El yerno del rey de España continuará su declaración judicial el domingo

Por Publimetro Colombia

Palma (España), 25 feb (EFE).- Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I de España, continuará mañana domingo su declaración judicial después de responder hoy durante ocho horas y media a las preguntas de un juez instructor sobre su supuesta implicación en un caso de corrupción.

El duque de Palma, el primer miembro de la Familia Real española imputado en un caso de supuesta corrupción, insistió en su inocencia ante la Justicia en un tribunal de Palma de Mallorca y aseguró que nunca participó en la gestión y la contabilidad de las empresas investigadas.

A lo largo de todo el día, el juez instructor de esta causa, José Castro, dirigió el interrogatorio que continuará el domingo.

“Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo”, dijo el esposo de la infanta Cristina antes de entrar en el edificio judicial para declarar ante el juez, los fiscales anticorrupción y el medio centenar de letrados personados en la causa.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, Urdangarin ha dado respuesta a todas las preguntas del juez, ante quien ha afirmado que su responsabilidad en las sociedades investigadas se limita a haber sido presidente del Instituto Nóos, socio de Nóos Consultoría al 50 por ciento con Diego Torres y propietario de Aizoon junto a la infanta Cristina.

Del resto de empresas investigadas -el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management-, no era accionista, ni gestor, ni conocía nada sobre sus actividades, según ha declarado a lo largo de una comparecencia que las mismas fuentes han definido como “exhaustiva”.

Cuando concluya la declaración, que podría prolongarse durante toda la jornada del domingo, Manos Limpias, que ejerce la acción popular pedirá medidas cautelares contra el duque de Palma, según ha anunciado el sindicato.

A la convocatoria judicial también se han sumado esta mañana las voces críticas de medio millar de personas que se han manifestado sin incidentes en los alrededores de los juzgados para expresar su rechazo a la Monarquía y a la corrupción y en favor de la República.

Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, la hija menor de los reyes Juan Carlos y Sofía, está acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la administración.

El Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, era una entidad sin ánimo de lucro que, según la Fiscalía Anticorrupción, recibió casi seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) entre 2004 y 2007 de varias administraciones públicas, sobre todo de los Gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

El duque de Palma, que reside desde 2009 en Washington, afirmó ante el juez que nunca participó en la gestión ni en la contabilidad de Nóos y las sociedades investigadas en relación con este instituto, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

También reconoció en su declaración judicial que el Rey le pidió en 2006 que dejara sus actividades profesionales relacionadas con el sector público, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Esta afirmación del esposo de la infanta Cristina confirma la versión ofrecida en diciembre pasado por la Casa del Rey cuando dio a conocer que el monarca había aconsejado a Urdangarin que abandonara Nóos porque desarrollaba acciones lucrativas.

Con gesto muy serio y visiblemente más delgado, el duque aseguró a su llegada al juzgado que en los últimos años ha ejercido sus “responsabilidades” y tomado “decisiones de manera correcta y con total transparencia”.

El duque de Palma es sospechoso de montar un entramado societario para desviar fondos públicos a través de Nóos, donde entró en 2003 como administrador.

Al año siguiente se convirtió en su presidente, momento en que era gerente su exsocio Diego Torres, quien pasó a dirigir el instituto cuando Urdangarin dejó la presidencia en 2006.

La Fiscalía sostiene que crearon una “estructura societaria” en Belice y Reino Unido, que usaron supuestamente para desviar cientos de miles de euros de Nóos, un instituto que, además de los fondos públicos, ingresó entre 2004 y 2008 otros 4,1 millones de euros procedentes de empresas y organismos privados.

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