Toronto (Canadá), 27 feb (EFE).- El Gobierno canadiense se vio obligado a defender de nuevo hoy al Senado, acosado por escándalos financieros y el comportamiento de algunos legisladores, lo que ha provocado una crisis sin precedentes hasta el punto de que muchos quieren la abolición de la Cámara Alta del Parlamento.
El primer ministro canadiense, Stephen Harper, fue cuestionado hoy un día más en la Cámara Baja del Parlamento sobre los escándalos que salpican al Senado canadiense y especialmente a un grupo de legisladores nombrados por el Gobierno en los últimos años.
Harper respondió a las críticas con una defensa de la actuación de su Gobierno y aprovechó para solicitar la reforma del Senado.
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«Todos los senadores cumplen los requisitos de residencia, por eso son nombrados al Senado, y esos requisitos han sido claros desde hace 150 años. Reconocemos que se tiene que reformar el Senado, incluida la limitación del mandato de los senadores y alentar la elección democrática del Senado», dijo Harper.
El acoso al Senado se inició hace varias semanas cuando medios de comunicación locales revelaron que varios de los senadores «estrella» nombrados por Harper en los últimos años habían recibido decenas de miles de dólares de ayuda de vivienda y viaje cuando no les correspondían.
Los 105 senadores canadienses tienen derecho a ser compensados por los viajes que realizan y por los gastos de vivienda en que incurren si su residencia principal está situada a más de 100 kilómetros de Ottawa, donde se encuentra el Parlamento canadiense.
El problema para Harper es que al menos tres senadores conservadores, Mike Duffy, Pamela Wallin y Patrick Brazeau, dijeron que no residen en Ottawa, y por lo tanto recibieron de forma conjunta centenares de miles de dólares en concepto de reembolsos, cuando es un secreto a voces que sí viven en la capital canadiense.
Duffy y Wallin son dos antiguos periodistas de televisión que han desarrollado la mayor parte de su vida profesional en Ottawa, pero que han sido nombrados senadores por sus dos provincias de origen, Nueva Escocia y Saskatchewan, respectivamente.
En el caso de Duffy, durante semanas protagonizó escenas casi cómicas, como utilizar las puertas traseras de restaurantes, para intentar evitar a los medios de comunicación a la vez que aseguraba que su principal residencia era un chalé en Nueva Escocia.
Finalmente, la semana pasada, Duffy dijo que se había «equivocado» al señalar su residencia principal porque los formularios del Senado «son muy complicados» y ofreció devolver el dinero recibido.
De forma paralela, Brazeau, el senador más joven con 38 años y antiguo líder indígena, fue arrestado por la policía y acusado de agresión y asalto sexual contra su expareja.
Tras su arresto, Brazeau fue expulsado del Partido Conservador, aunque mantiene su puesto como senador.
El supuesto fraude financiero perpetrado por los senadores ha puesto a la defensiva a Harper, entre otras razones porque en teoría los senadores tienen que residir en su provincia lo que ni Duffy ni Wallin ni Brazeau parecen cumplir.
Además, Harper llegó al poder prometiendo reformar el Senado y no nombrar a ningún senador que no fuera elegido democráticamente.
En el sistema parlamentario canadiense, los senadores, que representan a las provincias y territorios del país, son nombrados a dedo por el primer ministro lo que ha sido utilizado por el partido en el poder para recompensar a individuos que se han destacado por su apoyo partidista.
Mientras estaban en la oposición, Harper y los conservadores criticaron el nombramiento de senadores por parte de los previos Gobiernos liberales y calificaron la esencia de la Cámara Alta como «antidemocrática» porque sus miembros no son elegidos por votación y tienen garantizado su puesto hasta los 75 años de edad.
Y aunque Harper aseguró que no nombraría senadores, desde que llegó al poder en 2006 ha colocado en el Senado a 58 individuos, todos conservadores, más que ningún otro gobernante en la historia del país.
En la actualidad, la Cámara Alta está compuesta por 64 conservadores, 36 liberales y cuatro independientes.
Los ataques lanzados durante años por el Partido Conservador contra el Senado y los actuales escándalos han dañado la imagen de la Cámara Alta a los ojos de muchos canadienses.
El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), el principal grupo de la oposición, ha demandado la abolición del Senado. Una idea que está ganando tracción.
Según una encuesta publicada la semana pasada, un 36 % de los canadienses está de acuerdo con el NPD y quiere la abolición del Senado. Sólo un 22 % está contento con el órgano mientras que un 42 % preferiría su reforma, 15 puntos porcentuales menos que en 2007.
