Londres, 24 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) destaca en su informe anual avances «significativos» en América en el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos, aunque denuncia que persisten las amenazas y homicidios de periodistas y defensores de los derechos humanos.
En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que se presenta hoy en Londres, AI señala que entre los países en los que se registraron avances figuran Argentina por las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura (1976-1983).
También incluye a Brasil, Bolivia, Chile, Haití y Colombia.
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No obstante, la impunidad por violaciones de derechos humanos siguió siendo la norma, según AI.
Así destaca que en Colombia, una exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, implicada en un escándalo de escuchas y vigilancia ilegales y amenazas contra detractores del en su día presidente Álvaro Uribe, siguió eludiendo la justicia, y que en México, las acciones judiciales contra responsables de violaciones de derechos humanos continúan en punto muerto.
En relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, AI apunta que este organismo fue blanco de continuos ataques por parte de varios Estados durante 2011.
Cita el caso de Brasil que retiró a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisión de que se suspendieran las obras del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a las comunidades indígenas afectadas.
Ecuador, Perú y Venezuela también criticaron a la Comisión, acusándola de excederse en su mandato y de injerencia en sus derechos soberanos.
Sobre seguridad y derechos humanos, el informe de AI señala que los gobiernos siguieron explotando motivos «legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad».
En este sentido, AI destaca que en México más de 12.000 personas perdieron la vida en actos violentos atribuidos a organizaciones delictivas, y que el presidente Felipe Calderón desplegó a alrededor de 50.000 soldados e infantes de marina para realizar funciones de orden público.
En menor escala, también emplearon personal militar para desempeñar funciones de orden público otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Venezuela, y en Brasil las prácticas de los cuerpos de seguridad en siguieron caracterizándose por los abusos y la corrupción.
En Colombia, el largo conflicto armado interno siguió «infligiendo indecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país».
Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares y las fuerzas de seguridad, que en ocasiones actuaban en connivencia, fueron responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, según AI.
Al finalizar 2011, casi dos años después de que expirase el plazo fijado por el presidente estadounidense Barack Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base más de 150 detenidos.
Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas siguieron suscitando «honda preocupación» pese a algunos avances positivos en la región, según el informe.
En muchos casos se negó a los pueblos indígenas su derecho a una consulta y a dar su consentimiento respecto a proyectos de desarrollo que les afectaban, incluidos proyectos de la industria extractiva.
Perú aprobó una histórica ley en 2011 que hizo preceptiva la consulta a los pueblos indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales. Sin embargo, esto fue siendo la excepción.
En Brasil, Colombia, Guatemala y México se expulsó a indígenas de sus tierras, a menudo con violencia, y se informó de uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban por los derechos de los indígenas y contra proyectos de desarrollo en Perú y Bolivia.
El informe de AI también apunta que los Estados de la región no consideraron prioritaria en sus agendas políticas la protección de las mujeres y las niñas frente a la violación, las amenazas y los homicidios. En El Salvador, Chile y Nicaragua sigue prohibido el aborto en todas las circunstancias.
Sobre los derechos de los emigrantes, en varios países se negó la protección de la ley a cientos de miles de emigrantes
En México se descubrieron cientos de cadáveres de emigrantes en fosas clandestinas.
En relación a la pena de muerte, en Estados Unidos fueron ejecutados durante el año 43 presos, todos por inyección letal. Eso elevaba a 1.277 el número de personas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976.
