Madrid, 29 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional español suspendió hoy de forma cautelar la consulta soberanista en Cataluña mientras estudia los recursos contra la misma presentados por el Gobierno de España que la considera inconstitucional.
El Gobierno español presentó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos contra la ley de consultas aprobada por el Parlamento regional catalán y la convocatoria de la consulta hecha por el presidente de Cataluña, Artur Mas, para el 9 de noviembre próximo.
La decisión fue adoptada en un pleno del Tribunal convocado de forma urgente, tras presentar el abogado del Estado en el Registro del Constitucional los recursos del Ejecutivo español, que los aprobó hoy también una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
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La suspensión se produce de forma automática, como está establecido cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa.
La interposición del recurso fue anunciada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que hizo una declaración institucional.
«Estamos a tiempo de poder enderezar el rumbo» a través del diálogo dentro de la ley, declaró el jefe del Ejecutivo español, quien aseguró que su postura ante esta iniciativa siempre ha sido «abierta, clara y firme» y ha estado «dispuesto a negociar».
Rajoy manifestó que si Artur Mas «atiende» lo que diga el Tribunal Constitucional, se podrá «hablar de otras cosas», como la posibilidad de reformar la Constitución española.
«Hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de los españoles», afirmó Rajoy antes de señalar que la consulta es «contraria a nuestra Constitución» porque «la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto y una parte no puede tomar decisiones que afectan a todos».
El presidente del Gobierno lamentó que Mas haya convocado una «consulta de autodeterminación» que, según reiteró, va «en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España», y que «no se va a celebrar».
«Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad denegándose al resto de la nación», declaró Rajoy.
Preguntado sobre si estará dispuesto a aceptar las 23 propuestas que el presidente catalán le planteó en la última reunión que mantuvieron, a finales de julio, Rajoy dijo que aunque «algunas son razonables» y «otras más discutibles», por lo general están en la línea de las que hacen otros presidentes de comunidades autónomas del país, sobre «infraestructuras» o «financiación».
Por su parte, el presidente del Gobierno catalán tachó de «hostil» la actitud del Gobierno español al recurrir la convocatoria de la consulta soberanista y la ley en que se ampara y criticó que el presidente del Tribunal Constitucional reúna el organismo a una «velocidad supersónica» para frenarlas.
Al mismo tiempo, Mas expresó su «esperanza» en que el Tribunal Constitucional actúe como un «arbitro de todos».
En opinión del presidente regional catalán, en un Estado de «convicción democrática plena» en estos momentos ya se estaría debatiendo entre si hay que votar ‘sí’ o ‘no’ en la consulta, y afirmó que no se trata de un «referéndum encubierto», como sostiene el Gobierno, al que acusó de «no preguntar ni dejar preguntar».
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales debe decidir si prolonga la suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.
Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva el recurso, es decir, la legalidad de la convocatoria.
