La Organización de Naciones Unidas en Colombia rechazó y condenó hoy “vehementemente” los asesinatos de líderes sociales en el país, porque consideró que “el recrudecimiento de la violencia” dificulta las condiciones para establecer una paz estable y duradera.

Así lo detalló la ONU en un comunicado en el que aseguró que “los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales”.

En ese sentido, señaló que eso ocurre, principalmente, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, “sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado”, agregó la información.

En los últimos días han sido asesinados al menos cuatro líderes sociales, entre ellos Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, quien fue tiroteada en su propia casa situada en el caserío de Llorente, en el municipio de Tumaco (suroeste).

Ese crimen se suma a los de Ana María Cortés y Felicinda Santamaría, perpetrados en los últimos días en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Asimismo, a Luis Barrios Machado lo asesinaron a tiros el martes en su casa del municipio de Palmar de Varela, en Atlántico, cuando veía por televisión el partido de la selección colombiana con Inglaterra en el Mundial de Rusia.

Por ello, la ONU instó al Estado colombiano a “reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad” de los colombianos en todo el país.

Al respecto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó hoy al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, enviar inspectores de la Policía y el Ejército a los departamentos de Nariño y Cauca, dos de los más problemáticos.

Según el director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados desde que se firmó en noviembre de 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Naciones Unidas aseguró que continuará apoyando a los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país y reiteró “su firme compromiso con las comunidades y su acompañamiento al Estado para garantizar la protección de la vida y consolidar la paz anhelada del país”.

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