Ya sin más recursos legales a los que apelar, Argentina depositó ayer fondos para afrontar sus compromisos con los acreedores de su deuda reestructurada y ahora depende enteramente de lo que se decida en Estados Unidos para saber si el próximo lunes incurre o no en un incumplimiento.
Para el Gobierno argentino, el deposito del dinero en las cuentas del New York Mellon en el Banco Central de la República Argentina implica ya el pago de los servicios de capital e intereses de los tenedores que adhirieron voluntariamente a los canjes de 2005 y 2010.
Sin embargo, todavía es incierto si la próxima semana, que se vence el plazo de pago, a los tenedores les acreditarán efectivamente el dinero en sus cuentas, dado que fondos de inversión especulativos que han querellado a Argentina en tribunales de Nueva York cuentan con una sentencia definitiva a su favor para cobrar 1500 millones de dólares, entre capital e intereses, por bonos que no ingresaron a los canjes.
Aún es una incógnita si el juez Thomas Griesa, que falló a favor de los litigantes y que ahora debe aplicar la sentencia, dictará antes del lunes una orden de embargo sobre el dinero depositado por Argentina para cumplir con sus acreedores de deuda reestructurada.
Argentina dijo que “pagó” porque los contratos establecen hacerlo un día antes del vencimiento –hoy es no laborable para la administración pública argentina– y argumentó que “no pagar teniendo los recursos y forzando un default (cese de pagos) voluntario” sería contrario a las leyes y “una clara violación a los prospectos de deuda”.
Anticipándose a un posible embargo y, como consecuencia, a eventuales reclamos legales de sus acreedores si no reciben el 100% de lo que deben percibir el lunes, Argentina argüye que con el deposito del dinero ratifica su voluntad de cumplimiento.
Por su parte, los abogados de los acreedores que no se acogieron al canje de deuda argentina pidieron al juez Griesa que convocara una audiencia urgente para valorar si el pago a los bonistas anunciado en Buenos Aires supone un desacato a la orden del tribunal.
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