HRW critica en su informe 2013 las políticas de EEUU contra los inmigrantes

Washington, 31 ene (EFE).- El grupo humanitario Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en su informe anual de 2013 que EE.UU. encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo, y continúa la detención de inmigrantes no peligrosos, la pena de muerte y «prácticas abusivas» en su centro penal de Guantánamo.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en 14 países del continente americano, HRW destaca que las víctimas de abusos en EE.UU. suelen ser grupos «vulnerables» como los inmigrantes, minorías raciales y étnicas, niños, ancianos, pobres y presos.

A lo largo de ocho páginas, el análisis critica que EE.UU. «encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo», con una población carcelaria en 2010 de 1,6 millones de personas, y la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, con 500 reclusos por cada 100.000 habitantes.

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«La pena de muerte, las condenas a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional para menores de edad, y el confinamiento solitario son habituales y se caracterizan a menudo por las disparidades raciales», subraya HRW.

Además, un número creciente de inmigrantes están en centros de detención pese a que muchos «no plantean ningún peligro ni riesgo de fuga», agrega.

Así, EE.UU. ha registrado un aumento «drástico» en los procesos penales federales por el ingreso y reingreso ilegal en el país. En 2011, se enjuició a más de 34.000 personas por haber entrado ilegalmente, y a más de 37.000 por reincidir en el delito.

De hecho, «volver a entrar ilegalmente en el país es el delito federal más enjuiciado en la actualidad. Muchos de los enjuiciados por estos delitos tienen antecedentes penales menores o ningún antecedente, y están sustancialmente ligados a EE.UU.», precisa HRW.

En el año fiscal 2012, EE.UU. registró el número «histórico» de 396.906 deportaciones, y los procesos penales por infracciones migratorias, junto con un aumento de detenciones, han alimentado un sistema de más de 250 centros de detenciones, según la organización.

Asimismo, el análisis critica el controvertido programa «Comunidades Seguras», que, junto a otros programas policiales, ha contribuido al aumento de las deportaciones.

Aunque Washington asegura que esos programas están dirigidos a expulsar a criminales peligrosos, la mayoría de los inmigrantes deportados a través de «Comunidades Seguras», por ejemplo, están considerados como «no criminales» o delincuentes de nivel bajo.

El problema, según HRW, es que estos programas pueden «exacerbar la desconfianza de las comunidades inmigrantes en la policía y, por consiguiente, disuadir a las víctimas de delitos de buscar protección y resarcimiento».

El informe destaca que el Gobierno de Barack Obama «ha continuado algunas prácticas abusivas» en su lucha antiterrorista, incluidas las detenciones sin cargos en el centro penal de su base naval en Guantánamo (Cuba), y juicios ante comisiones militares «que sufren deficiencias fundamentales».

Como en años anteriores, HRW condena que EE.UU. continúe la práctica de la pena de muerte y otros castigos «excesivos». En la actualidad 17 estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte, pero otros 33 estados la mantienen.

En 2012, al menos 40 personas habían sido ejecutadas, si bien «se ha registrado una tendencia a la baja de las ejecuciones desde 2000», según el grupo.

HRW destaca las disparidades raciales en el acceso a la Justicia, con una presencia «desproporcionada» de las minorías en las cárceles: según cifras oficiales, cerca del 3,1 % de los negros, 1,3 % de los latinos, y el 0,5 % de los blancos están tras las rejas.

El documento denuncia que cerca de 2.600 delincuentes menores de edad purgan cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, si bien hubo avances en 2012 para abolir esta práctica entre menores.

Por otra parte, HRW dice que «cientos de miles de niños trabajan en labores agrícolas» en EE.UU., en parte porque una ley federal de 1938 que los exime de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima que se aplica a los demás niños trabajadores.

La mayoría de los niños trabajadores agrícolas son latinos, suelen trabajar diez o más horas diarias y corren mayor riesgo de intoxicación por plaguicidas, lesiones y discapacidades permanentes, entre otros problemas.

En 2010, del total de niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales relacionadas con el trabajo, el 75 % realizaba tareas agrícolas, según HRW.

Washington, 31 ene (EFE).- Human Rights Watch (HRW) dijo hoy que buscará un «diálogo» directo en las próximas semanas con el Gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia de derechos humanos en ese país, al considerar que éste heredó un «legado» de homicidios y una «carga muy grande» del sexenio de Felipe Calderón.

«La herencia que deja el presidente Felipe Calderón es realmente muy preocupante. Los índices de homicidios que no han sido realmente investigados son altísimos, estamos hablando de 65.000 homicidios en el contexto de la guerra contra el narcotráfico», dijo en una rueda de prensa el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.

Consideró que Peña Nieto, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre, afronta una «carga muy grande» en materia de derechos humanos, producto del «legado» de homicidios y «desapariciones forzadas» durante el sexenio anterior.

Vivanco dijo que HRW ha estado en comunicación con el Gobierno mexicano para concretar fechas para reuniones con las máximas autoridades de ese país, incluyendo de la Procuraduría General de la República, la Cancillería, y las Secretarías de Gobierno y de Defensa, entre otras.

HRW quiere «conocer cuáles son los planes, los programas» para abordar el «legado del presidente Calderón en materia de derechos humanos», en particular cuáles son los planes de Peña Nieto respecto a la futura participación del Ejército en la lucha antidrogas, dijo Vivanco.

Preguntado sobre la magnitud del problema de seguridad pública heredado por Peña Nieto, Vivanco reiteró que se trata de una «carga muy grande», e hizo mención, por ejemplo, de un artículo reciente del diario The Washington Post que, partiendo de un informe interno de la Procuraduría General de la República, da cuenta de «25.000 desapariciones en México durante el sexenio de Calderón» (2006-2012).

«No sabemos si esa cifra se puede respaldar, si es una cifra confiable. Quisiéramos conocer cuáles son las medidas que tomará el actual Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para dirimir responsabilidades y sobre todo verificar esos datos, esa cifras», precisó.

«Si esa cifra es correcta, estamos hablando de probablemente los índices más altos de desapariciones forzadas en un sexenio, además en democracia en América Latina, algo que no tiene precedentes… una gravedad absolutamente extrema que creemos que es una realidad muy dura que hereda» Peña Nieto, afirmó.

En Chile, durante 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet, se registró una cifra de 3.000 casos de desapariciones forzadas, mientras que en la de Argentina se documentaron 10.000 casos, recordó Vivanco.

Debido a que Peña Nieto lleva apenas dos meses en el poder, «me parece que tenemos que ser razonables… porque resulta algo prematuro exigirle a un gobierno resultados frente a un problema tan grave y tan serio como han sido los seis años de Calderón en dos meses», reiteró.

Según Vivanco, su grupo ha seguido constatando hasta muy recientemente «prácticas de tortura en México sistemáticas» tanto en el ámbito de la guerra contra el narcotráfico como en otros ámbitos, «para arrancar confesiones que luego son utilizadas en procesos para inculpar a personas».

Vivanco hizo estas declaraciones en el marco de la difusión del informe anual de 2013 de HRW, que en el apartado de 75 páginas sobre América Latina y El Caribe destaca violaciones de derechos humanos por parte de militares en México en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Las fuerzas de seguridad en México han cometido «numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas», y «casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente», afirma el informe de HRW.

Esa situación «ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones» en México, advierte.

HRW criticó que la mayoría de los abusos cometidos por militares siguen siendo juzgados en el fuero militar, «que carece de independencia e imparcialidad».