Santiago de Chile, 27 ene (EFE).- La celebración de un referendo simultáneo en Guatemala y Belice para poder enviar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un litigio territorial que mantienen desde hace más de un siglo, sigue en pie pese a las preocupaciones guatemaltecas sobre la legislación beliceña en este asunto.
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El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, confirmó hoy a Efe que se reunió con las autoridades de Belice durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea (UE), que se celebra en Santiago de Chile.
En la entrevista, Pérez Molina mostró su preocupación ante las dificultades que pueda tener la consulta debido a las disposiciones legales de Belice, que obligan a una participación mínima de 60 % del padrón electoral para que un referendo sea vinculante.
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Esta consulta es un paso indispensable para que la disputa pueda ser enviada a la CIJ, pues sus las constituciones de ambos países obligan a que cualquier solución definitiva al litigio territorial sea ratificada por la población.
Por ahora, y pese a las preocupaciones de Guatemala, el referendo se mantiene para el próximo 6 de octubre en los dos países.
Según Pérez Molina, el Gobierno de Belice le ha asegurado que el 60 % de participación no es un número difícil de alcanzar, pues en las elecciones entre el 75 % y el 80 % de los votantes del país acuden a las urnas.
«Solo esperamos que no haya inconvenientes y que no hagamos un esfuerzo en vano en Guatemala para organizar el referendo si este no da resultados positivos en Belice», manifestó el presidente.
Ambos países seguirán discutiendo el asunto y tomarán una decisión definitiva en febrero.
Aunque Guatemala reconoció en 1991 la independencia de Belice, mantiene el reclamo como suyos de un total de 12.272 kilómetros cuadrados, lo que representa el 50 % del territorio de la antigua colonia británica, que incluye varias islas y cayos.
La falta de acuerdo al respecto llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a mediar entre ambos países en un proceso de diálogo y negociación que durante más de diez años fue estéril debido a que no alcanzaron ningún tipo de acuerdo.
Para lograr una solución definitiva al conflicto, la OEA propuso en 2007 a las partes llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que los magistrados de ese alto tribunal tomasen una decisión definitiva sobre las pretensiones de Guatemala.
La propuesta fue aceptada por los dos Gobiernos, pero debido a que en las constituciones guatemalteca y beliceña así lo establecen, antes de tomar cualquier decisión al respecto las autoridades deberán consultarlo con la población por medio de referendos.