San Salvador, 25 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió a los funcionarios de su Gobierno acatar la resolución del Supremo del país que les prohíbe participar en la campaña para las próximas elecciones, informó hoy la Presidencia.
Funes «instruyó a sus funcionarios para dar cumplimiento a lo dictado por la Sala de lo Constitucional» de la Corte Suprema de Justicia, que el viernes emitió su resolución, señaló un comunicado de la Casa Presidencial.
El viernes, el mandatario pidió en un memorando a ministros y otros funcionarios «abstenerse de realizar actividades político partidarias que tiendan a favorecer o perjudicar a cualquiera de los candidatos o partidos en la contienda electoral de 2014», de acuerdo con la información oficial
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La Sala de lo Constitucional ordenó el viernes a los funcionarios públicos «abstenerse» de participar en la campaña electoral de los próximos comicios del 2 de febrero, luego de haber aceptado una demanda contra un decreto de Funes que se los permitía.
De acuerdo con los magistrados, el decreto vulnera el artículo 218 de la Constitución, según el cual «los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista», según un comunicado de la Sala.
Por tal razón, la Sala decretó como medida cautelar la «suspensión provisional de los efectos del artículo 1 inciso 2° del decreto Ejecutivo impugnado».
Esa decisión implica que los funcionarios públicos deben «abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad política (campaña electoral) que tienda a favorecer a cualquiera de los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales que se avecinan», agregó la Sala.
El decreto suspendido por la Sala fue emitido en octubre del año pasado por el presidente Funes, quien reformó así otro que él mismo firmó en 2011 y que prohibía a los funcionarios participar en política.
La reforma del decreto se dio en el marco del inicio de la campaña electoral para los próximos comicios presidenciales.
San Salvador, 25 ene (EFE).- La campaña por las próximas elecciones en El Salvador se ha calentado por un nuevo choque entre el gobernante del país, Mauricio Funes, y el principal partido de oposición, que difundió unas grabaciones que supuestamente prueban que el Gobierno pagó por la «tregua» entre pandillas.
Funes calificó la denuncia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de «patadas de ahogado» ante lo que él considera su inminente derrota en los comicios presidenciales del próximo 2 de febrero, pero los opositores sostienen que las grabaciones demuestran la «paternidad» del Gobierno sobre el pacto entre pandillas.
La «tregua» o pacto de no agresión entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18 ha bajado los homicidios en El Salvador en 52 % desde marzo de 2012, según el Gobierno, que asegura que sólo es un «facilitador» de ese arreglo.
Dos diputados de ARENA, Roberto d’Aubuisson y Mario Valiente, presentaron a la prensa el enlace de un sitio de internet que, según dijeron, recoge grabaciones de testimonios de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno ante la Fiscalía General en los que supuestamente confirmaron pagos por el pacto de maras o pandillas.
D’Aubuisson pidió al Gobierno que deje de estar con hipocresías, que asuma las consecuencias y reconozca la paternidad que tiene sobre la tregua entre pandillas.
Las grabaciones fueron facilitadas por un supuesto pirata informático, según ARENA, pero la Fiscalía aseguró que no ha sufrido ningún ataque y que investiga si hubo una filtración, aunque matizó que no sabe si es el mismo material que está en sus archivos.
Entre los testimonios están los de dos exfuncionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el exviceministro Douglas Moreno y el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, así como de funcionarios de menor categoría de esa cartera, señalaron los opositores.
Según las grabaciones, Moreno, Rauda y otros entrevistados aseguraron que los mediadores de la «tregua», Raúl Mijango y el obispo castrense Fabio Colindres, han recibido 2.500 dólares mensuales cada uno, de fondos públicos.
Afirmaron que los jefes de pandillas han recibido privilegios en la cárcel y que a sus familiares más cercanos se les han dado dinero y objetos como televisores de plasma.
El dinero, según las grabaciones, supuestamente procede de las tiendas que Centros Penales administra en los presidios y del Organismo de Inteligencia del Estado, que depende de Funes.
Los diputados opositores también presentaron una supuesta carta de Francisco Cáceres, secretario privado de Funes, dirigida al anterior ministro de Seguridad, David Munguía Payés, en la que el mandatario le autorizaba para que negociara el pacto con las maras.
Funes aseguró en rueda de prensa que esa carta es falsa, rechazó «rotundamente las acusaciones del partido ARENA» y pidió a los salvadoreños no dejarse sorprender por este tipo de campañas sucias, burdas, llenas de mentira y de montajes.
El jefe de la bancada de ARENA, Donato Vaquerano, aseguró a los periodistas que las grabaciones «son reales (…), completamente veraces», y que prueban la implicación del Gobierno en el «pacto nefasto» de las pandillas.
Funes consideró la denuncia de ARENA como una cortina de humo ante la desventaja de su candidato, Norman Quijano, frente a Salvador Sánchez Cerén, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), para las próximas elecciones.
El gobernante afirmó que ARENA pretende «distraer la atención de la ciudadanía del caso de corrupción más sonado en los últimos tiempos», que en su opinión es la investigación al expresidente Francisco Flores (1999-2004) por haber recibido donaciones supuestamente irregulares de Taiwán.
La campaña electoral ha estado marcada principalmente por las denuncias de Funes contra ARENA por supuestos actos de corrupción de sus gobiernos (1989-2009), entre ellos el caso de Flores, al extremo que los opositores califican al mandatario de «activista» del FMLN, lo que el gobernante rechaza.
