Australia duda de los fines científicos de Japón en la caza de ballenas

Por Publimetro Colombia

La Haya, 26 jun (EFE).- Australia dudó hoy en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de los fines científicos del programa de investigación con el que Japón autoriza la caza de ballenas en la Antártica, y aseguró que los objetivos nipones violan resoluciones legales internacionales y persiguen fines comerciales.

“Australia se opone a cualquier forma de caza de ballenas con fines comerciales bajo la pantalla de búsqueda científica”, indicó el vocal de la delegación australiana Bill Campbell en su alegato ante los jueces de la CIJ.

El alto tribunal inició hoy una serie de audiencias en las que Australia y Japón presentarán sus argumentos en el contencioso que les enfrenta ante ese tribunal de la ONU, con sede en La Haya.

Campbell sostuvo hoy que el programa de investigación japonés “simplemente no es ciencia”, al tiempo que puso en tela de juicio que se apliquen métodos científicos como la propuesta de hipótesis y la respuesta sistemática, con revisiones periódicas de las mismas.

Japón abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó un año después bajo un programa con fines científicos (JARPA II) autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.

“El objetivo de ese programa es mantener la producción comercial de la industria ballenera” de Japón, aseguró también en la sala del alto tribunal el jurista de la delegación australiana Justin Gleeson.

Australia, que presentó la demanda contra Japón en mayo de 2010, acusa a este país de violar la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW, por sus siglas en inglés), firmada en 1946 para promover la conservación de estos mamíferos y desarrollar la industria ballenera de manera sostenible.

Para las autoridades australianas, Japón transgrede específicamente su obligación de cumplir el mandato de moratoria total de la caza con fines comerciales que entró en vigor en 1986.

Tokio defiende que su programa está amparado por el artículo VIII de la Convención de 1946, que permite la caza de ballena con fines científicos.

“El artículo VIII concede permisos solamente en circunstancias especiales, para investigaciones nacionales identificadas y con objetivos bien definidos”, sostuvo el jurista Gleeson, que negó el “uso de estadísticas” y la aplicación de métodos científicos por parte de Japón.

Australia también criticó que el programa de investigación japonés tenga un carácter indefinido, basándose tan solo en “el control de los cambios en el ecosistema antártico”.

“La ciencia obliga a plantear preguntas, proponer hipótesis y métodos para probar esas hipótesis pero Japón no se ha planteado esas cuestiones”, añadió el jurista.

Tras los primeros alegatos de Australia, el portavoz de la representación japonesa, Noriyuki Shikata, dijo a Efe que “el programa de Japón tiene una base científica, por lo que las reclamaciones australianas son un despropósito”.

Shikata incidió en que “Japón está preparado para discutir contenidos de nuestro programa de investigación y demostrar que se ajusta al tratado” de 1946.

También cazan ballenas o delfines para aprovechar su carne Noruega, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia.

Las audiencias en este contencioso, en el que además interviene Nueva Zelanda, se prolongarán hasta el próximo 16 de julio.

La decisión de la CIJ, además de solucionar la disputa entre las partes, creará un precedente que servirá como marco jurídico para la interpretación de la ICRW.

Sídney (Australia), 26 jun (EFE).- Australia prepara en el Tribunal de la Haya la defensa de su demanda contra la caza de ballenas en la Antártida que realiza cada año la flota japonesa, cuyas vistas orales se inician hoy.

“Estamos muy complacidos en haber llegado a este punto a tiempo”, declaró Bill Campbell, representante australiano ante la Corte Internacional de Justicia, a la cadena local ABC.

El jurista internacional aseguró que el Gobierno de Camberra “ha hecho un enorme esfuerzo para asegurarse de que se hará lo mejor” en este caso, aunque no desveló los puntos fuertes de la argumentación que ha preparado para las vistas.

Australia presentó en 2010 una demanda ante el máximo órgano judicial de la ONU al considerar que el programa científico de Japón en la Antártida, a través del cual justifica la captura de cetáceos, esconde fines comerciales y viola las convenciones internacionales y las obligaciones de preservar el hábitat marino.

Campbell señaló que Japón usa en su programa científico el mismo tipo de barcos y tripulación utilizados en las antiguas actividades comerciales de caza de ballenas cuando aún estaban permitidas.

El agente australiano subrayó que la cuota de captura de cetáceos en la Antártida, que incluye la pesca anual de 935 ballenas “minke”, tiene “niveles comerciales” al recordar que varios productos que utilizan estos mamíferos como materia prima se venden en los mercados nipones.

En los restaurantes japoneses, por ejemplo, se continúa ofertando carne de ballena, aunque su consumo ha caído con fuerza desde las 230.000 toneladas que se consumieron en 1962 hasta las 4.200 toneladas de consumo estimadas en 2009.

Japón abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó un año después bajo un programa con fines científicos autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.

Japón, uno de los principales socios de Australia, argumenta que su caza anual de ballenas es legal bajo el artículo 8 de la Convención Internacional para la Regulación de Caza de Ballena, que permite a los gobiernos la captura de cetáceos con fines científicos.

“Japón está obedeciendo estrictamente esa convención”, indicó Nori Shikata, portavoz japonés en el Tribunal Internacional para este caso, a la ABC.

Las audiencias públicas en el Tribunal de La Haya, cuyo inicio está previsto para las 8.00 GMT y que se celebrarán hasta el 16 de julio, incluirán la “intervención” de Nueva Zelanda a favor de la demanda australiana.

La Corte Internacional de Justicia tiene previsto emitir su fallo a finales de este año, sin derecho a la apelación, por lo que las audiencias orales suponen el último esfuerzo de las partes para defender sus posiciones. EFE

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