Paramaribo, 30 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró hoy que «ningún grupo» conseguirá enfrentarlo con su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, y señaló que tratará de solucionar con ella, a través del diálogo y con «madurez política», la crisis diplomática abierta entre ambos países.
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«Tantos problemas se presentan (con Brasil) y hemos resuelto. Hemos resuelto mediante el diálogo directo a veces de presidente a presidente. Vamos a buscar ese camino por supuesto», prometió Morales en una conferencia de prensa en Paramaribo, donde participa en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
A su juicio, existen «algunos grupos en Brasil que nos quieren enfrentar con la compañera Dilma», pero «no van a poder», porque «somos presidentes electos por su pueblo» y existe una «madurez política» en ambas partes.
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Ambos mandatarios tiene previsto reunirse hoy para tratar el conflicto abierto a raíz de la salida de Bolivia del senador Roger Pinto, que estaba asilado en la embajada de Brasil en La Paz desde mayo de 2012, sin el respectivo salvoconducto y con la complicidad de un diplomático brasileño.
Pinto logró salir de Bolivia y entrar en Brasil el pasado sábado, lo que provocó la renuncia del hasta entonces canciller brasileño, Antonio Patriota.
El presidente boliviano pidió el miércoles que el Gobierno brasileño mande a Pinto de regreso a Bolivia para que responda por las acusaciones de corrupción en su contra.
El Gobierno boliviano ha exigido «explicaciones» a Brasil por la salida del país del senador, a quien ha calificado de «prófugo», ya que fue condenado en un proceso por corrupción y enfrenta otros casos, pero al mismo tiempo ha asegurado que este episodio no afectará las «estrechas» relaciones entre ambos países.
«Yo no tengo que juzgar al embajador o exembajador de Brasil en Bolivia. Es un tema interno de Brasil (…) y quiero ser muy responsable. Ahora, nosotros nunca jamás hemos considerado que era un asilado político. Repito nuevamente: era un delincuente que tiene que ser juzgado por la Justicia», defendió Molares.
El mandatario pidió a los países que dan cobijo a «delincuentes que tienen que ver en temas de corrupción» y «que se nos escapan», especialmente de «Bolivia hacia EE.UU.».
«Es importante que todos los gobiernos, no sólo de Sudamérica, América Latina y el Caribe, sino que del mundo entero, contribuyan a la lucha contra la corrupción», dijo.
Según apuntó, «a veces la clase política se desgasta porque en algunos países hay abusos de poder y corrupción», pero «ningún Gobierno puede proteger ni encubrir a corruptos».
«Nuestro gran interés es por supuesto que por la vía jurídica (…) o qué mejor la política, los devuelvan y se sometan a la Justicia boliviana. Eso es lo que quiere el Gobierno nacional», defendió.
Morales detalló que el encuentro previsto entre ambas partes para hoy no es sólo para abordar este tema, sino que hay «otros temas y acuerdos que revisar».
Por lo que se refiere al conflicto que Ecuador mantiene con la petrolera Chevron por un caso medioambiental que se prolonga ya por cerca de dos décadas y que la petrolera ha llevado a una corte internacional de arbitraje, Morales dijo «admirar la lucha justa» del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
«¿Quiénes no somos víctimas de las trasnacionales?», se preguntó el mandatario boliviano durante la conferencia de prensa, en la que expresó «toda» su «solidaridad y apoyo» con el gobierno ecuatoriano.
Al respecto indicó que «no es posible que las empresas, petroleras en especial, estén por encima de nuestras constituciones y políticas de Estado. No lo aceptaremos».
Además, lamentó, aunque «casi siempre que nos hemos enfrentado a las trasnacionales hemos ganado», cuando «nos llevan a tribunales internacionales para someternos a procesos siempre ganan las empresas, nunca Estados. Es un engaño».
«Los inversionistas del exterior o de Europa o de EE.UU. lo primero que quieren es seguridad jurídica para la plata y para la empresa y no para la patria ni para el pueblo», criticó Morales.
Por ello, abogó por la idea de que Unasur debata sobre cómo garantizar que «países o inversores que vengan de fuera respeten nuestras normas nacionales primero».