San Salvador, 25 may (EFE).- La Corte de Cuentas de El Salvador está semiparalizada desde hace más de dos meses por un fallo judicial, situación «conveniente» para sectores públicos que no quieren que se les fiscalice, según las organizaciones civiles.
El Parlamento no ha elegido a los nuevos miembros de la Corte de Cuentas de la República (CCR) aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó hacerlo al anular la designación anterior mediante dos fallos, en enero y marzo pasados.
«Estamos operando cuasi normalmente», resumió ante la prensa el presidente de la CCR, Gregorio Sánchez, quien tras las sentencias de la Sala renunció, al igual que los otros dos magistrados, pero sigue en el cargo con funciones limitadas para no incurrir en ilegalidades, según argumentó.
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Sánchez dijo que, debido a la inactividad en que ha caído, la CCR tiene unos 150 procesos de fiscalización «que no se están tramitando» y de «25 a 30 solicitudes de finiquito que no se han otorgado» a funcionarios o ex funcionarios.
Además, «ciertos plazos de adjudicaciones (de licitaciones públicas) se están agotando» sin que la CCR pueda avalarlas, indicó Sánchez, quien advirtió de que la situación podría agravarse si no se elige a los nuevos miembros del organismo.
Diversos sectores, desde la Iglesia católica hasta gremios empresariales, han demandado a la Asamblea Legislativa que elija de nuevo a los magistrados de la CCR, pero el asunto sigue fuera de la agenda parlamentaria.
Es «una responsabilidad de la Asamblea Legislativa esta situación de acefalia que tiene la Corte de Cuentas», dijo a Efe el subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Abraham Ábrego.
«Hay que repetir la elección» de los miembros de la CCR «en acatamiento de la sentencia» de la Sala, remarcó.
Ábrego comentó que para los partidos políticos «siempre han sido un coto de caza las instituciones de control, para que no funcionen adecuadamente», por lo que nombran en ellas a «funcionarios que estén bajo el control partidario y que no vayan a tocar algún interés» particular.
«Entonces, el hecho de que la Corte de Cuentas no funcione es conveniente para los que no quieren que haya control» de sus actividades en el Gobierno, puntualizó el subdirector de FESPAD.
La acefalia del ente fiscalizador se remonta al 21 de marzo pasado, cuando la Sala de lo Constitucional anuló la segunda elección de la CCR hecha por la Asamblea Legislativa, casi dos meses después de que ese tribunal, el 24 de enero, anulara la primera designación, de 2011, con un mandato hasta 2014.
La Sala reiteró en su segundo fallo los argumentos del primero, entre ellos que los magistrados de la CCR no deben tener militancia política y deben cumplir los requisitos de «honradez y competencia notorias» establecidos en la Constitución.
También reafirmó que en el momento de la elección en 2011 había «investigaciones abiertas» contra los magistrados «por diferentes motivos» en la Fiscalía General, las procuradurías General y de Derechos Humanos, y hasta en la misma CCR.
El Supremo anuló la segunda elección por considerar que el Parlamento incumplió la primera sentencia al ratificar a Sánchez como presidente de la CCR y al primer magistrado, Javier Bernal, mientras que Silvia Aguilar fue elegida como segunda magistrada en sustitución de Andrés Rovira, que rechazó la ratificación.
Tras el segundo fallo, Sánchez y Bernal renunciaron a su cargo, pero días después dijeron a la prensa que seguirían en sus puestos, aunque no tomarían decisiones para no incurrir en ilegalidades.
Aguilar renunció posteriormente y, al contrario de Sánchez y Bernal, sí abandonó la CCR.
La Sala de lo Constitucional ha dictado en los últimos meses otros fallos polémicos, como la anulación de la elección de 20 magistrados de la CSJ, que generó una crisis institucional en 2012.
Asimismo, la Sala anuló el pasado día 17 el nombramiento del exministro de Seguridad y del exjefe de la Policía David Munguía Payés y Francisco Salinas, respectivamente, por ser militares.
