La Fiscalía imputará nuevos cargos al expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade por “interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales” como parte de una investigación por los sobornos de la brasileña Odebrecht.

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado, en el que detalló que Andrade, quien actualmente tiene casa por cárcel en otro proceso que se le sigue por el escándalo de sobornos de Odebrecht, es acusado de esos delitos por la adición en el contrato de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia.

“La diligencia judicial fue programada por el servicio judicial de los juzgados de Paloquemao (Bogotá) para el 28 de septiembre”, agregó la información, que señaló que “el señor Andrade, presuntamente, habría cometido irregularidades con el fin de lograr la adjudicación del otrosí número 1 del contrato Ruta del Sol III”.

Además lo acusan de favorecer la adjudicación del “otrosí número 5 del contrato”, que contenía “los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato, en el departamento de Magdalena (norte)”.

La Fiscalía ya le había imputado cargos a Andrade el año pasado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos de la concesión de la Ruta del Sol II.

El ente acusador considera que Andrade habría jugado un papel importante en la consecución de contratos por parte de Odebrecht, específicamente en el tramo Ocaña-Gamarra, contrato por el cual, supuestamente, la multinacional brasileña pagó un soborno de 4,6 millones de dólares a través del exsenador Otto Bula.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 27,7 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares, como indicó en principio el Departamento de Justicia de EE.UU.

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