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Redacción Internacional, 16 abr (EFE).- La presidenta argentina, Cristina Fernández, envió hoy al Congreso el proyecto de ley que expropia el 51 % del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, una decisión por la que el Gobierno español ha anunciado que adoptará «medidas contundentes».
Tras una reunión del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y sus ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, el Ejecutivo de Madrid condenó la «decisión arbitraria» tomada por Argentina, e informó de que tomará las decisiones que considere convenientes en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas.
El titular de Exteriores leyó una declaración del Ejecutivo español en la que se afirma que la decisión argentina «rompe el clima» de tradicional amistad y cordialidad en las relaciones entre ambos países y añade que España tomará medidas «claras y contundentes».
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El ministro español de Exteriores dijo que el Gobierno se ha puesto en contacto con la UE para pedirle que se trate el conflicto en Estrasburgo en la sesión del Parlamento Europeo.
El negocio de YPF representa algo más del 50 % de la producción total de hidrocarburos de la petrolera española Repsol y alrededor del 40 % de sus reservas.
Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, dijo que «una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios» en el país suramericano.
Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) apuntó, desde Ginebra, que solo podría pronunciarse sobre la expropiación si la Unión Europea plantease una demanda.
Además, México, que tiene la presidencia de turno del G20, espera que España le informe de las medidas que desea que el grupo adopte, aunque el secretario de Economía de ese país, Bruno Ferrari, dijo que su país considera prematuro definir si este asunto tendrá impacto en el reciente acuerdo de colaboración entre Repsol y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras el anuncio del Gobierno argentino, la cotización de las acciones de la petrolera fue suspendida en las Bolsas de Buenos Aires, Nueva York y México.
En un acto celebrado hoy en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, se dio a conocer la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de YPF y que declara de «interés público nacional» el sector de hidrocarburos.
De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, según el proyecto legislativo.
La presidenta Cristina Fernández dijo que su propuesta intenta poner fin a «una política de vaciamiento» de YPF, «con no producción y no exploración», lo que, en su opinión, convertiría a Argentina «en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales».
La presidenta decretó que el ministro de Planificación, Julio de Vido, asuma la dirección de la compañía, con la ayuda del viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien medios locales señalan como uno de los principales impulsores de la expropiación.
La importancia para el Ejecutivo de Fernández radica en que YPF es una de las mayores empresas argentinas, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país.
El anuncio de la expropiación se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.
Desde enero, cuando comenzó el conflicto, los títulos de la petrolera han acumulado una caída del 26,58 % y su capitalización bursátil es de unos 11.000 millones de dólares.
Fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal.
La empresa cayó en la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9 % de la petrolera por unos 2.000 millones de dólares.
En abril de ese mismo año, Repsol lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital, que supuso valorar la compañía en unos 13.400 millones de dólares.
En 2007, el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, compró el 14,9 % de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10 % adicional.
YPF, participada en un 57,43 % por Repsol y un 25,46 % por el grupo argentino Petersen, ha visto cómo en las últimas semanas seis provincias argentinas revocaron una quincena de licencias para operar y otras dos la conminaron a aumentar sus inversiones bajo amenaza de cancelarle permisos de explotación.
Buenos Aires, 16 abr (EFE).- El Senado argentino comenzará mañana a analizar en comisiones el proyecto enviado hoy por la presidenta argentina, Cristina Fernández, para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a la española Repsol.
Fuentes parlamentarias confirmaron a Efe que las comisiones de Asuntos Constitucionales de Presupuesto y Hacienda, y de Minería, Energía y Combustibles, todas ellas de mayoría oficialista, analizarán la iniciativa oficial en una reunión convocad para horas del mediodía.
Al encuentro han sido convocados el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, designado hoy por la presidenta como interventor de YPF, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien secundará al ministro en la intervención de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.
También se espera la comparecencia del secretario de Energía, Daniel Cameron.
Fuentes legislativas citadas por la agencia estatal Télam indicaron que el oficialismo apuesta por llevar el proyecto para su discusión en el pleno del Senado el próximo miércoles 25 y ser luego girado a la Cámara de Diputados.
«Nuestra voluntad, como bloque mayoritario, es avanzar en el tratamiento de este proyecto con suma rapidez y celeridad», dijo el jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.
Portavoces del oficialismo en el Senado consultados por Efe aclararon que sólo se requerirá una mayoría simple para la aprobación parlamentaria del proyecto, mientras que serán necesarios dos tercios de los votos si en el futuro, una vez que el Estado tome el control de la compañía, se busca hacer una nueva transferencia accionarial.
El oficialismo, con sus aliados, tiene 135 escaños en la Cámara de Diputados, sobre un total de 257, y 37 sillas en el Senado, sobre un total de 72.
La oposición ha reaccionado en forma dividida ante el anuncio gubernamental, con la Unión Cívica Radical, la segunda fuerza parlamentaria, anticipando que no acompañará al oficialismo e impulsará un proyecto propio.
Otros sectores de centro y derecha también han manifestado su oposición a la expropiación del 51 por ciento de YPF, mientras que algunos integrantes de la izquierda opositora manifestaron su adhesión a la iniciativa, aunque con reservas.
Madrid, 16 abr (EFE).- El Gobierno español, la mayoría de los partidos políticos y la Comisión Europea (CE) han criticado la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar el 51% de YPF, filial de Repsol, y han alertado a Argentina de las consecuencias de esta decisión.
El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ha condenado hoy la decisión «arbitraria» de las autoridades argentinas de intervenir YPF y ha anunciado que adoptará las decisiones que considere convenientes en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior.
Estas declaraciones, realizadas por los ministros de Industria, José Manuel Soria, y Exteriores, José Manuel García-Margallo, se han producido después de la reunión mantenida por ellos y Rajoy en La Moncloa para estudiar las medidas que va a tomar tras el anuncio de la expropiación.
Para el Ejecutivo español, según García Magallo, esta medida de las autoridades argentinas rompe el clima de cordialidad y amistad que ha presidido las relaciones entre ambos países, mientras que Soria ha señalado que se trata de una decisión hostil contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno español.
Rajoy había garantizado esta mañana que «allí donde haya una empresa española, allí estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses», mientras que el secretario general del PSOE principal de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba, ha apoyado al Gobierno ante las decisiones que adopte y ha hablado con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para trasladarle su apoyo a esta compañía.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo dará una respuesta adecuada a Argentina.
El portavoz del partido catalanistas CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha ofrecido su apoyo al Gobierno español para «defender políticamente y legalmente los intereses de Repsol YPF hasta donde haga falta» y ha comparado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, con el «populismo» de su homólogo venezolano, Hugo Chávez.
El líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha pedido al Gobierno que defienda los intereses de Repsol YPF en Argentina «sin amenazas y sin arrogancias» porque «no estamos en el siglo XV» y ha censurado la actitud «amenazadora» que está teniendo el Gobierno en la defensa de los intereses de la multinacional española en Argentina y el «silencio oficial» del Gobierno de Fernández.
La diputada y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha afirmado que la decisión de Argentina genera un problema de «inseguridad jurídica» a las empresas españolas y europeas, por lo que ha exigido una respuesta del Gobierno y a la UE.
«No se puede consentir que a mitad del partido se cambien las reglas del juego. Ni Argentina ni ningún otro país», ha subrayado.
La CE ha advertido al Gobierno argentino de que la expropiación enviaría una señal «muy negativa» a los inversores, porque dañaría el clima de negocio en el país, y ha abogado por encontrar una «solución de mutuo acuerdo que no dañe el clima empresarial y las relaciones entre la UE y Argentina».
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) asegura que tanto Repsol como sus accionistas pueden recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que prevé medidas indemnizatorias, o a los acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI).
En el mundo empresarial, el consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, ha pedido «respeto al principio de seguridad jurídica» para las empresas españolas en Argentina.
