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El nuevo look de Fujimori aviva las dudas sobre su supuesta mala salud

Lima, 26 oct (EFE).- La salud del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien ha pedido cumplir su sentencia de 25 años en arresto domiciliario, está en tela de juicio ya que aunque en sus últimas apariciones ha aparecido débil y demacrado no han tardado en surgir las voces que consideran que se trata de una cuidada puesta en escena para conseguir su excarcelación.

En su comparecencia ante un juez este viernes, Fujimori volvió a presentarse con tensiómetro en mano al igual que el jueves de la semana pasada, cuando se tuvo que suspender el juicio que se le sigue por corrupción por sufrir un cuadro de hipertensión.

En la audiencia del viernes en la que el abogado de Fujimori pidió al juez que tenga «compasión» y ordene que cumpla en arresto domiciliario el resto de la condena a 25 años de cárcel que se dictó en su contra en 2009 por delitos de lesa humanidad, el expresidente volvió a lucir cabizbajo y se tomó la tensión en varias ocasiones.

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Las alegaciones de su abogado de que se trata de «un indefenso anciano» de 75 años, que puede sufrir recaídas en su salud no parece que calaran, y tanto el fiscal como el ministro de Justicia, Daniel Figallo, consideraron que Fujimori debe permanecer en prisión, ya que el arresto domiciliario solo procede cuando se trata de una detención preventiva.

No obstante, el juez convocó a una nueva audiencia para el próximo martes, en la que comunicará la decisión que tomará sobre el caso.

El nuevo aspecto desaliñado de Fujimori, que suele vestir traje y corbata en sus apariciones ante los tribunales, ha sido muy comentado en los medios de comunicación y sus detractores han denunciado que se trata de un show.

Sin embargo, los médicos de Fujimori han negado que el aspecto demacrado que ha presentado en los últimos días haya sido premeditado para inspirar compasión, y su defensa asegura que tiene numerosos problemas de salud.

Su hija Keiko citó entre los malestares de su padre, la presión alta, un cuadro de depresión diagnosticado por más de cinco médicos y una caída de su peso en «más de 22 kilos».

A las críticas de la semana pasada, Fujimori respondió con su ingreso en un hospital el pasado fin de semana que tampoco estuvo exento de polémica.

Si bien su abogado, William Castillo, dijo que había sido trasladado a una clínica local para un tratamiento de urgencia, las autoridades penitenciarias afirmaron que se debió a un control médico que tenía previamente programado para atender una otitis.

En medio de este cruce de declaraciones sobre el motivo real de su ingreso, el canal Frecuencia Latina divulgó un vídeo en el que se ve a Fujimori en bata discutiendo a viva voz con una enfermera a la que exigía que permitiera a todos los congresistas de su partido ingresar a visitarlo.

El aspecto frágil de Fujimori también contrasta con el entusiasmo que exhibe a través de Facebook y Twitter, que se han convertido en sus principales medios de comunicación y donde cuenta con miles de seguidores.

Fujimori cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el «autogolpe» de Estado que dio en abril de 1992.

En junio pasado, el mandatario peruano, Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori, al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y señaló que no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.

El próximo lunes, el exgobernante volverá a sentarse en el banquillo en la segunda audiencia del proceso que afronta por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero del Estado para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas.

Como todas sus comparecencias, la del lunes también se aguarda con suma expectación.

Lima, 26 oct (EFE).- Los familiares de las víctimas de las dos matanzas por la que fue condenado a 25 años de cárcel el expresidente peruano Alberto Fujimori anunciaron hoy que denunciarán al juez que ha aceptado revisar la solicitud de arresto domiciliario presentada por el exgobernante.

Gisella Ortiz, una de las representantes de los familiares, declaró a la agencia oficial Andina que la decisión del juez supremo Segundo Morales «carece de legalidad».

Precisó que presentarán una queja ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el organismo de control interno del Poder Judicial, porque Morales «se extralimitó en sus funciones».

«Lo grave es que haya jueces que admitan pedidos absurdos, carentes de legalidad, que deberían ser rechazados, dando una sensación de inseguridad a las víctimas de esa violencia», comentó.

El juez Morales celebró el viernes una audiencia en la que escuchó los argumentos de la defensa de Fujimori para solicitar que se cambie la prisión que cumple en un cuartel policial de Lima por el arresto domiciliario.

Durante esa presentación el fiscal ratificó el rechazo a ese pedido y recordó que la legislación peruana no permite el arresto domiciliario cuando se trata de personas ya sentenciadas.

A la audiencia no asistieron los abogados ni los deudos de las víctimas, que consideran una «afrenta» el pedido.

El abogado de Fujimori, William Castillo, le pidió al juez que tenga «compasión» y ordene que su defendido cumpla en arresto domiciliario lo que resta de la condena a 25 años de cárcel que se dictó en su contra en 2009 por delitos de lesa humanidad.

Al término de estas exposiciones, el juez Morales convocó a una nueva audiencia para el próximo martes, en la que comunicará la decisión que tomará sobre la solicitud.

Gisella Ortíz anunció hoy, al respecto, que los familiares también informarán a los organismos internacionales sobre la decisión del juez y recordó que el Estado peruano perdió una demanda por estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos «y hay un fallo que se tiene que cumplir».

«Periódicamente informamos sobre los avances o retrocesos, que se pueden producir, en el marco del cumplimiento de la sentencia», refirió.

Fujimori (1990-2000) cumple su sentencia en un cuartel policial al este de Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el «autogolpe» de Estado que dio en abril de 1992.

El exgobernante también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de diarios sensacionalistas.

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