San Salvador, 29 jul (EFE).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, y los partidos políticos lograron un acuerdo parcial para solucionar la crisis entre los poderes Legislativo y Judicial al ratificar a los magistrados electos en 2006, pero sin una solución definitiva al conflicto, informaron hoy fuentes oficiales.
Durante la cuarta reunión, realizada la noche del pasado viernes, los diferentes partidos políticos acordaron ratificar a los magistrados electos en 2006, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de junio pasado, cuando decretó inconstitucional sus elecciones, según un comunicado de Casa Presidencial.
«El primer acuerdo parcial al que se ha llegado y que es resultado del consenso de todos los partidos políticos ahí representados es que los magistrados, propietarios y suplentes, que fueron elegidos en el 2006 deben de continuar siendo magistrados hasta el término de su mandato», dijo Funes.
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El 5 de junio pasado la Sala de lo Constitucional de la CSJ anuló las elecciones de magistrados hechas en 2006 y el 24 de abril de este año, con el argumento que un mismo Parlamento no puede designar más de una vez esos cargos.
Funes reconoció que aún siguen muchos puntos pendientes en la negociación para lograr un «acuerdo de carácter integral».
Entre los puntos pendientes destacó la situación de los magistrados electos en abril pasado, el análisis del recurso interpuesto por la Asamblea Legislativa ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), debido a que desconocieron las órdenes de la Sala.
El 21 de junio pasado, la CCJ resolvió suspender los fallos en tanto emite una resolución definitiva, decisión que la Sala de lo Constitucional desechó.
Asimismo, Funes indicó que se está analizando la situación de la comisión legislativa que investiga a los magistrados electos en 2009, entre otros puntos, que están causando «distanciamiento», porque hay propuestas «diametralmente opuestas», reconoció.
Funes reafirmó que la negociación es «compleja», pero que hay «voluntad de los partidos políticos por despojarse» de los intereses y presiones políticas y económicas, «con el propósito de encontrar una solución a la brevedad posible».
Destacó que todos los partidos políticos están preocupados porque la CSJ «no está funcionando con normalidad» y porque el «enfrentamiento entre poderes del Estado» puede causarle al país problemas a nivel internacional, «particularmente ante los cooperantes, y sobre todo ante los Estados Unidos».
Varios senadores estadounidenses han propuesto eliminar a El Salvador del listado de países para recibir un segundo desembolso de la Cuenta del Milenio y suspenderlo del Asocio para el Crecimiento, si no soluciona la crisis institucional lo más pronto posible.
El diálogo que iniciaron el martes pasado los seis partidos políticos del país continuará mañana en Casa Presidencial, según el boletín.
En la negociación participa el gubernamental Frente Farabundo Marí para la Liberación Nacional (FMLN) y los minoritarios Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Concertación Nacional (CN) y el Partido de la Esperanza (PES), que están a en contra de las resoluciones de la Sala.
También está la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el minoritario Cambio Democrático (CD), que respaldan las resoluciones.
La Constitución de El Salvador no detalla en qué períodos la Asamblea Legislativa debe elegir a los magistrados, pero la Sala argumentó que una misma legislatura no puede hacerlo más de un vez, como ocurrió en 2006 y en abril pasado, y ordenó que la nueva legislatura, que asumió el 1 de mayo, celebrase de nuevo el proceso.
Como producto del conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial, El Salvador tiene desde el 16 de julio dos cortes supremas, una integrada por los magistrados cuyas elecciones fueron anuladas y la otra por la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes.
San Salvador, 29 jul (EFE).- La Iglesia católica de El Salvador lamentó hoy que el Gobierno esté buscando una solución a la crisis institucional entre el Legislativo y Judicial por la «presión externa» de Estados Unidos y no por su propia iniciativa.
«Desgraciadamente pienso que es verdad esto que se dice que se fue a la mesa (de diálogo) porque hubo presión externa (de Estados Unidos)», dijo el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, al ser consultado por periodistas sobre la presión ejercida por el país norteamericano en la crisis salvadoreña.
«Que triste» que la mesa de diálogo instalada el martes pasado por los seis partidos políticos del país y el presidente, Mauricio Funes, para buscarle una solución a la crisis institucional «no se hizo por convicción propia», agregó.
Al tiempo que señaló que esto demuestra que el país no es «independiente» y que «el tiempo ha pasado y no nos hemos hecho respetar, creo que ya es tiempo que recuperemos nuestra dignidad de país», sentenció.
Varios senadores de Estados Unidos, entre ellos el demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, pidieron recientemente a su Gobierno, entre otras cosas, eliminar a El Salvador de la lista para recibir un segundo desembolso de la Cuenta del Milenio y terminar con el Asocio para el Crecimiento.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, advirtió el 19 de julio pasado que las opiniones de los senadores estadounidenses sobre la crisis institucional salvadoreña «pesan», aunque sean minimizadas en este país, porque su Gobierno las considerará para asumir su posición al respecto.
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, realizó la semana pasada una gira de cuatro días a Washington para explicar de «primera mano» la crisis institucional de este país centroamericano, que comenzó el 5 de junio pasado cuando la Sala de lo Constitucional de la CSJ anuló las elecciones de magistrados hechas en 2006 y el 24 de abril de este año.
Martínez durante su visita, que se realizó tras las opiniones de los senadores estadounidenses, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, el Senado de Estados Unidos, entre otros, precisó un comunicado de Cancillería.
En el diálogo apenas se ha logrado un acuerdo parcial, que los magistrados electos en 2006 continuarán hasta que termine su período, es decir que serán ratificados en sus puestos luego de haber sido anulados por la Sala.
Pero aún los «temas gordos» siguen sin solucionarse, según el arzobispo auxiliar.
Entre los puntos pendientes está la situación de los magistrados electos en abril pasado, el análisis del recurso interpuesto por la Asamblea Legislativa ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), debido a que desconocieron las órdenes de la Sala, según dijo Funes.
También está la situación de la comisión legislativa que está investigando a los magistrados electos en 2009, entre otros puntos, añadió.
Debido al conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial, El Salvador tiene desde el 16 de julio dos cortes supremas, una integrada por los magistrados cuyas elecciones fueron anuladas y la otra por la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes.
La Constitución salvadoreña no específica en qué períodos el Parlamento debe elegir a los magistrados, pero la Sala argumentó que una misma legislatura no puede hacerlo más de un vez, como ocurrió en 2006 y en abril pasado, y ordenó que la nueva legislatura, que asumió el 1 de mayo, celebrase de nuevo el proceso.
