remontan a febrero del año pasado cuando la revista Semana reveló que los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz, políticos de izquierda y periodistas eran espiados desde una central de inteligencia militar que utilizaba como fachada un restaurante y una sala de clases de informática en el barrio bogotano de Galerías.

El escándalo desatado por esa operación, llamada “Andrómeda” por los militares, fue atizado tres meses después por la detención del pirata informático Andrés Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, del partido de derecha Centro Democrático.

Sepúlveda, según la Fiscalía, tenía acceso a información de inteligencia reservada con la finalidad de “sabotear” los diálogos con las FARC que desde noviembre de 2012 se celebran en Cuba y de los cuales son fuertes críticos el Centro Democrático y su líder, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe.

“Existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirectamente al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía general de la Nación les dictó medida de aseguramiento”, aseguró hoy el vicealmirante Narváez.

Por este caso la Fiscalía llamó a declarar el próximo 30 de enero a Zuluaga, quien aparece en vídeo divulgado en la época de las elecciones escuchando explicaciones de Sepúlveda sobre las informaciones de que disponía del proceso de paz, así como a su hijo David, que trabajó en la campaña del candidato.

Con relación a “Andrómeda”, la investigación reiteró hoy la posición del Gobierno de que el uso de fachadas para labores de inteligencia es algo lícito en aras de la seguridad nacional, pero reconoció que se cometieron errores en esta operación.

“Se encontraron fallas de seguridad que evidenciaron indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia”, señala el comunicado leído por el vicealmirante, que no hace referencia directa al espionaje a los negociadores de paz, entre ellos el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle.

Las conclusiones presentadas por Narváez señalan además que “no se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la operación ‘Andrómeda"” y muchos de los que allí ingresaban “trabajaban sin supervisión alguna”.

Por este caso fueron “relevados” de sus cargos en febrero pasado el jefe de Inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y el director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), general Óscar Zuluaga.

A ellos se suman los 20 separados ahora de sus funciones, según la investigación, de los cuales diez son oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, que pueden ser excluidos también de los servicios de inteligencia “si fuere del caso”, dijo Narváez.

Los cinco destituidos son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos del Ejército y la Policía, explicó el inspector general de las Fuerzas Militares sin dar más detalles.

La investigación también abordó la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales “a la fecha no se ha encontrado evidencia”, indicó el oficial.

El vicealmirante rehusó ofrecer más detalles sobre los pormenores de la investigación puesto que, insistió, es potestad de la Fiscalía, que investiga dichas operaciones, pronunciarse “a su debido momento”.

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