Washington, 28 mar (EFE).- La CIDH lamentó hoy «profundamente» que el Gobierno de Ecuador decidiera no asistir a las dos audiencias sobre el país programadas para hoy en el órgano internacional y dedicadas a la libertad de expresión y la situación del derecho a la libertad de asociación y los defensores de la naturaleza en Ecuador.
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«Lamentamos profundamente que no tengamos al honorable Estado de Ecuador con nosotros hoy», dijo la comisionada encargada de Ecuador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la trinitense Rose-Marie Antoine, durante la primera de las dos audiencias sobre ese país que se celebran hoy.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, adelantó el jueves que su Gobierno no estaría presente en la audiencia de la CIDH, a la que normalmente acuden tanto representantes de los Estados como miembros de la sociedad civil, porque se negaba a prestarse al «show político» que, a su juicio, había organizado la Comisión.
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Se trata del segundo periodo de sesiones de la CIDH al que Ecuador rechaza acudir, dado que el país también se ausentó de las audiencias organizadas por la organización el pasado octubre.
Su ausencia se produce cuatro días después de que la Comisión otorgara medidas cautelares en el caso de tres ecuatorianos condenados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa, y que el Gobierno ecuatoriano se ha negado a aceptar por considerar que ese organismo «no tiene atribuciones» para dictar esas medidas.
«Sabemos que de vez en cuando la Comisión toma decisiones que le pueden parecer poco favorables a un Estado, pero se trata de decisiones que tratan de mejorar la situación general de derechos humanos en un país particular», indicó hoy Antoine.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, la jamaicana Tracy Robinson, señaló que las audiencias «representan una parte importante del trabajo de la Comisión» y «no se toma decisiones en ellas».
«La puerta de la Comisión siempre está abierta a los Estados. Daríamos la bienvenida a cualquier respuesta de forma escrita que quiera emitir el Estado más adelante» a las denuncias emitidas en las audiencias de hoy, señaló Robinson.
La comisionada confió también en que se pueda establecer pronto una fecha para la visita de la Comisión a Ecuador, pendiente desde noviembre de 2012 y que constituiría el primer viaje del pleno del organismo al país en 18 años.
La invitación que hizo Ecuador para esa visita «se cruzó con el proceso electoral» que culminó en las elecciones presidenciales de febrero de 2013, por lo que la CIDH acordó con Ecuador concretar la fecha una vez que la nueva Administración estuviera en el poder, según explicó en octubre pasado el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.
Robinson confirmó hoy que desde octubre la Comisión no ha tenido «más comunicaciones del estado para llevar a cabo esa visita, pero por supuesto mantiene su interés» de realizarla.
César Ricaurte, uno de los peticionarios de la primera audiencia, la dedicada a libertad de expresión, lamentó en la audiencia la «inasistencia del Estado ecuatoriano», cuyo anuncio «por parte del Canciller vino acompañado de una serie de improperios y descalificaciones a los peticionarios y a la Comisión».
«Esta acción agresiva evidencia la voluntad del actual Gobierno de no dialogar con la sociedad civil, así como su desinterés respecto a la situación de los derechos humanos en el país», alegó Ricaurte, de la organización no gubernamental Fundamedios.
Washington, 28 mar (EFE).- Defensores de los derechos humanos denunciaron hoy la supuesta violación del derecho de asociación que se está produciendo en Ecuador a raíz del caso de la Fundación Pachamama, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su «grave preocupación» por esta situación.
Durante la audiencia, a la que el Estado ecuatoriano rechazó asistir, los peticionarios se refirieron a la disolución de la Fundación Pachamama, organización sin ánimo de lucro que trabaja en defensa de la naturaleza y los pueblos indígenas en Ecuador, prohibida mediante el conocido como Decreto 16.
La directora de la fundación, María Belén Páez, lamentó que las autoridades del país andino no acudieran a la audiencia, y dijo que su ausencia es muestra de la «falta de respeto (del gobierno) a los espacios internacionales de los cuales ha sido signatario».
«Más allá de un caso concreto, venimos a defender la libertad de asociación que es un derecho que afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas», apuntó Páez.
Monica Vera, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), explicó que en 2013 fue adoptado en Ecuador el Decreto 16, mediante el cual se derogó toda normativa anterior y vigente y se establecieron nuevos parámetros para las restricciones al derecho de asociación, fundamentalmente basadas en la prohibición a las ONGs de realizar cualquier acción con injerencia política.
«El 70 por ciento del contenido del decreto contiene directivas discrecionales y que además son muy ambiguas e interpretables», agregó Vera, que también apuntó que en su mayoría resultan inconstitucionales.
Páez relató, además, que el caso de su fundación, que no tuvo notificación previa de su cierre ni derecho a la defensa, ha supuesto un precedente intimidatorio para otras organizaciones.
Fundación Pachamama fue clausurada tras unos incidentes ocurridos el 28 de noviembre pasado, cuando activistas ecologistas e indígenas contrarios a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana llevaron a cabo una protesta en la que se produjeron agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas, según el Ministerio del Interior.
El cierre de la Fundación Pachamama, que niega haber estado involucrada en los episodios de violencia, desencadenó protestas de organizaciones ecuatorianas y de más de un centenar de entidades de derechos humanos internacionales que, en una carta de solidaridad, exigieron en diciembre su reapertura.
Alejandra Vicente, representante del Centro por la Justicia y la Ley Internacional (Cejil) pidió a la CIDH que reflejara su preocupación sobre este asunto en su comunicado posterior al periodo de sesiones, así como que solicite más información al estado ecuatoriano sobre la aplicación del Decreto 16.
Vicente, además, requirió a los comisionados que acepten la invitación hecha por el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, a que realicen una visita «in loco» para comprobar la situación de los derechos de asociación y de la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Rose Marie Antoine, relatora de la CIDH para Ecuador y también para los pueblos indígenas, mostró su interés por obtener más información sobre las restricciones para el partidismo que plantea la legislación ecuatoriana y sobre la posibilidad de que bajo el Decreto 16 las asociaciones puedan ser criminalizadas por una protesta legítima.
«Manifestamos una grave preocupación ante la información proporcionada, según la cual a través de medidas administrativas, se estarían imponiendo obstáculos severos y desproporcionados a organizaciones defensoras de derechos humanos», apuntó el comisionado Jesús Orozco.
«No sólo estaría violándose el derecho a la libertad de asociación, sino también el derecho a defender los derechos humanos», agregó.
Patiño adelantó el jueves que su Gobierno no estaría presente en la audiencia de la CIDH, a la que normalmente acuden tanto representantes de los Estados como miembros de la sociedad civil, porque se negaba a prestarse al «show político» que, a su juicio, había organizado la Comisión.
Se trata del segundo periodo de sesiones de la CIDH al que Ecuador rechaza acudir, dado que el país también se ausentó de las audiencias organizadas por la organización el pasado octubre.
Washington, 28 mar (EFE).- La organización civil Fundamedios denunció hoy ante la CIDH que la aplicación «arbitraria» de la Ley de Comunicación en Ecuador ha supuesto un «deterioro acelerado» de la libertad de expresión en el país, donde existe «un gigantesco aparato de propaganda estatal para perseguir a las voces críticas».
En una de las dos audiencias sobre Ecuador en el 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, a las que no acudió ningún representante del Gobierno de Rafael Correa, el organismo recibió denuncias sobre los efectos de la Ley de Comunicación, en vigor desde junio de 2013.
«En los últimos meses la libertad de expresión en Ecuador se ha deteriorado aceleradamente, fruto de la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación», aseguró César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios).
Además, añadió, en Ecuador «continúa la política de estigmatización a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persecución judicial a críticos» del Gobierno, y «se agrede, intimida y amenaza a quienes expresan con gestos o palabras su desagrado» con el Ejecutivo de Correa.
La citada Ley de Comunicación supuso la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, encabezada por Carlos Ochoa y encargada de la «vigilancia, auditoría, intervención y control» de los medios de comunicación, de acuerdo con el texto de la legislación.
Según Fundamedios, a partir de la designación de dicha figura «se han iniciado más de 100 procesos en contra de medios de comunicación y periodistas independientes» y Ochoa demuestra «falta de independencia y equilibrio en sus pronunciamientos».
«Los medios de comunicación incautados se han convertido en la punta de lanza de un gigantesco aparato de propaganda estatal utilizado para perseguir a las voces críticas», denunció Ricaurte.
Mauricio Alarcón, también de Fundamedios, denunció por su parte que la mencionada ley «no sólo ha servido para consagrar la censura previa, para imponer cuantiosas multas por un titular o para sancionar a un medios por su línea editorial», sino que «también es un instrumento de amenaza para exigir rectificaciones de opiniones».
Otro de los solicitantes de la audiencia, el catedrático ecuatoriano Christian Oquendo, denunció que el Gobierno ecuatoriano ha intensificado sus esfuerzos para «ejercer su control» en internet, consciente de que se trata del «último bastión en el que la ciudadanía puede manifestar libremente sus opiniones».
En concreto, afirmó que en ocasiones se ha detenido o investigado a ciudadanos por opiniones expresadas en la red social Twitter y se ha forzado la eliminación de la red social Youtube de vídeos críticos con el Gobierno, a través, según aseguró, de la empresa española Ares Rights, que cita como base legal la ley estadounidense de protección de derechos de autor.
Según Ricaurte, eso se explica porque «en Ecuador se ha declarado como propiedad intelectual todos los discursos y todas las imágenes del presidente», lo que «evidentemente va en contra de corriente de que la información generada por funcionarios públicos debe ser propiedad de los ciudadanos».
La Relatora Especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, mostró especial interés por esas últimas denuncias y recordó que en EE.UU., la ley de protección de derechos de autor incluye una cláusula de «uso justo», que «permite que cualquier persona utilice las imágenes que han sido emitidas en un canal de comunicación siempre que se le dé un uso justo».