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La principal alianza opositora egipcia rechaza el diálogo propuesto por Mursi

El Cairo, 28 ene (EFE).- El Frente de Salvación Nacional (FSN), principal alianza opositora no islamista, rechazó hoy participar en el diálogo nacional propuesto por el presidente Mohamed Mursi para dar una salida a la crisis que vive Egipto.

«No vamos a ir al diálogo de hoy», dijo el dirigente del Partido de la Constitución, Mohamed el Baradei, en una rueda de prensa en El Cairo.

A juicio de El Baradei, los disturbios actuales se deben a «la falta de una dirección razonable, la ausencia de respuesta a las demandas de la revolución de que haya Justicia, las diferencias sobre la Constitución y la incapacidad del Gobierno de garantizar la seguridad».

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Para el Premio Nobel de la Paz, el diálogo al que les ha invitado Mursi no tiene contenido y no es objetivo, y pidió que sea serio y con una agenda precisa.

En un comunicado conjunto, el FSN condicionó el diálogo con el presidente a que se formen un gobierno de salvación, un comité para modificar la Constitución y otro para investigar las muertes en los últimos disturbios.

«El diálogo empezará cuando acabe el derramamiento de sangre y se levante el estado de emergencia lo antes posible», apunta el texto de los opositores, que convocaron una nueva manifestación pacífica el próximo viernes para expresar su rechazo a los disturbios y pedir que se cumplan las demandas de la revolución y se retire la polémica Constitución aprobada en referéndum el pasado diciembre.

Además, el Frente exigió que se eliminen los efectos de la última declaración constitucional emitida por Mursi en noviembre pasado, que supuso la sustitución del entonces fiscal general, Abdelmeguid Mahmud; y se investigue a los Hermanos Musulmanes por supuestas falta de legitimidad.

El FSN amenazó también con pedir la celebración de comicios presidenciales anticipados si Mursi no responde a sus reivindicaciones.

En el comunicado, los opositores responsabilizaron a Mursi del derramamiento de sangre en Egipto y tacharon de «irresponsable» la declaración del estado de emergencia en tres provincias, ya que -consideraron- el presidente no ha tomado las medidas «adecuadas y razonables» para solucionar la crisis.

En la rueda de prensa, celebrada en el sede del partido nacionalista Al Wafd, también estuvieron presentes el líder de la Corriente Popular Egipcia, el izquierdista Hamdin Sabahi, y el exsecretario general de la Liga Árabe Amro Musa, entre otros.

Sabahi insistió en que entre las condiciones del FSN para participar en un diálogo está la anulación de la Constitución, la formación de un Gobierno de unidad nacional y la vuelta de la seguridad a las calles del país.

«No vamos al diálogo por responsabilidad nacional, lo aceptaremos solo si el presidente da garantías de que será serio», afirmó Sabahi, que instó a Mursi a reconocer su «responsabilidad política por la sangre que se ha derramado».

Sabahi dijo que el mandatario debería aceptar las peticiones del pueblo que «rechaza el dominio de un grupo», en referencia a los Hermanos Musulmanes.

El político izquierdista adelantó que el FSN seguirá manifestándose de forma «pacífica» hasta que se cumplan sus requisitos: «Creemos en el pacifismo como condición para las concentraciones», señaló.

Asimismo, denunció que el Ministerio del Interior ha empleado una fuerza exagerada en los últimos días, por lo que el Frente también solicitó la dimisión del ministro del ramo, Mohamed Ibrahim.

Desde el viernes pasado, varias provincias egipcias han sido escenario de disturbios, que han causado casi cincuenta muertos y centenares de heridos, desencadenados tras la conmemoración el 25 de enero del segundo aniversario del inicio de la revolución que derrocó al régimen de Hosni Mubarak.

El Cairo, 28 ene (EFE).- La Cámara alta del Parlamento egipcio aprobó hoy el proyecto de ley presentado por el Gobierno por el que se autoriza al Ejército a velar por la seguridad en el país y detener a civiles, informó la agencia estatal de noticias, Mena.

Presidida por Ahmad Fahmi, la Cámara alta o «Shura» dio luz verde para que las fuerzas armadas puedan detener a civiles y presentarlos ante la justicia, en cooperación con la policía para preservar la seguridad y proteger las instituciones vitales del estado.

El presidente del Comité de Asuntos Árabes de esta cámara, Maguid al Helu, explicó que esta medida está motivada por la ola de violencia desatada en Egipto desde el viernes pasado.

Además de su labor de defensa del país, el Ejército se encargará junto con la policía de la seguridad del país hasta que terminen las elecciones legislativas, previstas para los próximos meses, y cada vez que el presidente del país lo solicite.

Según la nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial, las fuerzas armadas pueden arrestar a civiles y remitir las denuncias a la Fiscalía para que sean juzgados por tribunales civiles.

La agencia estatal informó de que efectivos del Ejército egipcio han reforzado la presencia de tropas en las instituciones e infraestructuras vitales de las ciudades de Suez y Port Said, en la zona del canal de Suez, donde ya se desplegaron el pasado sábado.

En la actualidad, la Cámara alta del Parlamento ejerce todo el poder legislativo desde la aprobación en diciembre de la nueva Constitución y después de que estuviera en manos del presidente tras la disolución de la Cámara baja por un fallo en junio de la Corte Constitucional que consideró ilegal su composición.

Desde el viernes pasado, varias provincias egipcias han sido escenario de disturbios, que han causado casi cincuenta muertos y centenares de heridos, desencadenados con motivo de la conmemoración el 25 de enero del segundo aniversario del inicio de la revolución que derrocó al régimen del presidente Hosni Mubarak (1981-2011).

A esos disturbios se sumaron los choques en la provincia de Port Said (noreste), originados el sábado tras conocerse la decisión de un tribunal penal de recomendar la pena de muerte para 21 acusados acusados de participar en la matanza de 74 personas hace casi un año en el estadio de fútbol local.

Anoche, el presidente egipcio, Mohamed Mursi, ordenó que se declare el estado de emergencia y el toque de queda en las provincias de Port Said, Suez e Ismailiya.

Esta declaración del estado de emergencia fue aceptada hoy también por la «Shura», por lo que se completó el procedimiento estipulado en la Constitución para poner en marcha esta medida para intentar restablecer la seguridad.

El Cairo, 28 ene (EFE).- Centenares de personas participaron hoy en el funeral por los siete muertos ayer en Port Said, en el noreste de Egipto, en una ceremonia sin incidentes, dijo a Efe uno de los asistentes a las exequias, Hozam Mohamed Mustafa.

Mustafa explicó que el funeral transcurrió de forma pacífica y que los muertos ya han sido enterrados.

«Había mucha gente porque querían transmitir el mensaje de que no iban a tener miedo», apuntó Mustafa, de profesión contable.

Los siete fallecidos perdieron la vida ayer en los disturbios durante y después del funeral por 29 de las 31 las víctimas del pasado sábado en Port Said, que perecieron en choques entre manifestantes y la Policía.

Los enfrentamientos de hace dos días estallaron al conocerse que un tribunal había recomendado la pena de muerte para 21 acusados de participar en la matanza de 74 personas hace casi un año en el estadio de fútbol local.

Mustafa, que también acudió ayer a esas exequias en las que fueron enterrados un amigo y un conocido suyo, aseguró que las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y persiguieron a los asistentes al funeral.

Anoche, el presidente egipcio, Mohamed Mursi, ordenó la declaración del estado de emergencia y el toque de queda en las provincias de Port Said, Suez e Ismailiya, en el noreste del país.

Según el artículo 148 de la nueva Constitución, Mursi debe consultar la declaración de emergencia con su Gobierno y presentarla ante la Cámara baja del Parlamento, aunque si esta está disuelta (como ocurre en la actualidad) puede estudiarla la Cámara alta.

Una mayoría de la cámara correspondiente debe aceptar dicha declaración, que no puede estar en vigor durante más de seis meses.

Está previsto que la Cámara alta o Consejo de la Shura estudie hoy la medida.

Mustafa se quejó de la orden del presidente porque «va a matar el comercio en Port Said», que se encuentra junto al canal de Suez.

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