Bagdad, 30 dic (EFE).- El desalojo policial de las acampadas de los suníes en la ciudad iraquí de Ramadi y los posteriores enfrentamientos, que causaron hoy al menos once muertos, derivaron en una crisis política con la dimisión de 44 diputados.
Irak se sumerge así en un nuevo conflicto entre los suníes y el Gobierno del chií Nuri al Maliki, que recuerda al desatado tras el desmantelamiento de otra protesta suní en abril pasado en Al Hueiya, en la provincia de Kirkuk, donde fallecieron 26 personas.
Los combates y los ataques de milicianos tribales contra las fuerzas de seguridad que siguieron a este desalojo se saldaron con decenas de muertos, lo que despierta ahora temores a otra espiral de violencia sectaria.
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La operación policial de hoy fue perpetrada ocho días después de que Al Maliki diera un ultimátum a los manifestantes suníes para que abandonaran la plaza.
El primer ministro denunció que la acampada de Ramadi, capital de la provincia de mayoría suní de Al Anbar, se había convertido en «una sede y tapadera» de la organización terrorista Al Qaeda.
Al menos once personas murieron y cuarenta resultaron heridas en los enfrentamientos armados que estallaron tras la irrupción policial, informó a Efe una fuente de la Policía de Ramadi.
Los choques entre las fuerzas de seguridad y combatientes tribales suníes se registraron principalmente en las ciudades de Ramadi y de Faluya, donde los manifestantes incendiaron también neumáticos para cortar las calles.
Las características de la operación policial fueron en un principio confusas, ya que la televisión oficial Al Iraquiya informó de que la policía estaba desmontando las tiendas después de alcanzar un acuerdo con los jeques tribales y la gobernación.
Sin embargo, testigos consultados por Efe señalaron que una gran fuerza compuesta por efectivos del Ejército y la Policía entró en Ramadi a bordo de tanques y vehículos blindados.
A finales de 2012, miles de iraquíes suníes iniciaron protestas masivas en varias ciudades del país para protestar por la marginación que dicen sufrir, y pedir la liberación de los detenidos sin cargos y la anulación de la ley antiterrorista.
Esas protestas acabaron convertidas en acampadas permanentes en las capitales de las provincias de mayoría suní, entre ellas Al Anbar, donde en las últimas dos semanas se han producido varios ataques graves contra altos mandos del Ejército iraquí.
El ministro de Defensa, Saadun al Duleimi, salió ileso el pasado 24 diciembre de un atentado contra su convoy, mientras que tres días antes el comandante de la séptima división del Ejército, Mohamed al Karawi, y otros catorce oficiales y soldados murieron en una emboscada de Al Qaeda en esa provincia.
La respuesta política al desalojo de las acampadas no se hizo esperar. Los 44 diputados de la coalición opositora «Mutahidun» (Unidos), de mayoría suní, renunciaron a sus escaños.
En una rueda de prensa, los parlamentarios exigieron la retirada del ejército de las calles y la liberación del destacado diputado opositor Ahmed al Aluani.
Al Aluani, conocido por su apoyo a las protestas de los suníes y sus críticas a Al Maliki, fue arrestado el pasado sábado en Ramadi, en una operación policial que se saldó con la muerte de su hermano y de tres de sus guardaespaldas.
«El país está en peligro y hay que tomar medidas urgentes», dijo el presidente del Parlamento iraquí, el suní Osama al Nuyaifi, que encabeza la coalición «Mutahidun».
Al Nuyaifi, que no presentó su dimisión, criticó que el Ejército en vez de defender las fronteras adopta «la estrategia de reprimir a los civiles».
«Han bautizado como guerra nacional contra el terrorismo lo que están haciendo nuestros militares en Ramadi y Faluya», denunció el presidente del Parlamento, que rechazó mantener el apoyo a Al Maliki mientras sigan reprimiendo las protestas.
La coalición «Mutahidun» ya culpó en septiembre pasado a Al Maliki por el rebrote de la violencia sectaria, al entender que el primer ministro pretende monopolizar la gestión de la seguridad.
Por su parte, el viceprimer ministro iraquí, Saleh al Matlak, pidió medidas «firmes» contra estos sucesos y alertó de que la situación política en Irak ha llegado a «un callejón sin salida».
