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Asunción, 21 jun (EFE).- El juicio político contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, comenzó hoy hacia las 18.15 hora local (22.15 GMT) con la presentación de la acusación a cargo de cinco diputados que ejercieron como «fiscales».
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Ante el pleno del Senado constituido en tribunal, el primero en exponer las razones por las que Lugo debe ser destituido por «mal desempeño» en sus funciones fue José López Chávez, del opositor partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), quien presentó uno de los cinco argumentos en los que dividieron la presentación.
El enjuiciamiento al presidente fue decidido hoy por la Cámara de Diputados, que responsabilizó a Lugo por la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de «sin tierras» el pasado día 15 en una hacienda de Curuguaty (nordeste).
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Ese hecho, así como un acto político celebrado por grupos de izquierdas en una dependencia militar, el conflicto entre «sin tierras» y grandes productores agrícolas en la región de Ñacunday, la ola de inseguridad en el país, y la aprobación del Protocolo de Ushuaia II aprobado por el Mercosur, fueron las razones esgrimidas contra Lugo.
Los «fiscales» consideran que el gobernante incurrió en mal desempeño en sus funciones al permitir la realización de un mitin político de los grupos de izquierda que integran la coalición gubernamental del 6 al 10 de mayo de 2009 en la sede del Comando de Ingenierías de las Fuerzas Armadas.
Ese fue un «acto de naturaleza netamente política» que fue avalado por el Gobierno, aseveró López Chávez.
«El presidente ha humillado a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas públicas, la Policía nacional», acusó el legislador, quien mantuvo que «ni en la más oscura época de la dictadura se han hecho actos políticos en los cuarteles».
El diputado liberal Jorge Ávalos tuvo a su cargo presentar la acusación contra Lugo sobre el conflicto que involucra a los «sin tierras», que exigen al Estado la entrega de una hacienda, propiedad del brasileño Tranquilo Favero -el mayor productor de soja individual del país- en Ñacunday, en la frontera con Brasil.
«El único instigador de invasiones de tierras en la zona de Ñacunday es Fernando Lugo», que muestra una «conducta cómplice», según Ávalos.
«Mientras esas invasiones se realizaban el presidente se mostraba con puertas abiertas a los líderes de las invasiones», remarcó.
Carlos Liseras, del Partido Colorado, tuvo a su cargo la acusación sobre la ola de inseguridad por la que atraviesa el país y y reflotó los rumores de presunta vinculación del jefe de Estado con grupos que promueven la existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que Fiscalía atribuye secuestros y asesinatos de policías.
El también «colorado» Clemente Barrios acusó al presidente de haber apoyado el Protocolo Ushuaia II del Mercosur, instaurado el 20 de diciembre de 2010 en Montevideo, sin consentimiento del Congreso.
«El protocolo Ushuaia II atenta contra la democracia y ampara a algunos gobernantes que en la actualidad ejercen el poder violentando los pilares de una democracia», denunció.
Finalmente, el diputado Óscar Tuma, también del Unace, tuvo a su cargo presentar los alegatos sobre la matanza en Curuguaty y advirtió que la misma fue una emboscada contra las fuerzas de seguridad.
Lugo «ha fortalecido a los grupos criminales que amenazan a los ciudadanos y que llegan a lo más bajo, atentar contra la vida de otros», condenó el parlamentario.
Los cinco «fiscales» se tomaron apenas media hora en total para presentar su acusación, aunque el reglamento aprobado por el Senado les había concedido hora y media.
Asunción, 21 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se enfrentó hoy a un proceso de destitución organizado a toda velocidad por el Congreso, bajo la acusación de mal desempeño en sus funciones por la muerte de 17 personas en una operación de desalojo de «sin tierras» en una hacienda del nordeste del país.
En apenas cinco horas, la Cámara de Diputados promovió por abrumadora mayoría un «juicio político», el Senado se constituyó en «tribunal» y fijó un calendario de proceso que concluirá este viernes a las 16.30 hora local (20.30 GMT) con la sentencia a Lugo.
La misma tarde de este jueves, los cinco diputados designados como «fiscales» expusieron sus razones para la destitución del presidente, quien había rehusado dimitir y dicho que se sometería al proceso, contemplado por la Constitución del país, «con todas sus consecuencias».
Los 17 muertos durante un choque armado entre policías y campesinos durante un desalojo en la hacienda de Curuguaty, el pasado día 15, que tiñó de sangre el enquistado conflicto por la tierra en Paraguay, fueron una de las razones esgrimidas por los «fiscales».
También acusaron a Lugo de instigar las ocupaciones de tierras en la región sojera de Ñacunday, en la frontera con Brasil.
Un acto político de sus aliados izquierdistas en una instalación militar en mayo de 2009, la ola de inseguridad en Paraguay y el apoyo a la aprobación del Protocolo de Ushuaia II aprobado por el Mercosur, fueron los otros fundamentos para pedir la destitución del presidente.
La crisis en Paraguay suscitó una inmediata reacción internacional: una delegación de ocho cancilleres de la Unasur, junto a su secretario general, Alí Rodríguez, acudió a Asunción a ver a Lugo por decisión de varios presidentes regionales reunidos en Río de Janeiro con ocasión de la conferencia de desarrollo sostenible de la ONU.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE.UU. expresaron su preocupación por lo acaecido en Paraguay, y demandaron transparencia y garantías en el proceso a Lugo, mientras que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) manifestó su rechazo por lo que percibió como una «maniobra de sectores de la derecha» paraguaya.
El presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos Adalberto Martínez y Edmundo Valenzuela, respectivamente, se reunieron con el mandatario en un intento de lograr su dimisión o, como lo expresó el segundo, su salida «por la puerta amplia honrando todo lo que significa hoy su patriotismo».
«Consideramos que hay un bien mayor, que es la paz (…) y un mal que hay que evitar que es la violencia, el derramamiento de sangre», dijo Valenzuela en una rueda de prensa.
Pero Lugo se mantuvo firme en su decisión de enfrentar el enjuiciamiento y estaba hoy «sereno», preparando su defensa ante lo que «se asimila a un golpe de Estado», dijo a Efe un portavoz presidencial.
También se expresaron líderes campesinos de Paraguay, que anunciaron marchas hacia Asunción en defensa de Lugo, quien congregó a varios cientos de personas en las plazas del Congreso.
En su mensaje a la nación tras la resolución de los diputados, Lugo apostó por «honrar la voluntad de las urnas» y evitar que «una vez más en la Historia de la República, un hecho político robe privilegio y soberanía a la suprema decisión del pueblo».
Rodeado de algunos de sus ministros y jefes militares, Lugo pidió al Legislativo evitar un procedimiento que pueda ser «contrastado por la Historia» cumpliendo con los «trámites y plazos» que le ofrezcan «toda la garantía de una justa y legítima defensa».
Pero Lugo se quedó solo en ambas cámaras, después de que su principal aliado en el Gobierno, el Partido Liberal, le retirara el apoyo ordenando la renuncia de sus cuatro ministros en el Gabinete.
Únicamente una diputada izquierdista votó a favor de Lugo en la cámara baja y tres senadores por una moción que habría concedido un respiro de tres días al presidente para preparar su defensa.
De acuerdo con el reglamento y calendario aprobados por el Senado -cuyo alterado orden del día incluía hoy la implantación del impuesto sobre la renta comprometida en 2005 con el FMI- Lugo (o sus abogados) tendrá que comparecer mañana mismo para exponer su defensa en una sesión extraordinaria a las 12.00 hora local (16.00 GMT).
Seguidamente, a las 14.30 hora local (18.30 GMT) el tribunal resolverá sobre la admisión o rechazo de las pruebas presentadas por las partes, a las 15.30 hora local (19.30 GMT) fiscales y acusado presentarán sus alegatos orales y a las 16.30 hora local (20.30 GMT), los senadores emitirán su sentencia inapelable.
En caso de ser considerado culpable, Lugo será inmediatamente apartado del cargo, que asumirá de forma interina el vicepresidente, el liberal Federico Franco, hasta la celebración de elecciones generales prevista en abril de 2013.
El senador Carlos Filizzola, que perdió la cartera de Interior por los sucesos de la hacienda de Curuguaty el pasado día 15, calificó el proceso de «maniobra política para truncar el mandato» de Lugo organizada «de manera récord» en la historia de Paraguay.
El anterior presidente paraguayo que se enfrentó a un «juicio político» fue Raúl Cubas Grau, que terminó renunciando en 1999 durante el violento «marzo paraguayo».
«Se le da el ropaje de una supuesta violencia que se está engendrando (…) No se vayan a crear monstruos y fantasmas que no existen», demandó Filizzola, aludiendo a las sospechas planteadas por otros senadores de que puede desatarse la violencia con las movilizaciones promovidas a favor de Lugo.
En sendos comunicados, las Fuerzas Armadas garantizaron su apego a la Constitución y la Policía garantizó que mantendrá el orden durante las manifestaciones, demandando que éstas se desarrollen pacíficamente.
Y la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió suspender todos los partidos previstos para mañana y el fin de semana.
Asunción, 21 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se reúne hoy con una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que llegó a Asunción en plena crisis política por un proceso de destitución abierto organizado por el Congreso.
Los jefes de la diplomacia de Brasil, Argentina y Uruguay (socios de Paraguay en el Mercosur), así como de Venezuela, Chile y Perú ya entraron a la residencia presidencial asuncena y se espera también a la colombiana María Ángela Holguín, dijo a Efe un portavoz oficial paraguayo.
En la reunión también se encuentra, así mismo, el secretario general de la Unasur, el venezolano Alí Rodríguez.
A la prensa se le permitió el acceso para filmar el inicio del encuentro, en el que también estaban presentes algunos líderes políticos del país y el equipo de asesores jurídicos de Lugo.
El Congreso de Paraguay decidió hoy y abrió horas más tarde un juicio político a Lugo, que es acusado de mal desempeño de sus funciones, entre otros, por un enfrentamiento entre policías y campesinos que dejó 17 muertos, durante un desalojo de «sin tierras» el pasado día 15 en una hacienda de Curuguaty (nordeste).