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Brasilia, 27 ago (EFE).- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, condenó hoy la forma en que el senador Roger Pinto logró salir de Bolivia, con la complicidad brasileña, pero no aclaró el destino del legislador, que ahora deberá regularizar su situación en el país.
En su primera declaración pública sobre el conflicto que llevó a la renuncia del canciller brasileño Antonio Patriota, Rousseff tildó hoy de «inaceptable» que el senador boliviano haya salido de su país y llegado a Brasil sin un salvoconducto del Gobierno de Evo Morales, pues eso podría haber puesto en peligro su vida.
«Un país civilizado y democrático protege a sus asilados, a los que debe garantizar la seguridad, sobre todo en relación a su integridad física», dijo Rousseff, quien apuntó que «jamás se podría aceptar» que Pinto abandonase su país sin un salvoconducto del Gobierno boliviano, pues «se podía poner en riesgo su vida».
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Rousseff no hizo ninguna mención al destino del senador, quien según dijeron hoy fuentes oficiales deberá regularizar su situación en Brasil.
Pinto, quien se dice perseguido por el Gobierno de Evo Morales, estaba asilado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo del 2012 y abandonó esa legación el pasado viernes en un coche oficial escoltado por soldados brasileños y ayudado por el encargado de negocios, Eduardo Saboia.
Fue trasladado hasta la ciudad brasileña de Corumbá, desde la que se desplazó luego a Brasilia.
Sobre la escolta oficial que recibió en su traslado hasta esa ciudad fronteriza, el Ministerio de Defensa aclaró hoy que «los militares participaron del viaje tras haber sido convocados por el encargado de negocios de la embajada» y aseguró que no fue informado de que se realizaría el traslado.
El senador boliviano, que está acusado por diversos asuntos de corrupción, salió sin el necesario salvoconducto, lo que provocó una dura queja de Bolivia, que espera «explicaciones» en medio de un serio conflicto diplomático.
Pinto había anunciado que hoy haría una «visita de cortesía» a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, invitado por el presidente de ese grupo, Ricardo Ferraço, quien colaboró con su salida de Bolivia.
Sin embargo, el propio Ferraço informó sobre la cancelación de la visita, pues Pinto «no quiere estirar la cuerda en un embate político después de la renuncia de Patriota».
Eso fue confirmado por el abogado de Pinto, Fernando Tibúrcio, quien dijo a Efe que, tras conversar con su cliente, acordaron que «no era conveniente» que acudiera al Senado, sobre todo después de la dimisión del canciller.
Aunque logró salir de Bolivia, Pinto ahora deberá regularizar su situación en Brasil, pues permanecía en la embajada brasileña en La Paz como «asilado diplomático», pero perdió ese estatus cuando salió de esa legación, explicó el abogado general del Estado, Luis Eduardo Adams.
«Tenía asilo diplomático en la embajada, pero ya en Brasil debe iniciar un nuevo proceso, pues asilo político territorial no se le ha concedido», indicó.
Según Adams, Pinto ahora deberá presentar una nueva solicitud de asilo político territorial o introducir un pedido de refugio, pues de otro modo no podrá permanecer en Brasil de forma legal.
Fuentes diplomáticas consultadas por Efe aseguraron que Pinto ya presentó la solicitud de refugio, el pasado sábado, cuando ingresó al país por Corumbá.
En ese caso, las solicitudes las tramita el Consejo Nacional de Refugiados (Conare), organismo del Ministerio de Justicia que trabaja bajo una estricta confidencialidad y que hoy declinó confirmar si efectivamente Pinto hizo ese pedido.
El asilo se otorga en los casos en que se comprueba que existe una persecución política y debe ser aprobado por la Presidencia de la República, por lo que, en este caso, la decisión debería ser de Rousseff.
El refugio es más amplio, puede ser otorgado por diversas razones y depende de una decisión autónoma de la Conare.
Ese organismo pudiera tener ahora en sus manos el destino del senador Pinto, quien si no obtiene el refugio tendría como última alternativa solicitar asilo político a la presidenta Rousseff y, en caso de una negativa, se vería forzado a salir de Brasil.
Brasilia, 27 ago (EFE).- Legisladores brasileños visitaron hoy la embajada de Bolivia en Brasilia para expresar su rechazo a la forma en que el senador Roger Pinto abandonó su país, que calificaron de «clara violación de la soberanía boliviana».
Los parlamentarios, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fueron recibidos por el embajador boliviano, Jerjes Justiniano, quien dijo a periodistas que hoy se reunió con autoridades de la Cancillería brasileña para discutir el caso.
Aunque declinó ofrecer detalles sobre lo tratado, aseguró que fue una «buena» reunión.
«Bolivia espera explicaciones y, luego, una vez que las tenga, tal vez tenga alguna exigencia», declaró el diplomático.
Pinto, quien estaba asilado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo del 2012, abandonó esa legación el pasado viernes en un coche oficial escoltado por soldados brasileños y fue trasladado en forma clandestina hasta la ciudad brasileña de Corumbá, desde la que se desplazó luego a Brasilia.
El senador boliviano, que está acusado por diversos asuntos de corrupción, salió sin el necesario salvoconducto, lo que provocó una dura queja de Bolivia y un conflicto diplomático que este lunes causó la dimisión del canciller brasileño, Antonio Patriota.
La renuncia fue inmediatamente aceptada por la presidenta Dilma Rousseff, quien nombró para suceder a Patriota al diplomático Luiz Alberto Figueiredo, hasta ahora representante del país ante la ONU.
«Es un asunto muy grave, al punto de que provocó la caída de un ministro», declaró el embajador boliviano, quien dijo «confiar» en que Brasil podrá ofrecer las explicaciones que exige el Gobierno de Evo Morales.
Según el diputado Claudio Puty, del PT, la investigación que ha iniciado Brasil debe «llegar hasta las últimas consecuencias», pues se trató de «una fuga financiada con los cofres públicos», en la que se usaron coches oficiales de la embajada brasileña.
El diputado Iván Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), aseguró que la complicidad brasileña en la salida de Pinto de su país «supuso una violación de tratados internacionales» y una «afrenta al Estado boliviano».
Valente, quien es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo que ese grupo convocará al nuevo ministro de Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, al titular de Defensa, Celso Amorim, y autoridades de la Policía Federal para que declaren sobre el caso.
Según el senador Randolfe Rodrigues, también del PSOL, se trató de un «episodio lamentable» por el cual Brasil le «debe disculpas» al Estado boliviano.
Los legisladores dijeron que, en visitas oficiales a La Paz, constataron que en la embajada había «un clima de belicosidad» con el Gobierno boliviano y que trasladaron esa denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo caso omiso de ellas.
En su primera declaración pública sobre el asunto, Rousseff tildó hoy de «inaceptable» la salida de Pinto sin el debido salvoconducto.
«Un país civilizado y democrático protege a sus asilados, a los que les debe garantizar la seguridad, sobre todo en relación a su integridad física», dijo Rousseff, quien apuntó que «jamás se podría aceptar» que Pinto abandonase su país sin un salvoconducto, pues «no se podía poner en riesgo su vida».
La Paz, 27 ago (EFE).- Las reacciones en el Gobierno de Brasil sobre el caso del senador opositor Roger Pinto confirman la postura boliviana de que se trata de un «fugitivo» que ingresó ilegalmente en territorio brasileño para eludir a la justicia, afirmó hoy a Efe el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero.
Argumentó que esas reacciones dan cuenta de una ruptura en la cadena de mando en las estructuras jerárquicas de Brasil porque la decisión de un diplomático brasileño de trasladar a Pinto desde La Paz a su país supuestamente no contó con un aval de las autoridades superiores de Brasilia.
Enfatizó que esas posturas y la «vulneración de convenciones internacionales», dado que existen órdenes judiciales que impedían salir a Pinto de su país, confirman el planteamiento de Bolivia «en sentido de que el señor Pinto es un fugitivo de la justicia».
Romero también destacó que el Ministerio de Defensa de Brasil aclarara hoy que ningún oficial autorizó que dos fusileros navales escoltaran a Pinto hasta la frontera para facilitarle la salida de Bolivia sin el debido salvoconducto.
El encargado de Negocios de la embajada de Brasil en La Paz, Eduardo Saboia, y los fusileros navales trasladaron en un vehículo diplomático a Pinto por carretera desde La Paz a la ciudad brasileña de Corumbá entre el viernes y el sábado pasados.
Saboia argumentó razones humanitarias para poner fin al encierro de 454 días de Pinto en la embajada brasileña, donde gozaba de asilo desde el 28 de mayo de 2012, cuando ingresó a la legación afirmando que era un perseguido político por el Gobierno de Evo Morales.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, calificó hoy de «inaceptable» que Pinto haya salido de su país y llegado a Brasil sin un salvoconducto del Gobierno boliviano, pues eso podría haber puesto en peligro su vida.
La salida de Pinto de la embajada brasileña en La Paz provocó el lunes la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota.
Romero dijo no hubo «ningún hecho objetivo que haya amenazado la seguridad» de Pinto e insistió en que el opositor no es un perseguido político, sino una persona con denuncias en su contra por supuesta corrupción por una suma de 2,5 millones de dólares.
El ministro también reafirmó que el caso Pinto es «un tema de orden jurídico que no merece una salida política» y ratificó que el Gobierno boliviano está a la espera de que la Fiscalía del país oficialice ante la Interpol una solicitud de captura internacional.
De esa forma, agregó, se puede hacer «que esta persona retome su comparecencia ante los órganos judiciales» en Bolivia.
