El Gobierno suspende la aplicación del controvertido programa 287g en Arizona

Por Publimetro Colombia

Washington, 25 jun (EFE).- El Gobierno anunció hoy que suspenderá el controvertido programa 287g en Arizona, después de que el Tribunal Supremo anulara en un dictamen tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 contra los indocumentados en ese estado.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración Obama informaron de que, a raíz del dictamen, el Gobierno federal anulará los acuerdos vigentes entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y las agencias policiales de Arizona que participan en el programa 287g.

Las autoridades federales explicaron que los acuerdos de participación con el programa 287g no son útiles en aquellos estados que han adoptado leyes como la SB1070 contra los inmigrantes indocumentados.

El programa 287g, en vigor desde 1996, permite a los agentes de policía locales y estatales hacer cumplir las leyes de inmigración federales. Su propósito es delegar a esas agencias la autoridad para el arresto de indocumentados criminales.

ICE ha suscrito acuerdos de cooperación bajo el 287g con 68 agencias policiales en 24 estados. Desde enero de 2006, el programa ha ayudado a identificar a más de 279.311 inmigrantes “deportables”, la mayoría en cárceles locales, según datos de ese organismo.

En concreto, los siete organismos de Arizona afectadas por la decisión de hoy son los departamentos policiales de Phoenix, Mesa y Florence, las oficinas de los alguaciles de los condados Pima, Pinal y Yavapai, y el Departamento de Seguridad Pública en ese estado.

Ya en diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anulado el acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tras un informe que detalló las prácticas anticonstitucionales y la discriminación sistemática de su oficina contra los reos latinos en ese condado.

Por otra parte, los funcionarios de Inmigración del DHS en Arizona han recibido instrucciones de no responder al llamado de policías locales o estatales cuando éstos detienen a personas por infracciones de tránsito u otras infracciones menores.

La única excepción será cuando se trate de algún indocumentado condenado por un delito o que haya sido expulsado anteriormente de EE.UU. y haya regresado de forma ilegal.

En cualquier caso, el DHS se comprometió a continuar cumpliendo con sus obligaciones legales de verificar el estatus migratorio de los detenidos cuando así lo soliciten las autoridades, indicaron los funcionarios.

Horas antes de este aviso, el Tribunal Supremo anuló las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero dejó en pie la sección 2B, que permite a la policía pedir “los papeles” de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga “sospecha razonable” de que son indocumentados.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, consideró hoy que el fallo del Tribunal Supremo y la suspensión del programa 287g suponen un nocaut para los gobiernos estatales que buscan poner coto a la inmigración ilegal y resguardar la seguridad pública.

“La decisión del presidente Obama de suspender el acuerdo de 287g en Arizona e ignorar el pedido de ayuda (de los estados) demuestra que a esta Administración le importa poco el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración”, se quejó Smith, quien junto a otros conservadores aboga por una política de “mano dura” contra los indocumentados.

Según Smith, la Administración Obama permite que los indocumentados sigan trabajando ilegalmente en EE.UU. “mientras trece millones de estadounidenses están desempleados”, y los gobiernos estatales y los contribuyentes siguen pagando “los costos de sus fallidas políticas”.

Washington, 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo anuló hoy tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona contra la inmigración ilegal, otorgando una victoria parcial al presidente, Barack Obama, que busca afianzar el apoyo de los votantes hispanos.

En su sentencia, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero dejaron en pie la disposición más espinosa que permite a la policía pedir “los papeles” de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga “sospecha razonable” de que son indocumentados.

Según los activistas proinmigrantes, esa cláusula dará licencia para discriminar a personas que luzcan o tengan acento extranjero.

El Tribunal Supremo sí le dio la razón al Gobierno de Obama al anular las otras tres cláusulas: una convertía en delincuentes a los indocumentados que obtengan o soliciten trabajo; otra autorizaba el arresto, sin permiso judicial, de personas que han cometido un delito que pueda ser causa de deportación, y la tercera exigía a los inmigrantes portar siempre documentos de registro ante el Gobierno federal.

“Arizona puede que tenga frustraciones entendibles respecto a los problemas causados por la inmigración ilegal mientras continúe, pero el estado no puede perseguir políticas que minen la ley federal”, dijo el juez Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría.

En un comunicado, Obama elogió el fallo del Supremo, pero expresó su preocupación por la cláusula que queda en vigor.

“Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha sólo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses”, dijo Obama.

Por su parte, su rival republicano, Mitt Romney, consideró que el dictamen refleja la falta de liderazgo de Obama en estas lides, a la vez que defendió el “derecho” de los estados de “resguardar” las fronteras y “el imperio de la ley”, porque el Gobierno federal “no ha cumplido con sus responsabilidades”.

El Departamento de Justicia entabló una demanda contra la SB1070 y había logrado que las cuatro cláusulas fuesen bloqueadas en tribunales de instancia inferior.

El pasado 15 de junio, la Administración Obama decidió suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a EE.UU. antes de los 16.

Tanto Obama como Romney cortejan activamente el voto hispano, que se perfila definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.

Ante la parálisis en el Congreso, estados como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han querido seguir el ejemplo de Arizona adoptando leyes para combatir a los indocumentados.

Ahora, el consenso es que este fallo servirá de guía sobre lo que pueden llegar a legislar los estados federados.

“Algunos de estos esfuerzos serán antiinmigrantes, como en Arizona, y otros quizá proinmigrante en tanto los estados reconozcan la importancia de los inmigrantes en sus comunidades. Sin duda aumentará la presión para que el Congreso actúe”, dijo a Efe Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de la Universidad de Cornell.

“Nos preocupa que al dejar en pie la cláusula de pedir papeles, los inmigrantes, especialmente los latinos, quedarán sujetos a la discriminación. Hoy decidió el Tribunal Supremo, pero la última palabra la tendrán los votantes latinos en las urnas en noviembre”, dijo a Efe Irma Rivera, activista del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa.

“Vamos a movilizar a los votantes hispanos para que, a través de su voto, digan no a la discriminación y sí a una reforma migratoria. Leyes como la SB1070 solo causan daños económicos a los estados y el quebranto de las familias inmigrantes”, enfatizó.

Otros grupos proinmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), se hicieron eco de esas reacciones y han prometido continuar combatiendo leyes similares en otros estados.

Mientras, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer calificó el dictamen como una “victoria para el imperio de la ley” y aseguró que los agentes recibirán capacitación para aplicar la SB1070 “de forma legal y responsable”.

Atlanta, 25 jun (EFE).- La decisión de hoy del Supremo sienta un precedente para Georgia, Alabama y Carolina del Sur, que fueron los primeros estados en seguir el ejemplo de Arizona con leyes parecidas para combatir la inmigración indocumentada.

“Esta decisión es una señal bien clara de la Corte Suprema para los otros estados que han aprobado leyes como la de Arizona de que se viola la prerrogativa federal de poder de crear e implementar leyes de inmigración”, dijo a Efe Nora Preciado, abogado del National Immigration Law Center, una de las organizaciones que forma parte de una demanda contra la ley HB56 de Alabama.

Preciado señaló que pese a que la Corte Suprema dejó intacta la provisión que permite a las autoridades locales indagar el estatus migratorio de un detenido, ha “dejado la puerta abierta” para más acciones legales.

La ley HB56 de Alabama, que entró en vigor el pasado 28 de septiembre, es considerada una de las más severas de todo el país e incluye la controvertida provisión conocida como “muéstreme sus documentos”, que permite a las autoridades locales a detener a una persona bajo sospecha de que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos y penaliza a quienes transporten a un indocumentado.

La medida además exige a las escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito 11 en Atlanta tiene pendiente una decisión en torno a las leyes de inmigración de Georgia y Alabama, y en su última audiencia decidió que esperaría a hasta que la Corte Suprema emitiera su decisión sobre la SB1070 de Arizona.

“En el caso de Georgia nada cambiará inmediatamente porque hasta que la Corte de Apelaciones no emita un fallo, las provisiones de la ley en Georgia similares a las de ‘muéstrame tus documentos’ van a permanecer bloqueadas”, declaró a Efe Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Seguridad Nacional e Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia.

La ley HB87 de Georgia entró en vigor el 1 de julio de 2011 sin varios de sus apartados más controvertidos, incluyendo el que permitía a las autoridades locales cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando exista alguna “causa probable” de que esté en el país de forma ilegal.

En Carolina del Sur la decisión de la Corte Suprema fue recibida con desconsuelo por líderes hispanos.

En ese estado sureño la ley SB20, firmada por la gobernadora Nikki Halley en el verano de 2011, copiaba algunas de las provisiones de la SB1070 de Arizona, pero fue bloqueada parcialmente en diciembre del año pasado por un juez de Charleston.

Roberto Belén, uno de los demandantes contra la SB20 de Carolina del Sur, dijo que el veredicto del máximo tribunal “tolera el perfil racial”, al permitir a la Policía indagar por documentos a quienes “sospechen razonablemente” que se están ilegalmente en el país.

“El que hayan descartado las otras provisiones no quiere decir que la situación no vaya a ser lo mismo que antes”, anotó Belén.

Mientras que Iván Segura, del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas, afirmó que la decisión de hoy “debe servir para que se insista en una reforma migratoria que evite litigios en las cortes”.

Al igual que en los otros estados sureños, algunas de las disposiciones de la SB20 quedaron pendientes para que fueran aclaradas por la decisión del Supremo.

La medida, que entró en vigor el 1 de enero, fue retada en las cortes por el gobierno federal, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes.

La SB20 sanciona a quienes den albergue y transporte a los indocumentados, así como crea una agencia policial estatal dedicada a perseguir indocumentados.

Ya en 2008 y antes de la aprobación de la ley de Arizona, Carolina del Sur había aprobado una ley de inmigración estatal severa, que prohibió el ingreso de los estudiantes indocumentados a los centros de educación de ese estado e impuso penalidades a las empresas que no verificaran el estatus migratorio de los solicitantes de empleo.

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