México, 30 sep (EFE).- Autoridades mexicanas confirmaron hoy la participación de la Policía del municipio de Iguala en los ataques a estudiantes del pasado fin de semana, mientras continúa la incógnita del paradero de 43 de ellos y no se descarta que puedan estar en manos del crimen organizado.
El fiscal del estado mexicano de Guerrero, Iñaky Blanco, informó en una conferencia de prensa que 19 de los 22 policías «dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio», lo que demuestra que dispararon armas en los hechos en los que murieron al menos cinco personas.
Las pruebas balísticas demuestran que el grupo policial participó en dos hechos violentos que se produjeron en la noche del viernes y madrugada del sábado, aunque también hay otras armas implicadas, explicó el funcionario, sin dar más detalles.
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Por ello, los detenidos serán puestos a disposición de un juez en las próximas horas, dijo Blanco, quien reveló que hay «otros servidores públicos» relacionados con las investigaciones y no descartó que en algún momento se tenga «que ejercer acción penal por el delito de desaparición forzada».
De los policías arrestados, uno de ellos «admitió haber detenido a cinco personas por encontrarse en estado de ebriedad» y otro reconoció «haber visto a diez detenidos en el patio de su comandancia», quienes fueron llevados por «otros elementos de la corporación (…) a bordo de dos patrullas».
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros) han denunciado que al menos una veintena de sus compañeros fueron detenidos por policías y subidos a unas cinco patrullas sin que hasta el momento se conozca su paradero.
«No tenemos idea de dónde pueden estar porque fueron más de 22 compañeros que los detuvo la Policía Municipal de Iguala. Hay testigos visuales que identificaron a las patrullas. Ninguno de los que se llevó la Policía Municipal ha aparecido», dijo a Efe Alí, un estudiante de la Normal.
La violencia comenzó la noche del viernes en Iguala, cuando policías municipales dispararon contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se habían apoderado de tres autobuses privados para desplazarse a sus lugares de origen, causando la muerte a dos de ellos.
Al día siguiente fue encontrado muerto otro alumno más, aunque todavía no se ha indicado nada sobre los responsables de este deceso.
Dos de los 22 policías detenidos también están involucrados en otro ataque producido en un cruce carretero cercano, donde fallecieron dos personas que viajaban en el autobús de un equipo de fútbol infantil (el conductor y un niño) que fue confundido con el vehículo de los estudiantes y una mujer que viajaba en un taxi.
Aunque tras los sucesos la cifra de desaparecidos ascendía a 56, durante las últimas horas 13 de los jóvenes han aparecido en diferentes partes del estado, algunos «en sus domicilios, otros han llegado a la escuela Normal donde se encuentran sus compañeros», dijo a Efe el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete.
Explicó que esta acción de esconderse es «algo normal» entre los estudiantes, que «son muy intensos en sus protestas» y «ha sucedido en otras ocasiones».
«Cuando tienen enfrentamientos, en el ánimo de protegerse y de evadir el encuentro con la Policía, ellos se dispersan», comentó Navarrete, quien invitó a los estudiantes a «salir», ya que pueden tener «plena convicción de que la autoridad no los busca a ellos para criminalizarlos, sino para protegerlos».
El Gobierno estatal, cuyas fuerzas asumieron la seguridad de Iguala desde el sábado pasado con apoyo de agentes federales, puso en marcha el fin de semana un operativo de búsqueda de los jóvenes.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, reconoció hoy que este estado ubicado en el sur de México tiene un problema de seguridad «latente», ya que «la mayor parte de las policías de Guerrero» colaboran con el crimen organizado.
Aunque no lo acusó directamente, el gobernador llamó al alcalde del municipio, José Luis Abarca, a demostrar que no tiene nada que ver con los hechos.
«Si el señor está limpio, que lo demuestre y que lo acredite», declaró Aguirre a una cadena de televisión pocas horas antes de que Abarca solicitara licencia para separarse del cargo como presidente municipal para que prosigan las investigaciones.
En su primer comentario sobre estos hechos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamó a Guerrero a asumir su responsabilidad en la violencia que vive esa región del país, ya que «el Gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales».
El mandatario lamentó los tiroteos registrados en Iguala, los cuales merecen, indicó, «toda la investigación a fondo y a profundidad para (…) saber quiénes fueron los responsables».
México, 30 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) llamó hoy a las autoridades mexicanas a realizar una «investigación seria, imparcial y efectiva» para localizar a 43 estudiantes desaparecidos en los hechos violentos del pasado fin de semana en Iguala, en el estado de Guerrero.
«Instamos a las autoridades a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, con todos los medios legales a su alcance para esclarecer los hechos y asegurar que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia», indicó la organización en un comunicado.
La noche del viernes al sábado pasado un grupo de policías perpetró varios ataques contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros) en Iguala, en los que seis personas fallecieron y 25 resultaron heridas.
Además, 43 estudiantes permanecen en paradero desconocido desde entonces.
Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa han denunciado que al menos una veintena de sus compañeros fueron detenidos por policías y subidos a unas cinco patrullas sin que hasta el momento se conozca su paradero.
El asesinato de los estudiantes, la privación arbitraria de la libertad, la situación de personas desaparecidas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y no deben permanecer impunes, señaló la agrupación defensora de los derechos humanos.
AI pidió que las personas detenidas sean trasladadas a centros de detención reconocidos y acusadas sin demora de un delito común reconocible o, de lo contrario, sean puestas en libertad de forma inmediata e incondicional, según las normas internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica.
La gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también manifestó su preocupación por los hechos y solicitó una investigación imparcial ante las evidencias de uso excesivo de la fuerza por parte de los policías municipales.
«Es fundamental garantizar a los familiares de las víctimas una investigación transparente y objetiva para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, y para que no se encubra a ninguna autoridad involucrada», dijo la CEAV.
Veintidós policías municipales de Iguala detenidos el fin de semana serán puestos a disposición de un juez en las próximas horas después de que pruebas periciales confirmaran su participación en los ataques.
