La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró hoy no tener las competencias necesarias para decidir sobre la solicitud que tramitó el líder de la exguerrilla FARC Jesús Santrich con el objetivo de quedar temporalmente en libertad y tomar posesión mañana de su escaño en la Cámara de Representantes colombiana.

El organismo informó en un comunicado que “resolvió el pasado 18 de julio declarar la falta de competencia” para “conocer la petición” de Santrich que busca que “se le otorgue permiso para posesionarse como representante a la Cámara”.

Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte, se encuentra preso en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá desde el pasado 9 de abril con base en una circular roja emitida por la Interpol a petición de Estados Unidos, cuya Justicia lo acusa de planear la exportación de 10 toneladas de cocaína a ese país.

El excombatiente es uno de los representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el que se transformó la guerrilla, tras firmar la paz en 2016.

Dicho acuerdo otorgó 10 escaños para las FARC durante dos legislaturas independientemente de las votaciones obtenidas en las elecciones.

Mañana se instala el nuevo Congreso del país para los próximos cuatro años, y si Santrich no se presenta en un término máximo de una semana a partir de este viernes perderá el escaño.

La Fiscalía General de la Nación negó el lunes pasado la posibilidad de que el exguerrillero obtuviera un permiso para asistir a la instalación y por eso Santrich lo solicitó a la JEP al día siguiente.

Sin embargo, el tribunal de paz “remitió la solicitud de Jesús Santrich a la Fiscalía”, por lo que la decisión del ente acusador de mantener al exguerrillero privado de libertad sigue en pie.

La JEP es el organismo de justicia transicional que se creó en el acuerdo de paz con el fin de investigar y juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano.

Santrich, como todos los combatientes desmovilizados, se sometió a este tribunal de paz, un organismo que no contempla las extradiciones.

A pesar de eso, la Fiscalía alude que el crimen que presuntamente cometió el exguerrillero sucedió tras la firma del acuerdo, con lo que debe ser juzgado a través de la justicia ordinaria.

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