El Partido Comunista de China promete ponerse por debajo de la ley para darse legitimidad

Por Publimetro Colombia

Pekín, 23 oct (EFE).- La creación de un Estado de Derecho socialista, en el que el Gobierno sea más respetuoso con la ley y más transparente, es la principal promesa que los líderes del Partido Comunista de China (PCCh) han lanzado tras cuatro días de plenario anual, en su reunión más importante del año.

Al finalizar los debates a puerta cerrada, presididos por el secretario general del PCCh, Xi Jinping (también jefe de Estado), la formación emitió un comunicado preliminar de conclusiones en las que el concepto de “estado de derecho”, lema este año del plenario, es la expresión más repetida.

De acuerdo con el comunicado, los principales objetivos del PCCh a partir de ahora serán establecer un sistema en el que, entre otras cosas, “se construya un Gobierno obediente con la ley, se salvaguarde la justicia social y se mejore la credibilidad de los tribunales”.

Para todo ello, el país “debe ser gobernado en línea con la Constitución”, señala el documento, que parece recoger con ello las quejas de muchos observadores de la política china: el régimen comunista tiene una Carta Magna (de 1982) bastante avanzada, pero muchas veces sus principios son olvidados por el poder.

“La Asamblea Nacional Popular y su Comité Permanente deberán jugar un mejor papel a la hora de supervisar la aplicación de la Constitución”, señalan las conclusiones del plenario, en el que participaron 363 miembros del Comité Central del PCCh, la formación que gobierna China en solitario desde 1949.

También se subraya en el documento -que se espera sea más desarrollado por el PCCh en los próximos días- la necesidad de crear un sistema “vitalicio de control de responsabilidades”, aunque no se dan más detalles sobre esta meta.

Entre las medidas más concretas anunciadas hoy está la creación de un nuevo tipo de tribunales para atender mejor litigios en comunidades locales, en un país donde muchos ciudadanos se quejan de que sus problemas con la administración no son lo suficientemente atendidos, cuando no ignorados.

Litigios por tierras, expropiaciones de viviendas, maltrato policial y otras cuestiones son en ocasiones ignoradas por una Justicia que no es independiente, lo que ha generado desde hace décadas una legión de “peticionarios”, personas que llevan años clamando justicia, a veces con métodos desesperados.

A veces no sólo son ignorados, sino también detenidos ilegalmente en “cárceles negras”, como se denomina en el país a centros ilegales donde estos peticionarios son frecuentemente encerrados sin juicio, cuando no torturados física o psicológicamente.

Al hilo de esto, el comunicado del PCCh asegura hoy, aunque sin abundar en detalles, que el país “mejorará la protección de los derechos humanos en los procedimientos judiciales”, así como la formación de jueces y fiscales, que “reclutará a partir de cualificados abogados y expertos en leyes”.

Es la primera vez que el PCCh desarrolla las ideas de “estado de derecho” o “imperio de la ley”, algo que según los analistas busca dar mayor apoyo social al régimen entre crecientes tensiones de la ciudadanía -en medio de fuertes protestas democráticas en Hong Kong desde hace casi un mes- y críticas de la comunidad internacional.

Sin embargo, los mismos observadores advierten de que las reformas legales y judiciales que puedan salir de las reuniones de esta semana no buscan en ningún caso acabar con el gobierno de partido único, sino en todo caso mejorar la labor del Poder Judicial, que seguirá careciendo de independencia.

En otro orden de cosas, el PCCh también confirmó hoy tras el plenario la expulsión de cinco importantes miembros de la formación por corrupción.

En concreto, el Partido confirmó la salida de Jiang Jiemin (antiguo responsable de la regulación de empresas estatales), Li Dongsheng (viceministro de Seguridad Pública), Li Chuncheng, (exvicesecretario general en la provincia de Sichuan) y Wang Yongchun (ejecutivo de la mayor petrolera estatal) y Wan Qingliang, secretario del PCCh en Cantón, la cuarta mayor ciudad del país.

No se ha mencionado en cambio, aunque se esperaba, ninguna sanción contra Zhou Yongkang, exministro de Seguridad Pública, que en el anterior Gobierno de Hu Jintao fue uno de los hombres más poderosos del régimen pero actualmente es investigado por presunta corrupción.

Zhou está pendiente de que el partido gobernante decida o no su expulsión, que en caso afirmativo abriría las puertas al juicio del alto cargo de más alto nivel nunca antes procesado por corrupción en la República Popular de China.

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