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Impunidad judicial y abusos policiales, preocupaciones de EE.UU. en el Cono Sur

Washington, 27 feb (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. está preocupado por los abusos policiales y la impunidad judicial que a su juicio persisten en el Cono Sur, según su informe anual sobre derechos humanos en el mundo en 2013, publicado hoy.

El documento indica que en Paraguay la impunidad es la situación «predominante», mientras que en Argentina y Chile se dieron algunos casos y únicamente en Uruguay no hubo denuncias ni por impunidad ni por abusos, pero sí por la discriminación a los indígenas y la violencia machista, retos comunes en la región.

ARGENTINA

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Los principales problemas para las derechos humanos en Argentina son, según el informe, la «tortura» por parte de las policías provinciales, las «duras» condiciones en prisión y la violencia de género.

«Hubo denuncias de muertes como resultado del uso injustificado y excesivo de la fuerza», señala el informe, que también se refiere a los ocasionales arrestos «arbitrarios» y las «prolongadas» detenciones previas a los juicios.

Asimismo, el Departamento de Estado menciona las acciones que «ponen en riesgo» la libertad de prensa, la «ineficiencia» judicial, la corrupción oficial, la «continua discriminación» de los indígenas y las infracciones a sus derechos, la trata de blancas y el abuso a menores, así como el trabajo infantil.

El informe apunta también que algunos funcionarios argentinos implicados en casos de corrupción quedaron impunes.

CHILE

La mayor preocupación de Estados Unidos respecto a los derechos humanos en Chile es la «discriminación» contra las poblaciones indígenas, así como contra mujeres, lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

El informe detalla que hubo «numerosos» abusos policiales contra comunidades mapuches, incluidos niños, y, entre enero y noviembre del año pasado se denunciaron 4.676 violaciones, mientras que entre enero y junio hubo 66.523 casos de violencia doméstica.

El Departamento de Estado también destaca el trabajo infantil, las «duras» condiciones de encarcelamiento -en 2013 murieron 186 presos, según apunta el documento, que cita a funcionarios chilenos-, y los «ocasionales abusos» por parte de las fuerzas de seguridad, como el uso «excesivo» de la fuerza.

Además, señala que hay casos «aislados» de corrupción gubernamental y antisemitismo.

Aunque el informe señala que el Gobierno generalmente toma acciones para juzgar a los oficiales que cometen abusos, también asegura que muchas organizaciones en defensa de los derechos humanos se quejan de la impunidad de policías acusados de ello.

PARAGUAY

Estados Unidos apunta a la impunidad en el sector judicial como el mayor agravio contra los derechos humanos en Paraguay, junto con la implicación de la policía en actividades criminales, incluidos asesinatos y las «duras» condiciones de prisión que en ocasiones ponen en peligro la vida de los convictos.

Prevalece la impunidad para los agentes de los cuerpos de seguridad y el Gobierno, pese a que el Ejecutivo tomó medidas para perseguir y castigar judicialmente a los oficiales que violaron los derechos humanos, apunta.

También pone el acento en el asesinato e intimidación de periodistas por parte de los grupos del crimen organizado, la corrupción, la discriminación y violencia en la sociedad contra las mujeres y los indígenas, los discapacitados, los colectivos LGTB y el tráfico de personas.

Los «retrasos» de los juicios que provocan «largas» detenciones previas preocupan a Estados Unidos, al igual que el trabajo infantil y las violaciones de los derechos de los trabajadores, que ocurren «con frecuencia», según el informe.

URUGUAY

El informe destaca que en Uruguay las fuerzas de seguridad no cometieron abusos contra los derechos humanos en 2013 ni tampoco hubo noticias de casos de impunidad, por lo que su principal problema es la «aglomeración de las cárceles».

Según el Departamento de Estado, las generalizadas detenciones extendidas antes del juicio causaron una «severa aglomeración» en el sistema de prisiones que hace que las condiciones de los internos sean «duras».

La violencia contra las mujeres, el tráfico de personas y la discriminación social contra los afrouruguayos y los LGTB son las otras cuestiones que aborda.

En todos los casos el Gobierno tomó acciones para perseguir a los oficiales que cometieron abusos, indica el informe.

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