Madrid, 31 ago (EFE).- El Gobierno español aprobó hoy la tercera reforma financiera de sus ocho meses de mandato destinada a sanear el sector, con medidas como la creación de un «banco malo», una sociedad que comprará a las entidades bancarias los activos tóxicos procedentes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
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La reforma, que abre además la puerta a la liquidación de las entidades inviables, era exigida por Bruselas para entregar a España la ayuda de hasta 100.000 millones de euros concedida a la banca.
En conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, el titular de Economía, Luis de Guindos, dijo hoy que el «banco malo» comprará fundamentalmente los activos inmobiliarios que se han adjudicado las entidades financieras tras el impago de los créditos hipotecarios.
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Esta sociedad tendrá de 10 ó 15 años para vender estos activos, con el objetivo de no incurrir en pérdidas.
De Guindos señaló que «el mal llamado banco malo» -porque, dijo, ni es un banco ni sus activos son tan malos- entrará en funcionamiento en noviembre para aislar los inmuebles de las entidades con ayudas públicas.
La banca española se ha visto muy afectada por el derrumbe del sector de la construcción, que desde 1995 hasta 2007 fue el gran motor que tiró de la economía española, pero que desde el comienzo de la crisis no logra reactivarse y ha provocado, entre otras consecuencias, una enorme destrucción de puestos de trabajo.
Los créditos inmobiliarios en España sumaban a finales de 2011 la cifra de 310.000 millones de euros, de los cuales 184.000 se consideraban problemáticos.
Aproximadamente la mitad eran suelo y promociones en curso de construcción, y la otra mitad obra acabada y viviendas adjudicadas.
Será el Banco de España el encargado de fijar los precios de adquisición por el «banco malo», pero el ministro subrayó que serán los anteriores a la burbuja inmobiliaria, es decir, «los adecuados para que la sociedad gestora sea viable y no genere pérdidas y que en última instancia no tenga impacto para el contribuyente».
De Guindos consideró que la tarea será «sencilla» dadas las «grandes provisiones» realizadas por las entidades financieras para cubrir la pérdida de valor de esos activos tóxicos.
De hecho, recordó que la reforma aprobada en febrero obligaba a las entidades financieras a provisionar el 80 % del valor del suelo que tuvieran en cartera tras adjudicárselo por el impago de los créditos.
El capital inicial de la nueva sociedad será aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con parte de los 100.000 millones de euros aportados por Bruselas para sanear el sistema financiero.
El FROB podrá obligar al traspaso de esos activos a las entidades con ayudas.
La reforma eleva, además, los requisitos de solvencia de las entidades bancarias, del 8 al 9 %, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que esta reforma financiera es «una necesidad nacional, imprescindible para que se recupere el crédito y la financiación» tan necesario para las pymes.
Sáenz de Santamaría sostuvo que la reforma culmina el saneamiento del sector financiero con el fin de «impulsar el crecimiento económico y el empleo» así como «dinamizar el sector inmobiliario» para que las entidades bancarias puedan sacar a la venta el gran «stock» de viviendas que tienen en sus manos, y que se calcula en torno a un millón.
El decreto de hoy también aumenta la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes, que fueron vendidas a miles de pequeños ahorradores que ahora no pueden recuperar su inversión.
Asimismo, pone coto a las remuneraciones fijas de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero.