Washington, 28 dic (EFE).- El Senado de EE.UU. aprobó hoy por mayoría una prórroga de cinco años de una controvertida ley de espionaje que permite a las autoridades federales realizar escuchas telefónicas e intervenciones de correspondencia internacional de los estadounidenses sin permiso judicial.
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Con 73 votos a favor y 23 en contra, el Senado prorrogó la ley de 2008 conocida como el «Acta de Vigilancia de Inteligencia Exterior» (FISA, en inglés), que renueva los poderes federales para la vigilancia electrónica, instituida durante la Presidencia de George W. Bush (2001-2009).
La medida, que será enviada al presidente Barack Obama para su promulgación, amplía los poderes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de tal forma que puede vigilar las llamadas y correspondencia internacionales de los estadounidenses.
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La ley ha suscitado críticas de grupos defensores de los derechos civiles, pero en el Congreso la mayoría de los legisladores la consideró necesaria para resguardar la seguridad de Estados Unidos.
«Esta legislación necesaria continuará resguardando la seguridad de EE.UU. al permitir que la comunidad de inteligencia identifique y neutralice a las redes terroristas antes de que puedan causarnos daño dentro o fuera» del país, dijo en un comunicado la senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado.
«Además, esta legislación incluye fuertes protecciones a la vida privada. El Comité de Inteligencia del Senado continuará su firme vigilancia de este programa durante la 113 sesión el Congreso», aseguró Feinstein.
En general, la ley FISA requiere que las autoridades federales obtengan el visto bueno de un tribunal secreto para realizar sus intervenciones electrónicas -aunque no haya causa probable-, pero el Gobierno no requiere identificar a la persona o instalación que es blanco de esa vigilancia.
Las autoridades pueden comenzar su vigilancia incluso una semana antes de hacer la solicitud formal del permiso y continuarla durante un proceso de apelación en caso de que el tribunal secreto rechace la solicitud.
Sin embargo, la medida, aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre pasado, se ganó la repulsa de grupos como la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, en inglés), que criticó la «institucionalización», por otros cinco años, de un programa de vigilancia que antes se consideraba como una amenaza a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Mientras, Marc Rotenberg, director ejecutivo del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC, en inglés), dijo al blog de «Readwrite» que el Senado desperdició una oportunidad de establecer mecanismos de salvaguarda de los derechos protegidos bajo la Cuarta Enmienda, que prohíbe el allanamiento de morada o pesquisas sin el debido permiso judicial.
Según Rotenberg, la ley aprobada hoy se presta a un gran riesgo de abuso o uso indebido de los poderes para la vigilancia electrónica.
«Contiene una autoridad (para la vigilancia) demasiado amplia. Creemos que cuando al Gobierno se le da una autoridad amplia, también se deben crear (mecanismos) de supervisión» adecuados, dijo Rotenberg.
Se prevé que Obama promulgue la ley en los próximos días.