Islamistas egipcios se movilizan en Tahrir a la espera de los datos electorales

Por Publimetro Colombia

El Cairo, 21 jun (EFE).- Los Hermanos Musulmanes volvieron hoy a ocupar la plaza Tahrir para protestar contra las últimas medidas tomadas por la Junta Militar egipcia en un clima de inestabilidad política marcado por el retraso de los resultados electorales.

En la céntrica plaza cairota, donde se encendió la chispa de la Revolución del 25 de Enero de 2011, se concentraron miles de manifestantes entre las tiendas de campaña y jaimas que desde hace tres días utilizan cientos de personas para acampar.

Uno de los congregados, Mohamed Yusuf, de 44 años, aseguró a Efe que llevaba durmiendo en Tahrir desde antes de ayer en una carpa junto a otros veinte activistas y señaló que continuarán la protesta hasta conseguir todas sus reivindicaciones.

“Demandamos la entrega del poder a una autoridad legítima y elegida por el pueblo, la renuncia de los militares y la anulación de la declaración constitucional complementaria”, precisó Yusuf.

Los islamistas y distintos grupos revolucionarios se opusieron a la reciente decisión de la Junta Militar de blindar sus prerrogativas de manera unilateral a través de una serie de enmiendas a la Declaración Constitucional provisional y vigente desde marzo de 2011.

Además, los manifestantes mostraron su rechazo a la reciente disolución del Parlamento egipcio, ordenada por el Tribunal Constitucional y formalizada después por la cúpula castrense que dirige el país de manera provisional desde la renuncia del presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011.

Entre puestos de comerciantes que vendían desde agua hasta banderas egipcias y fotos del candidato presidencial de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, los islamistas también se expresaron sobre la convulsa carrera electoral egipcia.

Resonó en la plaza el nombre de Mursi, coreado por los asistentes, que criticaron que la Comisión Electoral retrasara ayer el anuncio de los resultados oficiales de los comicios presidenciales, previstos para hoy, sin ofrecer una nueva fecha.

“Con el atraso de los resultados de las presidenciales, que Mursi ha ganado, la Junta Militar nos quiere llevar a la violencia”, remarcó a Efe el miembro de la cofradía Osama Yafar, que insistió en el apoyo de su grupo a la lucha pacífica.

Mientras, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en un comunicado que la extensión de las prerrogativas de las autoridades militares aumenta los poderes que tenían bajo el régimen de Mubarak y permite que continúen las violaciones de derechos humanos.

En ese ambiente de tensión, una docena de grupos políticos, entre ellos los Hermanos Musulmanes, convocaron para mañana, viernes, una concentración multitudinaria para continuar protestando contra la Junta Militar.

Dirigentes de los Hermanos insistieron en que no se trata de una lucha entre su grupo y la cúpula castrense, y abogaron por la celebración de un referéndum para que los egipcios decidan sobre las nuevas prerrogativas de los militares.

En una entrevista al canal catarí Al Jazeera, Saad Katatni, presidente del disuelto Parlamento, dominado por islamistas, apuntó hoy que habría que anular las recientes enmiendas para que “el país no entre en un periodo de confusión” y que agotarán todas las opciones antes de dar por muerta la asamblea legislativa.

La incertidumbre política invade estos días Egipto, que también sigue pendiente del estado de salud de Mubarak.

Por el momento no han trascendido nuevas informaciones sobre la salud del exmandatario, que tuvo que ser trasladado hace dos días de la cárcel de Tora a un hospital militar en la capital tras sufrir una trombosis.

Fuentes médicas revelaron ayer a Efe que Mubarak, de 84 años y condenado a cadena perpetua por la muerte de manifestantes durante la revolución, entró en coma la noche anterior, mientras que la televisión egipcia apuntó que se encontraba inconsciente y conectado a respiración artificial.

El Cairo, 21 jun (EFE).- La extensión de las prerrogativas de las autoridades militares egipcias aumenta los poderes que tenían bajo el régimen de Hosni Mubarak y permite que continúen las violaciones de derechos humanos, denunció hoy el grupo Human Rights Watch (HRW).

“La implacable expansión de la autoridad de los generales para detener y juzgar a civiles va ahora más allá de sus poderes con Mubarak”, lamentó el subdirector de HRW en Oriente Medio, Joe Stork, en un comunicado.

En los últimos días, la Junta Militar que gobierna Egipto en la actualidad ha adoptado una serie de medidas para reservarse competencias, ante el próximo anuncio de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales.

HRW recuerda el decreto del Ministerio de Justicia que permite a los militares detener a civiles y el anexo a la Constitución interina, aprobado por la Junta Militar el pasado día 17, que aumenta sus prerrogativas para aplicar la ley civil, lo que según el grupo supone la continuación de los juicios castrenses a civiles.

La ONG destaca también el decreto emitido hace tres días para reformar el Consejo Nacional de Defensa y conceder a los militares más poderes sobre asuntos de seguridad nacionales.

Para Stork, “estos decretos son la última señal de que todavía no habrá una entrega de poder significativa a una autoridad civil el 30 de junio”, fecha fijada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) para el traspaso de poder.

HRW advierte, además, de que con estas medidas la impunidad con la que han contado hasta ahora los militares puede aumentar al disponer de una mayor autoridad para aplicar la ley.

El grupo de derechos humanos citó abusos cometidos en el último año por parte del Ejército como “las torturas a manifestantes detenidos y el uso excesivo de fuerza letal para dispersar las protestas”, que a su juicio han quedado impunes porque los fiscales civiles no tienen jurisdicción para investigar las denuncias contra el personal militar.

En el caso del decreto del Ministerio de Justicia, apunta HRW, se permite a los oficiales de la policía y la inteligencia castrense detener a civiles por delitos como “difundir información falsa con el objetivo de afectar la seguridad nacional, operar una asociación no registrada e insultar a un oficial gubernamental, al Ejército o al Parlamento”.

Stork consideró ese decreto como un intento de incorporar a la ley ordinaria poderes excepcionales como los de la Ley de Emergencia, que el pasado 31 de mayo expiró tras 31 años en vigor.

El estado de emergencia dio cabida durante décadas a la suspensión de las libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha antiterrorista.

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