Congresistas votan censura por desacato contra el Secretario de Justicia de EE.UU.

Por Publimetro Colombia

Washington, 28 jun (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU., bajo control republicano, prevé votar hoy una medida de desacato contra el secretario de Justicia y fiscal general, Eric Holder, por negarse a entregar documentos sobre la fallida operación “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas a México en 2009.

Representantes de la Administración del presidente Barack Obama y del Departamento de Justicia se reunieron ayer a puerta cerrada con asesores republicanos de la Cámara Baja, por segundo día consecutivo, para intentar frenar el voto sin precedentes contra un Secretario de Justicia.

Sin embargo, las partes no lograron un acuerdo y el propio presidente de la Cámara Baja, John Boehner, afirmó que el tiempo se había agotado y que el voto sigue en pie.

“Preferiríamos que el fiscal general (Holder) y el presidente (Barack Obama) trabajasen con nosotros para llegar al fondo de un asunto muy serio”, dijo Boehner en una rueda de prensa, al acusar al Gobierno de no demostrar la voluntad de decir la verdad sobre lo que ocurrió y por qué.

El pasado 20 de junio el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, presidido por Darrell Issa, aprobó la medida de desacato, contenida en una resolución de 48 páginas, en una votación de 23 a 17.

Si el pleno de la Cámara Baja la aprueba, eso abriría un largo proceso judicial que, con seguridad, se resolvería mucho después de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

La aprobación de la medida sería un duro revés para Holder, el primer afroamericano en ocupar el cargo y que además ha afrontado otras derrotas políticas, incluyendo el rechazo de los republicanos a enjuiciar a presuntos terroristas en tribunales civiles en suelo estadounidense.

Sería, además, la primera vez que la Cámara Baja aprueba una medida de desacato contra un secretario de Justicia: en 1998 el mismo Comité, entonces también bajo control republicano, aprobó una medida similar contra la fiscal general Janet Reno, pero ésta no llegó hasta el pleno.

La disputa de ahora gira en torno a la negativa del Departamento de Justicia de entregar documentos exigidos el 12 de octubre de 2011, bajo citación judicial, sobre la fallida operación secreta que permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, que fueron a parar a manos del crimen organizado.

Todos los documentos exigidos son posteriores al 4 de febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia inicialmente negó la existencia de la operación encubierta de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), pero que después reconoció en diciembre de ese año.

La Administración Obama invocó por primera vez el fuero ejecutivo, que sirve para proteger las deliberaciones internas del Gobierno, y se ha negado a entregar los documentos.

Los republicanos acusan al Ejecutivo de obstaculizar las investigaciones, mientras que la Casa Blanca y sus aliados demócratas en el Congreso aseguran que el voto tiene claras motivaciones políticas.

Se desconoce el contenido de los documentos en disputa, pero fuentes allegadas a las investigaciones de “Rápido y Furioso” han sugerido que éstos detallan los esfuerzos del Departamento de Justicia por controlar los daños causados por el escándalo.

El voto se producirá poco antes del receso de julio del Congreso la próxima semana y, de cara a los comicios de noviembre próximo, lo más probable es que esos documentos permanezcan bajo protección ejecutiva durante mucho tiempo.

“En el supuesto de que la Cámara Baja apruebe esta medida, eso no quiere decir necesariamente que el Departamento de Justicia entregará los documentos. El asunto pasará al sistema judicial, porque los tribunales tienen la última palabra sobre la legitimidad del fuero ejecutivo”, dijo a Efe Allan Lichtman, analista político de la American University en Washington.

“El fuero ejecutivo es una figura que deriva de la separación de poderes en EEUU y, por lo tanto, sólo se puede resolver en los tribunales”, agregó el experto.

No es la primera vez que el Congreso y el Ejecutivo se enzarzan en disputas sobre la entrega de documentos sensibles.

El expresidente republicano George W. Bush recurrió al fuero ejecutivo para proteger documentos relacionados con el despido de varios fiscales, mientras que su antecesor, el demócrata Bill Clinton, lo hizo catorce veces.

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