Asunción, 30 may (EFE).- Centenares de «indignados» paraguayos protestaron hoy por segundo día consecutivo ante el Congreso de los Diputados para reclamar el desbloqueo de las listas de candidatos y el juicio político para siete miembros del Tribunal Supremo.
PUBLICIDAD
La protesta, que se llevó a cabo en una plaza pública ante la sede del Parlamento, en Asunción, fue convocada bajo la denominación de «After office revolucionario» por grupos civiles, en su mayoría jóvenes, quienes se manifestaron con las caras pintadas, pancartas y banderas.
«Estamos acá para que los políticos se den cuenta de que no vamos a permitir que nos sigan imponiendo a quienes tenemos que votar, estamos cansados de que otros decidan por nuestro futuro», afirmó ante los periodistas Carlos Rodríguez, de 21 años.
Recomendados
Culpan a enfermero de matar a cuatro pacientes inyectándoles aire
Cuatro muertos y 30 heridos deja grave accidente de tránsito en Brasil
La reina Isabel II pasó la noche en un hospital y hay intriga sobre su estado de salud
Los organizadores del encuentro también exigieron el juicio político para siete de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia que fueron confirmados en sus cargos por el Consejo de la Magistratura el 23 de abril pasado.
Los «indignados» protestaron en el mismo lugar donde el martes se congregaron para repudiar un proyecto de ampliación presupuestaria de 33 millones de dólares para la Justicia Electoral que finalmente fue rechazado por el Senado en una sesión extraordinaria convocada de urgencia.
El proyecto estipulaba una ampliación de 150.000 millones de guaraníes (33 millones de dólares) para la contratación de entre 7.000 y 9.000 nuevos funcionarios para el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Los manifestantes, quienes denunciaron que esos fondos irían a parar a manos de operadores políticos, también se habían congregado ante el Congreso el día 25 pasado, luego de que los Diputados dieran vía libre al proyecto en cuestión.
La petición de ampliación volvió a instancias del Legislativo después de que el jefe de Estado, Fernando Lugo, lo vetara el día 9, argumentando que el Gobierno no cuenta con los recursos exigidos.