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Washington, 20 jun (EFE).- El comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy una resolución de censura contra el secretario (ministro) de Justicia, Eric Holder, por su negativa a entregar más documentos sobre la polémica operación secreta conocida como «Rápido y Furioso».
En un voto que reunió a republicanos contra demócratas, el comité aprobó el desacato contra Holder, quien se niega a entregar los documentos adicionales exigidos en octubre pasado por la oposición republicana sobre «Rápido y Furioso», operación que permitió el tráfico ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009.
La resolución de 48 páginas, aprobada tras una acalorada audiencia repleta de recriminaciones mutuas, deberá ser votada ahora por el pleno de la Cámara baja, aunque no tiene fecha de momento.
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Si la aprueba el pleno, donde los republicanos tienen mayoría, se abriría una larga y tortuosa batalla legal entre el Congreso y el Ejecutivo.
Antes de la audiencia, la Casa Blanca invocó por vez primera el privilegio del Ejecutivo para proteger las deliberaciones internas e impedir la entrega de esos documentos que, según los republicanos, ayudarían a esclarecer quién ordenó o estuvo al tanto de la fallida operación secreta y cuándo, y exigir la rendición de cuentas.
Muchas de las armas adquiridas dentro de la operación fueron a parar a manos del crimen organizado en México. Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010.
La operación fue llevada a cabo por la Oficina para el Control del Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés), dependiente del Departamento de Justicia, con la intención de llegar hasta los jefes de los carteles mexicanos y la delincuencia organizada, pero fracasó.
La resolución de hoy es la primera que adopta este comité contra un miembro del Gobierno.
Tanto el Departamento de Justicia como la ATF deben emprender «una seria reorganización» para impedir este tipo de operaciones en el futuro, afirmó el presidente del comité, el republicano Darrell Issa.
El martes pasado, Holder se reunió a puerta cerrada con varios legisladores involucrados en las investigaciones, incluyendo Issa, sin llegar a un acuerdo que impidiese el voto de hoy.
Los republicanos exigen documentos posteriores a una carta del pasado 4 de febrero, cuando el Departamento de Justicia negó inicialmente tener conocimiento de la operación de la ATF, y acusan de encubrimiento a la Administración Obama.
La audiencia, que duró cuatro horas, dejó al descubierto la creciente discordia entre ambos partidos en torno a las investigaciones de la operación.
Para los republicanos, se trata simplemente de «llegar al fondo de la verdad» sobre «Rápido y Furioso» y evitar que operaciones como ésa se repitan.
En ese sentido, el legislador republicano de Utah, Jason Caffetz, argumentó que la audiencia de hoy fue una herida autoinfligida por Holder, porque «lo único que pedimos son esos documentos».
«No hay nadie que esté por encima de la ley en este país, y creo que este comité tiene la obligación y el derecho de investigar este asunto. No es nada personal contra Eric Holder», dijo Caffetz.
Pero los demócratas, entre ellos el de mayor rango en el comité, Elijan Cummings, replicaron que los republicanos han politizado el asunto y, en vez de promover la transparencia, lo que buscan es una «cacería de brujas» contra Holder.
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, se hizo eco de esas acusaciones al indicar que los republicanos prefieren invertir su tiempo y el dinero de los contribuyentes en una medida con motivaciones políticas «en vez de centrarse en crear empleos o fortalecer a la clase media».
Holder ha insistido siempre en que no hubo ningún esfuerzo por engañar al Congreso sobre la fallida operación. Pero los republicanos replican que el Departamento de Justicia tiene unas 140.000 páginas relacionadas con «Rápido y Furioso», de las que sólo ha entregado poco más de 7.000.
Según observadores, la votación en el Comité solo aumentará las presiones sobre ambas partes para lograr un acuerdo que impida una batalla legal en los tribunales sobre los documentos en disputa.
Washington, 20 jun (EFE).- El secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, quedó hoy expuesto a una censura del Congreso por desacato después de que el presidente Barack Obama hiciera valer su «privilegio ejecutivo» para no entregar a los legisladores documentos sobre la operación «Rápido y furioso».
El comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes discute hoy una moción de su presidente, el republicano Darrell Issa, para reprobar por desacato a Holder, quien no ha entregado los documentos adicionales requeridos por los congresistas.
La operación clandestina del Departamento de Justicia permitió, en 2009, el traspaso de unas dos mil armas de fuego hacia México, con la intención de seguirlas para identificar a los traficantes de droga y otros criminales que las usaran.
La operación fracasó y se perdió el rastro a buena parte de las armas que acabaron siendo utilizadas para delitos muy graves.
El senador republicano Charles Grassley, que ha estado muy involucrado en una investigación paralela a cargo del Senado, sostuvo que «la invocación del privilegio ejecutivo plantea cuestiones monumentales».
«¿Cómo puede el presidente afirmar el privilegio ejecutivo si la Casa Blanca no ha estado involucrada y se supone que el presidente no ha visto jamás los documentos?», indicó Grassley.
«Las preguntas que ha hecho el Congreso apuntan a determinar qué ocurrió con un desastroso programa gubernamental y para (asegurar) que nunca ocurra otra vez», añadió.
El representante demócrata Elijah Cummings alegó por su parte: «el Congreso tiene la responsabilidad de conducir una supervisión vigorosa sobre el Poder Ejecutivo, pero la Constitución también requiere que reconozcamos los derechos legítimos del Poder Ejecutivo».
El legislador demócrata recordó que el Departamento de Justicia ha entregado ya más de mil páginas de documentos en respuesta a las preguntas de los legisladores.
De seguir adelante el procedimiento en el comité, sería la primera vez desde 1998 en que el Congreso adopta una resolución por desacato contra un secretario (ministro) de Justicia.
Pero no es ésta la primera vez que el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen un enfrentamiento acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.
Al menos 25 veces desde 1980 la Casa Blanca ha esgrimido el «privilegio ejecutivo». Quien más veces recurrió a ese derecho fue Bill Clinton (1992-2001), quien invocó 14 veces sus atribuciones para retener materiales pedidos por los legisladores.
El presidente George W. Bush (2001-2009) invocó el privilegio ejecutivo seis veces; el presidente George H.W. Bush (1989-1993) lo hizo una vez y su predecesor Ronald Reagan (1981-1989) invocó el privilegio tres veces.
