Costa Rica pide a la CIJ medidas contra Nicaragua en el litigio de casi tres años

Por Publimetro Colombia

San José, 24 sep (EFE).- Costa Rica acudió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir nuevas medidas cautelares contra Nicaragua por la supuesta apertura de dos caños en un territorio en disputa, lo que supone un nuevo capítulo de un largo litigio que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

En octubre próximo se cumplirán tres años desde que Costa Rica denunció que su vecino había abierto un caño a través de la costarricense Isla Portillos o Isla Calero, misma zona donde la semana pasada, aparentemente, Nicaragua abrió dos caños más para conectar el fronterizo río San Juan con el mar Caribe.

En noviembre de 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y desde entonces las relaciones se han deteriorado con numerosas acusaciones verbales y múltiples notas de protesta.

El último capítulo de este conflicto ha ocurrido hoy con una nueva petición de Costa Rica para que la CIJ ordene medidas cautelares a Nicaragua, adicionales a las que dictó en marzo de 2011, cuando prohibió a ambos países ingresar a la zona de litigio con personal civil, policial, militar o gubernamental.

Costa Rica entregó hoy en la sede de la CIJ, en La Haya (Holanda), la petición para que “se suspenda todo trabajo de dragado o cualquier otro, y específicamente la cesación de cualquier tipo de trabajo en los dos caños artificiales adicionales”, aparentemente abiertos por Nicaragua.

Además, “que Nicaragua retire inmediatamente todo el personal, infraestructura y equipo que ha introducido” en el territorio en disputa y que permita a Costa Rica enviar funcionarios medioambientales para evaluar el daño causado y aplicar acciones de reparación.

El Gobierno costarricense denunció la semana pasada por medio de vídeos y fotografías aéreas y satelitales, que con al menos una draga de Nicaragua abrió dos nuevos caños para unir el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el Mar Caribe, a través de Isla Portillos o Isla Calero, cuya soberanía ambos países reclaman.

Además, denunció que en el sitio se encuentra lo que aparenta ser un campamento de militares nicaragüenses.

El Gobierno de Nicaragua, que siempre ha sostenido que ese territorio le pertenece, ha negado que haya abierto los dos nuevos caños que ha denunciado Cosra Rica y ha dicho que es posible que sean producto de las fuertes lluvias caídas en la zona.

El canciller costarricense, Enrique Castillo, quien se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó en un comunicado que su país no tiene ejército desde 1948 y que desde entonces ha apostado por el derecho internacional como método de defensa.

“Confiamos que con la irrefutable evidencia obtenida por Costa Rica, la Corte encuentre que en efecto las acciones de Nicaragua buscan imponer un hecho cumplido sobre Costa Rica y sobre la propia Corte”, dijo el canciller.

Según el gobierno costarricense, la apertura de caños supone un riesgo de “daño irreparable al medio ambiente y ecología del territorio en disputa” y es posible que “se varíe el curso del río San Juan, incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al Mar Caribe”.

En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, acusó a Nicaragua de pretensiones expansionistas y de tener una “creciente política de armamentismo”.

“Es urgente que se establezcan procedimientos para garantizar el acatamiento de todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), incluido la imposición de medidas cautelares”, dijo la presidenta costarricense ante el pleno de la Asamblea General.

Chinchilla aseguró que Costa Rica es un “firme creyente” del derecho internacional, una actitud que contrasta con el “irrespeto absoluto” de Nicaragua a las normas más elementales de la conducta y convivencia entre los Estados.

En Costa Rica, país de 4,7 millones de habitantes, viven al menos 400.000 nicaragüenses que emigraron de su país y que trabajan, principalmente, en labores agrícolas, de construcción y domésticas.

Managua, 24 sep (EFE).- Un alto dirigente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no descartó hoy que detrás de las acusaciones de Costa Rica contra Nicaragua se esconda un interés de San José por restablecer sus fuerzas armadas, abolidas desde 1948.

“Los ticos (costarricenses) creo que están montados en una falacia con una única razón: volver a militarizar Costa Rica”, dijo a periodistas el secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Jacinto Suárez.

“La estrategia de Costa Rica es esa, decir que la pobre Costa Rica, agredida por Nicaragua, necesita armarse”, opinó Suárez, también titular de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Costa Rica acudió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir nuevas medidas cautelares contra Nicaragua por la supuesta apertura de dos canales (caños) en un territorio en disputa, lo que supone un nuevo capítulo de un largo litigio que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

La CIJ tramita en un solo caso una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por invasión de territorio y daños ambientales en una porción de territorio que ambos reclaman como propia en el Caribe, y otra en la que Managua acusa a San José de causar daños ambientales al río San Juan, que en un tramo sirve de frontera común.

En noviembre de 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua ante la CIJ y desde entonces las relaciones se han deteriorado con numerosas acusaciones verbales y múltiples notas de protesta.

“Para la creación de un ejército se necesita crear un enemigo fantasma, (porque) no tienen (enemigos), no existe. Entonces están inventando a Nicaragua”, continuó el legislador sandinista.

Según Suárez, el expresidente costarricense Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, “dejó pendiente la creación de un ejército”.

Asimismo, rechazó que Nicaragua esté agrediendo a Costa Rica y, por el contrario, dijo, ha acudido al derecho internacional para zanjar las diferencias.

“Creo que (la militarización) es la única razón para mentir tanto, engañar tanto y portarse tan agresivos por cosas que pueden ser resueltas en el marco de la ley y la diplomacia”, insistió Suárez, quien argumentó que el canciller costarricense, Enrique Castillo, se ha referido al tema.

“Creo que los pasos de Costa Rica van hacia eso, entonces el fantasma que ellos esgrimen es el fantasma nicaragüense”, agregó.

Castillo, quien se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, expresó en un comunicado que su país no tiene ejército desde 1948 y que desde entonces ha apostado por el derecho internacional como método de defensa.

En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, acusó a Nicaragua de pretensiones expansionistas y de tener una “creciente política de armamentismo”.

Chinchilla aseguró que Costa Rica es un “firme creyente” del derecho internacional, una actitud que contrasta con el “irrespeto absoluto” de Nicaragua a las normas más elementales de la conducta y convivencia entre los Estados.

En Costa Rica, país de 4,7 millones de habitantes, se calcula que viven al menos 400.000 nicaragüenses que emigraron de su país y que trabajan, principalmente, en labores agrícolas, de construcción y domésticas.

Managua, 24 sep (EFE).- La embajadora estadounidense en Managua, Phyllis Powers, dijo hoy que su país espera que Colombia, Costa Rica y Nicaragua resuelvan sus disputas fronterizas en el marco del derecho internacional y de manera pacífica.

“Eso es un asunto bilateral (el litigio entre Costa Rica y Nicaragua) y, como siempre, lo que mi gobierno quiere es que los dos gobiernos, cualquier gobierno, actúen bajo la ley y resuelvan sus diferencias en una manera pacífica, con las leyes internacionales”, dijo la diplomática, al ser consultada por periodistas en Managua.

Costa Rica acudió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para pedir nuevas medidas cautelares contra Nicaragua por la supuesta apertura de dos caños (canales) en un territorio en disputa, lo que supone un nuevo capítulo de un largo litigio que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

La CIJ tramita en un solo caso una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por invasión de territorio y daños ambientales en una porción de territorio que ambos reclaman como propia en el Caribe, y otra en la que Managua acusa a San José de causar daños ambientales al río San Juan.

En noviembre de 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua ante la CIJ y desde entonces las relaciones se han deteriorado con numerosas acusaciones verbales y múltiples notas de protesta.

Consultada si Colombia debe respetar una sentencia de la CIJ que definió los límites marítimos con Nicaragua en el Caribe, la embajadora estadounidense dijo que “todos los países que usan la Corte Internacional tienen sus entendimientos de lo que eso significa”.

“Eso es asunto bilateral. Ellos van a resolver bajo las leyes internacionales”, continuó la diplomática, tras participar en la inauguración de la Conferencia Internacional de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para Gobernabilidad.

Nicaragua demandó la semana pasada a Colombia ante la CIJ en un intento de que ese tribunal con sede en La Haya le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe, con base en los límites definidos en una sentencia del 19 de noviembre pasado.

En un fallo dictado ese día, la CIJ definió los límites en el Caribe entre ambos países y dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.

También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha supeditado la aplicación del fallo del máximo tribunal de la ONU a que “se celebre un tratado” bilateral “que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado” en la Constitución colombiana.

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