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Restos óseos avalan la teoría del cementerio clandestino de la dictadura uruguaya

Montevideo, 17 abr (EFE).- La identificación de unos restos óseos hallados en marzo pasado en un cuartel a las afueras de Montevideo, los segundos descubiertos allí en los últimos meses, reforzó hoy la teoría de que el recinto militar fue usado como cementerio clandestino por la dictadura (1973-1985).

Según informó la Presidencia uruguaya en su página web, a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que colabora en la investigación, se pudo determinar que los huesos hallados el pasado 15 de marzo pertenecen a Ricardo Blanco Valiente, un militante comunista desaparecido en 1978.

Tras conocer la noticia, Ana Cecilia Blanco, hija de la víctima, indicó al Canal 10 de televisión tener «sentimientos encontrados».

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«Sentimos que nos sacude tanto pero a la vez es un alivio para el alma», dijo Blanco, que aseguró no haber perdido nunca «la esperanza de que en algún momento la verdad iba a salir».

Su padre nació el 27 de diciembre de 1938 en la ciudad de Mercedes, a unos 280 kilómetros al noroeste de la capital uruguaya, y era propietario de un almacén en Montevideo.

En su ciudad natal fue empleado de la compañía pública UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) y dirigente del Plenario Intersindical de la Ciudad de Mercedes.

Casado y padre de dos hijos, en el momento de su detención militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

En el lugar del hallazgo de sus restos, el cuartel del Batallón 14 de Paracaidistas del Ejército, ya habían sido descubiertos otros en octubre pasado, en aquel caso del maestro Julio Castro, una de las víctimas emblemáticas de la dictadura porque fue asesinado a los 68 años de edad tras ser torturado brutalmente.

Un mes después, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, se convirtió en el primer militar uruguayo en activo que pide enjuiciar a sus pares por delitos cometidos durante la dictadura al reclamar justicia para la familia de Castro.

En el caso de Blanco, la Presidencia uruguaya informó hoy que «no hay indicios de que en este caso haya habido ejecución», un punto sobre el que no se quiso pronunciar el experto José López Mazz, que lidera el equipo de arqueólogos y antropólogos que trabaja en la zona, formado por ocho personas.

En declaraciones a Efe, López Mazz sí enfatizó en cambio que «se maneja como hipótesis que el lugar se usaba como un cementerio clandestino que los represores llamaban con humor negro Arlington», como el famoso cementerio de Washington.

Las primeras excavaciones en el recinto militar se remontan a hace siete años, cuando Tabaré Vázquez (2000-2005), el primer gobernante de izquierdas del país y correligionario del actual, José Mujica, ordenó buscar allí los restos de otra víctima emblemática del régimen de facto, la argentina María Claudia García.

Por ese caso, el Gobierno uruguayo realizó el pasado 21 de marzo un acto público para reconocer la responsabilidad del Estado en aquel crimen y cumplir así con una sentencia dictada contra el país el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tribunal condenó a Uruguay por la desaparición en 1976 de María Claudia, casada con un hijo del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de la pareja, Macarena Gelman, que le fue arrebatada a su madre al nacer, en Uruguay, donde hasta los 23 años la criaron un policía y su esposa.

El caso de García se vincula con el del «Segundo Vuelo», en el cual se presume que una veintena de uruguayos fueron detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Montevideo, donde desaparecieron, como parte de la Operación Cóndor, coordinada por los órganos represores de las dictaduras suramericanas.

Se cree que aquellas personas fueron asesinadas y enterradas en el cuartel del Batallón 14, aunque el hallazgo de Castro y de Blanco abre la posibilidad de que en ese espacio fueron sepultadas también otras víctimas.

Existe asimismo otra teoría, respaldada con testimonios de exmilitares procesados, de que en el recinto militar se llevó a cabo en los últimos años de la dictadura la llamada «Operación Zanahoria», un intento desesperado de los militares de desenterrar los restos y volverlos a ocultar para que no fueran encontrados.

Esto explica la posible dispersión de los restos, que obliga a López Mazz y su equipo a trabajar con maquinaria pesada en el cuartel.

«Cuando tienes 400 hectáreas para trabajar el peligro es que no encuentres, no que rompas los huesos», argumentó.

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