La Paz, 20 jun (EFE).- Tres legisladores bolivianos de oposición se encerraron en la oficina en La Paz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para reclamar acciones contra lo que llaman «persecución política» del presidente Evo Morales, informaron hoy fuentes políticas y de ese organismo.
Son las senadoras Carmen Eva Gonzales y María Elena Méndez y el diputado Adrian Oliva, de la derechista Convergencia Nacional, que hoy anunciaron que seguirán encerrados «indefinidamente».
La representación de la ONU en Bolivia señaló en un comunicado que sus oficinas no tienen condiciones ni facilidades para esa circunstancia y que los parlamentarios pasaron la noche allí «contra la voluntad» del organismo y «sin su autorización».
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La ONU «insiste en que este procedimiento no es el adecuado para canalizar sus preocupaciones», y hace un llamamiento a «todos los involucrados a actuar con responsabilidad y respeto por las normas y protocolos de nuestra Organización».
Los parlamentarios decidieron encerrarse tras reunirse el martes con el representante de esa oficina en La Paz, Dennis Racicot, a quien reclamaron sus «recomendaciones sumamente tibias que no reflejan la situación de Bolivia», declaró la también senadora de oposición Centa Reck.
Reck, otros legisladores de oposición y varios periodistas intentaron hoy entrar al edificio, pero el personal de seguridad lo impidió con el argumento de que son instrucciones de la ONU.
Según Reck, la decisión de ocupar la oficina, en lo que ella llama «vigilia», es una respuesta a la emergencia creada por una orden de arresto de su colega Gonzales, en uno de los muchos procesos judiciales que le abrió el oficialismo.
Agregó que los encerrados exigen una negociación con Morales que permita una «amnistía política» y que un misión de la ONU visite Bolivia y haga una auditoría sobre derechos humanos.
Además, que se permita que opositores que llevan más de 18 meses presos sin sentencia judicial sean excarcelados, para que se defiendan en libertad, y que se forme una «Comisión de la Verdad» para revisar caso por caso las denuncias del Gobierno contra los acusados por supuestos delitos penales.
Reck cree necesario que la situación de la oposición en Bolivia tenga una «solución integral», porque hasta ahora los acosados han estado buscando refugio o asilo cada uno por su cuenta, como el senador Roger Pinto, del mismo grupo político.
Pinto se refugió en mayo en la embajada de Brasil en La Paz y obtuvo asilo del Gobierno de Dilma Rousseff, pero las autoridades bolivianas se niegan a darle el salvoconducto.
Los parlamentarios opositores difundieron hoy una carta enviada a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la sudafricana Navy Pillay, para explicar que contra Pinto hay 20 juicios por diversos denuncias oficialistas, lo que consideran una persecución política.
En contacto por teléfono con un canal de televisión, el diputado Oliva dijo que el caso de Pinto y la «vigilia» en la sede de la ONU deben ser suficientes para entender que Bolivia «vive una crisis política» causada por el Gobierno de Morales y una Justicia manipulada en la que no confían.
En cambio, el diputado oficialista Galo Bonifaz dijo que se trata de «una campaña política de desprestigio contra el Gobierno legalmente constituido».
«Es una estrategia bien armada de deslegitimar al Gobierno. No quieren asumir sus procesos penales y pretenden ser absueltos por los organismos internacionales», agregó Bonifaz.
