Entregados 296 cadáveres de los 361 muertos en el incendio en una cárcel hondureña

Por Publimetro Colombia

Tegucigalpa, 26 mar (EFE).- Fuentes oficiales hondureñas informaron hoy que 296 cadáveres del total de 361 personas que murieron en el incendio en la Granja Penal de Comayagua, en Honduras, el 14 de febrero pasado, han sido entregados a sus familiares.

El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, dijo a Efe que del total de personas que fallecieron en el siniestro 296 cadáveres han sido entregados a sus familiares, que esperan en un campamento instalado por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Tegucigalpa.

Según un equipo de expertos de Estados Unidos la causa del incendio en el penal de Comayagua, que se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasado, “fue accidental”.

Siete de las 361 víctimas del siniestro en la cárcel de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, murieron en el Hospital Escuela, donde todavía permanecen dos presos en condición “estable”, según fuente médicas.

El 29 de febrero, cuatro policías españoles expertos en dactiloscopia, entre otras áreas, llegaron a Tegucigalpa para colaborar en la fase de identificación de las víctimas del siniestro en el penal.

El Estado de Honduras admitió este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.

Los comisionados pidieron al Estado hondureño una mayor información sobre los esfuerzos legislativos y públicos para paliar esas deficiencias y exigieron una “estrategia más integral” para combatirlas.

El pasado 28 de febrero, en la CIDH, el Gobierno de Honduras llegó a un acuerdo con los representantes de las víctimas de un siniestro registrado en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula, norte, donde fallecieron 107 reos.

El acuerdo incluye un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en ese incendio, la reconstrucción de nueve cárceles, el castigo a los responsables del siniestro de 2004 y el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.

Según datos oficiales, el sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, alberga a 12.246 personas, pero la capacidad es para unas 8.000.

Washington, 26 mar (EFE).- Representantes del Gobierno de Honduras admitieron hoy ante la CIDH la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, sobrepoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervinieron hoy representantes del Estado hondureño y también Rodrigo Escobar Gil, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad dentro de la Comisión.

“La situación de las cárceles en Honduras es de suma gravedad y de una crisis verdaderamente estructural”, dijo en la audiencia Escobar Gil, quien denunció “deficiencias estructurales en todo el sistema carcelario”.

Los comisionados pidieron al Estado de Honduras una mayor información sobre los esfuerzos legislativos y públicos para paliar esas deficiencias y exigieron una “estrategia más integral” para combatirlas.

Los funcionarios hondureños admitieron que la situación es grave, pero defendieron, no obstante, la actuación del Estado cuando el pasado 14 de febrero se produjo un incendio en el penal de Comayagua que causó la muerte de 361 personas.

La procuradora general de Honduras, Ethel Deras, indicó que el Estado “debe ser garante de la vida de las personas cuando están privadas de libertad, pero las deficiencias estructurales tampoco pueden obviarse”.

“El Estado de Honduras ha atendido de forma responsable el incendio. Sin embargo, continúa trabajando en las secuelas que ha dejado este hecho y tiene programado todo un plan para depurar los centros penitenciarios”, aseguró Deras.

La funcionaria defendió la “efectividad” de la investigación en marcha para esclarecer las causas del incendio, que también van a ser objeto de una investigación propia de la CIDH, que tiene previsto enviar a Honduras una misión para esa tarea.

En la audiencia intervino tambiénl a subsecretaria de Estado de la secretaría de Seguridad del país, Marcela Castañeda, quien informó de que la población reclusa de Honduras asciende a 12.246 personas, mientras que la capacidad total de los 24 centros penitenciarios es de 8.000 presos.

“Existe una clara sobrepoblación de los privados de libertad en Honduras”, afirmó Castañeda, quien indicó que únicamente hay cinco centros que no exceden su capacidad y otros dos con sobrepoblacion mínima.

Media docena de centros, entre ellos los de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Yoro y Puerto Cortés, absorben el grueso de los alrededor de 4.000 presos que conforman esta sobrepoblación, añadió.

Además, el 52,4 por ciento de los presos no ha sido condenado, frente a un 47,5 por ciento que sí han recibido una sentencia, según indicó la directora general de fiscales del Ministerio Público de Honduras, Daniela Ferrera.

Pese a que esa proporción ha mejorado respecto a la registrada en 1990, cuando sólo el 13% de los presos había sido condenado, y a 2005, cuando esa proporción era del 36%, la CIDH se mostró “gravemente preocupada” por la prevalencia de la detención preventiva en el país.

Al respecto, Castañeda explicó que los centros donde existe sobrepoblación se benefician del estado de emergencia y calamidad declarado por el presidente Porfirio Lobo el año pasado, cuyo plazo se prorrogó hasta mayo de este año para “reducir el impacto del hacinamiento y mejorar la calidad de vida”.

Agregó, además, que tras producirse el incendio en el penal de Comayagua, se extendió ese decreto de emergencia para abarcar también ese centro, mientras que el ministerio de Seguridad ha iniciado las gestiones para la construcción de una nueva instalación en esa localidad. EFE

La CIDH celebra su 144 periodo de sesiones hasta el 30 de marzo.

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