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República Dominicana llama a consultas a su embajador en Haití

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- República Dominicana llamó hoy a consultas a su embajador en el vecino Haití ante las acciones de esa nación, «en violación a la declaración conjunta firmada por ambas partes para la resolución de situaciones vinculadas a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional» local.

El canciller en funciones dominicano, José Manuel Trullols, reveló que su país tomó esa determinación en vista del «desconocimiento» por parte de Haití al acuerdo entre ambas naciones firmado la semana pasada en Venezuela.

Ese compromiso, destacó el funcionario, establece que ambos países acordaron «priorizar el diálogo antes de cualquier otra vía» para la resolución de situaciones relacionadas con las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional, que define los parámetros para acceder a la nacionalidad dominicana, y que Haití ha denunciado como una medida perjudicial para centenares de miles de ciudadanos haitianos residentes en República Dominicana.

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«En la reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada este martes en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la declaración conjunta, por lo que nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestro embajador en Haití para tratar este tema con el debido cuidado que amerita», detalló Trullols en un comunicado.

El funcionario se reunió hoy con el embajador de Haití en Santo Domingo, Fritz Cinéas, convocado de urgencia a la Cancillería para expresarle el desagrado dominicano.

«Queremos manifestarle que el Gobierno de la República Dominicana se siente altamente preocupado por el desconocimiento que ha demostrado el Gobierno haitiano a la declaración conjunta, firmada hace apenas unos días», afirmó el canciller en funciones locales.

En ese sentido, dijo que Haití ha emprendido acciones contrarias a esa declaración, como quedó evidenciado en la reciente reunión del Caricom.

A su juicio, «Haití ha roto lo acordado en la declaración conjunta y ha preferido tomar otro camino», tal como lo expresó hoy el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando anunció que el Gobierno dominicano no acudirá a una reunión con las autoridades haitianas, prevista para el fin de semana próximo en Caracas, Venezuela.

Trullols rechazó, además, las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, recogidas en la prensa nacional, las cuales dan cuenta de que éste desconoce lo acordado y toma distancia, bajo el argumento de que ha habido «una interpretación voluntaria por parte de algunos sectores de la sociedad dominicana».

Recordó que esa declaración conjunta fue rubricada por Montalvo y el canciller haitiano, Pierre-Richard Casimir.

«Ese comportamiento (el de Haití) es una desconsideración al Gobierno de Venezuela que ha interpuesto sus buenos oficios en busca de una mejor comprensión entre los países que integran Petrocaribe. El Gobierno dominicano entiende que bajo esas condiciones es muy difícil seguir dialogando con sus vecinos, en vista de que no se respetan los términos de lo acordado en la referida declaración», sostuvo Trullols.

Afirmó que el presidente dominicano, Danilo Medina, ha reiterado en numerosas ocasiones la decisión y plena disposición de diálogo y apertura del país con la comunidad internacional; al tiempo de enfatizar que el respeto a la soberanía de las demás naciones es un punto clave para esta decisión.

Las relaciones entre República Dominicana y Haití, que comparten la isla caribeña La Española, se han enfriado aceleradamente, tras la sentencia inapelable del Tribunal Constitucional dominicano, que rechaza el otorgamiento de la nacionalidad a los indocumentados y a sus descendientes, aunque hayan nacido en el país.

Esa decisión ha sido denunciada por Haití en varios organismos internacionales, ya que entiende que su aplicación convertiría en apátridas a centenares de miles de haitianos que viven en República Dominicana.

Este último país, sin embargo, ha negado ese discurso, al enfatizar que los haitianos irregulares residentes en su territorio solo tienen que acogerse a un plan nacional de regularización de extranjeros para legalizar su estatus, aunque exige a Haití que sea esa nación la que les otorgue la nacionalidad.

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- El Gobierno dominicano dijo hoy que no acudirá a la reunión pautada en Venezuela con representantes de Haití para conversar sobre la situación creada tras una sentencia que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros ilegales en el país, lo que perjudica a miles de descendientes de haitianos.

Así lo informó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien precisó que la reunión estaba convocada para el sábado.

«Entendemos que el Gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común y, en consecuencia, no acudiremos a la reunión», dijo Montalvo.

Haití «ha preferido tomar otro camino y eso pone fin a nuestras conversaciones, en estos momentos», afirmó el ministro.

Venezuela ha actuado como facilitador en los encuentros entre ambas naciones tras la polémica desatada por la sentencia emitida a finales de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC), que ha dividido la opinión pública local y ha sido rechazada por organismos dependientes de la ONU.

La Comunidad del Caribe (Caricom) anunció ayer que se posponen las negociaciones para la incorporación de República Dominicana a ese grupo regional a causa de la sentencia.

La presidenta de Caricom y primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, dijo tras una reunión celebrada en Puerto España para analizar el fallo judicial dominicano, que la primera medida aprobada es dejar en suspenso la negociaciones con Santo Domingo.

Persad Bissessar subrayó que la sentencia del TC cambia el escenario de la relación entre ese país y Caricom, aunque reconoció que los Gobiernos regionales han recibido cartas del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en las que aseguró que los afectados por la sentencia no serán deportados.

En tanto, el presidente de Haití, Michael Martelly, que participó en la reunión celebrada en Puerto España, indicó que no tiene mucha fe en la intención de República Dominicana de alcanzar una solución.

Anteriormente, en una carta enviada a Medina, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, había reclamado que la República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española, sea suspendida del Cariforum si aplica la sentencia del TC, lo que fue rechazado por la Cancillería dominicana.

En la carta Gonsalves explicó a Medina, que se ha puesto en contacto con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para recomendarle que la República Dominicana sea expulsada de esa alianza.

Además, Gonsalves recordó al gobernante que el 16 de diciembre hay prevista una cumbre de Petrocaribe en Caracas y le advertió de que si para entonces no está solucionada «satisfactoriamente» la cuestión de los descendientes de haitianos él mismo pondrá sobre la mesa esa controvertida decisión judicial.

La sentencia inapelable del TC fue emitida a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.

El TC argumentó que, de acuerdo a la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), no le corresponde la nacionalidad dominicana, y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.

En la República Dominicana hay 53.847 hijos de padres extranjeros, de un total de 117 nacionalidades, de los cuales 24.392 fueron inscritos de forma irregular, según el inventario realizado por la Junta Central Electoral (JCE) a los libros del registro civil.

Washington, 27 nov (EFE).- La CIDH realizará una visita ‘in loco’, a República Dominicana, del 2 al 6 de diciembre próximos, con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que podría dejar en situación apátrida a decenas de miles de personas en el país caribeño, según informó hoy la propia Comisión.

«Ésta será la séptima visita ‘in loco’ de la CIDH» al país, apuntó el organismo en un comunicado, en el que dejó claro que se produce a invitación de las autoridades y explicó que el objeto de la visita es «analizar la situación de los derechos humanos en República Dominicana en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad y la no discriminación».

«La Comisión Interamericana se entrevistará con autoridades gubernamentales, de los tres poderes del Estado, y se reunirá con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, tanto en Santo Domingo como en otras provincias al interior del país, con el interés de conocer con mayor profundidad los desafíos y avances en materia de derechos humanos y recibir denuncias», añadió.

La delegación que visitará el país centroamericano estará integrada por el presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco Henríquez; la primera vicepresidenta, Tracy Robinson; la segunda vicepresidenta, Rosa María Ortiz; y los Comisionados Felipe González, Dinah Shelton y Rose Marie Antoine.

También integran la delegación el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria; la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y personal de la Secretaría Ejecutiva.

Durante su visita, la CIDH establecerá su sede temporal en Santo Domingo.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, desde el lunes 2 hasta el jueves 5 de diciembre, en el horario de las 9.00 a las 19.00 horas locales.

Adicionalmente, el miércoles 4 de diciembre se recibirán denuncias en las provincias de Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana, anunció el organismo.

La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 6 de diciembre a las 11.00 de la mañana, en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo.

El Tribunal Constitucional resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país «en tránsito».

Las autoridades dominicanas aseguran que la sentencia ha abierto la vía a regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia, una cuestión que estaba pendiente desde 1929, según explicó recientemente a Efe el embajador de la República Dominicana en Washington, Aníbal de Castro.

La fuente explicó que la mayoría de los estados de la comunidad internacional no confiere automáticamente la nacionalidad en razón del «derecho del suelo» a los hijos de inmigrantes indocumentados, e insistió en que el proceso de naturalización permitirá a cualquier persona, que cumpla las condiciones, optar por la nacionalidad dominicana.

Con motivo de la entrada en vigor de la sentencia, a mediados de diciembre, la CIDH urgió a las autoridades del país a que se acelerase el proceso para llevar a cabo la visita, ya que resultaba conveniente antes de que se cumpliese el plazo de 90 días para la entrada en vigor de la sentencia.

De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).

La medida afecta principalmente a miles de personas de origen haitiano.

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