Argentina busca la salida de la fragata y toma medidas para evitar un nuevo embargo

Por Publimetro Colombia

Buenos Aires, 25 oct (EFE).- La retención en Ghana de la fragata “Libertad” por una demanda de un fondo de inversión derivada del cese de pagos de la deuda argentina en 2001 ha desatado una tormenta política en Argentina, que afronta además la posibilidad de que ocurra lo mismo con una corbeta varada en Sudáfrica.

En medio de una polémica por la decisión de repatriar al grueso de la tripulación del buque insignia argentino, embargado desde el 2 de octubre en Ghana, el Gobierno de Cristina Fernández se prepara para evitar que se repita la situación en Sudáfrica.

La corbeta de la Armada argentina, que participaba en unas maniobras conjuntas con Brasil y Sudáfrica, está varada en Ciudad del Cabo desde hace una semana por una avería y, según el diario Ámbito Financiero, puede ser el próximo objetivo del fondo de inversión NML Elliot, causante de lo ocurrido con la fragata.

El ministro de Defensa argentino, Arturo Puricelli, admitió hoy que se está “evaluando” la situación de la corbeta.

Según Ámbito Financiero, NML Elliot ha contratado un estudio de abogados con vistas a embargar la “Espora” y el Gobierno argentino ha dado ya instrucciones a su embajador en Pretoria para evitar una situación similar y confía en que sus buenas relaciones con Sudáfrica impidan que se repita lo ocurrido con la “Libertad”.

“Creo que no pueden tocar la corbeta, ni la fragata, ni tocar un bien soberano”, dijo el ministro en unas declaraciones a Radio 10, de Buenos Aires, en las que admitió por primera vez su responsabilidad en la crisis del buque escuela argentino.

“El responsable de la fragata es el Ministerio de Defensa. La Cancillería tiene su responsabilidad porque se le consulta, pero las responsabilidades se definen por la presidenta de la nación, y yo asumo las que me corresponde”, afirmó.

Puricelli especificó que “la planificación del viaje (de la fragata) fue del Ministerio de Defensa a partir de una propuesta de la Armada” y explicó que se decidió viajar al continente africano con el objetivo de realizar un “acercamiento político”.

Las declaraciones de Puricelli, las primeras desde la retención de la “Libertad”, atajan las versiones sobre supuestas diferencias internas entre los departamentos de Defensa y la Cancillería por su responsabilidad en la crisis.

Puricelli aclaró que la Cancillería le sugirió amarrar en Angola por problemas de seguridad en Nigeria, pero asumió la decisión final del itinerario y reiteró que la presidenta Cristina Fernández “determinará en su momento las responsabilidades”.

La crisis ha golpeado con dureza a la cartera que dirige Puricelli y ha precipitado una renovación en la Armada, con el cese de cuatro altos cargos, entre ellos el jefe, Carlos Alberto Paz, y la jefa de la dirección de Inteligencia Estratégica de Defensa, Lourdes Puente Olivera.

El ministro se mostró convencido de que Argentina terminará por recuperar el buque escuela, considerado todo un símbolo nacional, y defendió la repatriación del grueso de la tripulación, que aterrizó hoy de madrugada en Buenos Aires, porque “da mucho más tiempo para negociar una solución”.

Por su parte, el canciller argentino, Héctor Timerman, dijo en conferencia de prensa que su país recuperará la fragata como lo ha hecho con los 28 bienes que hasta ahora han sido embargados por los que denominó como “fondos buitres”.

“En todos los casos, el Estado argentino recuperó el bien embargado sin haber negociado jamás con los fondos buitres”, afirmó.

Timerman confirmó además que el Gobierno estudia la posibilidad de llevar al caso a un tribunal internacional que no especificó.

Los 279 tripulantes que llegaron a Buenos Aires recibirán hoy permiso para ausentarse hasta el próximo 5 de noviembre, fecha en la que reanudarán sus actividades para graduarse el 8 de diciembre, en el plazo legalmente previsto.

Entre los marineros repatriados hay una treintena de extranjeros, procedentes de países como Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú y Sudáfrica, invitados al viaje de formación iniciado el pasado 2 de junio en Buenos Aires e interrumpido el 2 de octubre en el puerto ghanés de Tema, a unos 25 kilómetros de Accra.

La Justicia ghanesa aceptó la demanda de embargo interpuesta por NML, que reclama a Argentina pagar una deuda de 284 millones de dólares más intereses por bonos soberanos que entraron en mora a fines de 2001, en medio de una severa crisis económica en el país suramericano.

El cese de pagos argentino, el más grande de la historia moderna, abarcó bonos soberanos por 102.000 millones de dólares.

La mayor parte de la deuda fue reestructurada con una quita del 65,4 % en 2005, seguida de una nueva oferta de canje en 2010, pero sigue habiendo acreedores que no aceptaron refinanciar y reclaman la totalidad de lo que se les adeuda.

Buenos Aires, 25 oct (EFE).- Argentina enfrenta un complejo proceso judicial y diplomático para resolver el inédito conflicto por la retención en Ghana de la fragata Libertad, considerada un símbolo nacional, por una demanda de un fondo de inversión, mientras sus vecinos y aliados regionales mantienen un llamativo silencio.

La fragata, retenida desde el pasado día 2 en el puerto ghanés de Tema, llevaba a bordo unos trescientos guardiamarinas, entre ellos una treintena procedentes de Sudáfrica y de siete países miembros de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que no se ha pronunciado oficialmente sobre el conflicto.

“Más allá de la diplomacia secreta, la reacción, por lo menos oficial y pública, de los países de la región no estuvo a la medida de una entidad como la Unasur, que debe defender los intereses de todos sus miembros. Ante una agresión de esta naturaleza, hubiera correspondido una condena por parte de Unasur”, dijo hoy a Efe el analista internacional Horacio Calderón.

En el plano diplomático, Argentina ha recurrido al diálogo directo con Ghana, con una misión política que trató de negociar la liberación del buque luego de que un juez ghanés aceptara un pedido de embargo de la fragata solicitado por el fondo de inversión NML, que reclama ante tribunales de Nueva York el pago de bonos de deuda soberanos argentinos en mora desde 2001.

“Hay conversaciones bastante reservadas con el Gobierno de Ghana, pero no hay que olvidar que ese país celebrará elecciones en breve y tal vez el Ejecutivo no pueda presionar sobre la Justicia en este momento”, apuntó Calderón.

El Gobierno argentino recurrió también a Naciones Unidas para pedir la colaboración del secretario general, Ban Ki-moon, quien se ofreció a “hablar con el Gobierno de Ghana e intercambiar opiniones sobre cómo resolver” el conflicto.

“La vía diplomática tiene que ir en paralelo con la judicial, en la que Argentina tiene todas las ventajas porque esto está contra el derecho internacional. De otro modo, se sentaría jurisprudencia de que un barco con bandera de guerra podría ser detenido o embargado por otras cuestiones, como las de orden político”, advirtió Calderón.

En el plano jurídico, Argentina ha hecho responsable a Ghana por la detención de la fragata por considerar que es “ilegal”, ya que los buques de guerra gozan de inmunidad consagrada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (1982) y la Convención para la Unificación de Ciertas Normas Relativas a la Inmunidad de los Buques de propiedad del Estado (1926).

En el derecho internacional casi no hay antecedentes similares, salvo el denominado “caso Gronda”, en el que la Justicia de Italia, a pedido de un particular, embargó un buque mercante argentino y un avión de Aerolíneas Argentinas en 1960.

En 2000, la fragata rusa Sedov fue retenida en el puerto francés de Brest por orden de un juez francés a partir de una demanda de una empresa suiza que reclamaba el pago de deudas al Estado ruso y que terminó pagando una multa tras un fallo adverso.

“No se puede retener ningún navío porque sí. Incluso los barcos privados solo pueden ser retenidos por causas excepcionales, como una deuda en puerto”, dijo a Efe Bruno Tondini, experto en derecho internacional del Centro Argentino de Estudios Internacionales.

Tondini denunció que, además, a Argentina “le están cobrando la estadía en el puerto” de Tema, “algo que también está prohibido por la Convención del Derecho del Mar si no se le prestan servicios al navío”.

“Hay una lucha entre la jurisdicción de la Justicia de Ghana, que ha otorgado la medida cautelar, y la jurisdicción de la Justicia de Nueva York, que debe determinar si los acreedores de la deuda argentina tienen razón o no. La Justicia de Ghana no puede pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y dependerá de lo que se resuelva en otro juicio”, apuntó Tondini.

Para evitar el embargo, Argentina podría depositar en los tribunales de Ghana una garantía para asegurar a futuro un eventual resultado del juicio a favor del demandante en los tribunales de Nueva York, pero el Gobierno de Cristina Fernández descarta esa alternativa.

“Argentina elige en cambio el ámbito del derecho internacional público y lo debe hacer en un tribunal competente, que es el Tribunal de Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para resolver el tema de la fragata”, señaló Tondini.

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