Ginebra, 24 may (EFE).- La comisión independiente auspiciada por la ONU para investigar la violación de los derechos humanos en Siria constató hoy una «creciente militarización» del conflicto en el país, con continuas violaciones de los derechos fundamentales por parte de las fuerzas gubernamentales y de los grupos opositores.
«La comisión sigue extremadamente preocupada por la situación de los derechos humanos en el país, donde no han menguado las graves violaciones, en un contexto crecientemente militarizado, pese al acuerdo de las partes sobre el plan de seis puntos del enviado especial conjunto (de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan)», afirmó.
La comisión internacional, que sigue sin recibir permiso de Damasco para visitar Siria, actualizó hoy su trabajo de investigación, que se basa en las entrevistas que realiza dentro y fuera del país con testigos directos del conflicto y la represión.
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El grupo indicó que la mayoría de las graves violaciones de los derechos humanos documentadas «fueron cometidas por el ejército y los servicios de seguridad sirios, en el marco de operaciones militares de búsqueda en localidades conocidas por albergar a desertores, personas armadas y simpatizantes de la oposición».
«El ejército utilizó un amplio abanico de medios militares, incluidos intensos bombardeos de zonas civiles. La comisión recibió numerosos testimonios de que los grupos armados antigubernamentales también están cometiendo abusos de los derechos humanos», agregó.
La principal novedad de la actualización de la investigación es que, pese al plan de paz de Annan para propiciar un cese de las hostilidades (supuestamente en vigor desde el 10 de abril), una retirada de las fuerzas militares y el inicio de un proceso político, se ha intensificado la violencia de los enfrentamientos.
«La comisión toma nota de la intensidad de la violencia en la República Árabe de Siria, así como de la naturaleza crecientemente organizada de los grupos armados en determinadas zonas», señaló.
Esto se ha traducido en un cambio de táctica de las fuerzas leales al presidente, Bachar al Asad, que «si inicialmente respondían sobre todo a manifestaciones, ahora afrontan combatientes bien organizados, reforzados por desertores que se les han unido».
Las fuerzas de seguridad del Estado siguieron empleando «fuerza letal» contra manifestaciones antigubernamentales en Idlib, Homs, Aleppo, Hama, Damasco y Deraa, según la comisión, que constató que «muchas de esas protestas tuvieron participación de grupos armados, que describen su papel como el de protectores de los manifestantes».
Otra novedad desde el pasado mes de febrero, cuando la comisión presentó su anterior documento, es que las fuerzas estatales elaboran listas de personas buscadas por su cercanía a la oposición y atacan poblaciones o vecindarios, previo bloqueo de las vías de acceso, ejecutando sumariamente a combatientes y civiles.
«Los testimonios indican que las fuerzas de seguridad recurrieron a bombardeos de precisión para atacar pequeños bastiones de la oposición, así como a los bombardeos indiscriminados contra zonas residenciales sospechosas de albergar a combatientes opositores».
«Tras los bombardeos, las fuerzas de seguridad supuestamente entran en la zona, posicionan a francotiradores en los tejados -a menudo en escuelas- y realizan registros casa por casa. Hay muchos testimonios de ejecuciones extrajudiciales en este contexto».
Según los relatos recogidos por la comisión, «los combatientes de los grupos armados antigubernamentales son asesinados tras ser capturados o resultar heridos, y en casos particularmente graves familias enteras han sido ejecutadas en sus casas, habitualmente familiares de opositores como en el caso del coronel Raid Al Asaad».
La comisión recoge asimismo «numerosas informaciones de ejecuciones extrajudiciales de miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad y de supuestos informadores y/o colaboradores capturados por las fuerzas armadas de oposición».
En Homs, señala la comisión, hay testimonios de juicios dirigidos por mandos de los grupos opositores y de líderes religiosos.
Se reiteran también las informaciones sobre detenciones arbitrarias y torturas, tanto por parte del Gobierno como de los grupos armados de oposición, y las denuncias de violaciones de los derechos humanos que sufren los menores sirios.
El documento de la comisión cita la ejecución colectiva de 18 personas, cinco de ellas menores, por parte de las fuerzas estatales en la localidad de Taftanaz el pasado mes de abril.
Por último, se hace referencia a los atentados indiscriminados cometidos desde marzo pasado en distintas localidades, con el resultado de unas 120 personas muertas, «actos criminales sobre cuya autoría la comisión no puede determinar la responsabilidad».
